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Eva Cañizares Rivas y José Luis Pérez Triviño
22 de julio de 2015

La cuestionable legalidad de los TPO que defiende Competencia

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Eva Cañizares Rivas y José Luis Pérez Triviño

[Img #12424]La prohibición de los fondos de inversión por parte de la FIFA en diciembre de 2014 no deja de suscitar polémicas. Como todos conocemos, tanto UEFA como FIFA abogan por la supresión total de los mismos y, en este sentido, la RFEF, siguiendo las mismas directrices, modificó su Reglamento General de la RFEF y su Código Disciplinario en lo referente a los TPO (acrónimo inglés de Third Party Ownership). En cambio, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) defiende su legalidad e incluso ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. En este orden de cosas, con fecha 2 de julio pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un “Informe sobre la prohibición de la propiedad de los derechos económicos de los jugadores de fútbol por parte de terceros” a petición del Consejo Superior de Deportes (CSD), para dar respuesta jurídica a las modificaciones introducidas por la RFEF en su normativa, tal y como hemos expuesto.

 

La conclusión a la que llega la CNMC es que “la prohibición del TPO es perjudicial para el sector del fútbol, tanto para la competición en sí como para sus clubes y profesionales. La menor remuneración y generación de talento supondrá menor competitividad y calidad del sector, lo que acabará perjudicando en última instancia al bienestar del consumidor.”

 

El informe referido se centra en varios puntos: 1) el encaje legal de la prohibición del TPO; 2) La protección de la integridad de la competición; 3) La protección de los clubes de fútbol; 4) La protección de los futbolistas. Mientras el primer punto cuestiona la validez del cauce formal empleado por la RFEF para establecer la prohibición de los fondos, los otros son examinados desde la “óptica de regulación económica eficiente y promoción de la competencia, analizando la validez de los argumentos de protección de la integridad de la competición, de los clubes y de los deportistas”. Es decir, como corresponde dada la naturaleza la CNMC, su examen es básicamente desde una perspectiva mercantilista, es decir, de qué manera los TPO pueden afectar a los clubes de fútbol en tanto que sociedades mercantiles, y no tanto en su vertiente de clubes deportivos insertos en una competición con una serie de rasgos muy particulares. Así pues, a partir de esta premisa, la CNMC llega a la conclusión de que “no procedería ratificar el cambio en el reglamento de la RFEF conducente a la prohibición de la figura del TPO”.

 

La pregunta que, inevitablemente, surge ahora es la de cuál será la decisión que adopte el CSD a la luz del informe de la CNMC. Como señala Ramón Fuentes en un artículo en Iusport, lo más probable es que el CSD se ampare en dicho informe para no aprobar las modificaciones del Reglamento de la RFEF y es aquí donde empezarán los problemas para los clubes de fútbol porque, aunque tal decisión es la que persigue la patronal de los mismos (LFP) lo cierto es que si deciden utilizar esta forma de financiación podrían ser sancionados por la FIFA, ya que su normativa es de obligado cumplimiento para todos los clubes que participen en las competiciones organizadas por entidades e instituciones dependientes de aquélla.

 

Independientemente de la problemática planteada, nuestro estudio se centra en cuestionar,  brevemente, algunos de los argumentos que la CNMC alega en su informe para permitir los TPO.

 

En primer lugar, habría que dejar sentado un hecho, que la CNMC obvia en su descalificación de la prohibición de los TPO, y es que el asunto no debe ser tan diáfano, desde el punto de vista jurídico-económico, cuando países como Francia, Reino Unido y Polonia los han prohibido desde hace tiempo y, en el caso de las ligas de los dos primeros países, sin que hayan visto resentido su nivel de competitividad respecto de las ligas que sí los han permitido. Es decir, no se produce de forma necesaria la ecuación sobre la que se basa el principal argumento de la CNMC: cuanto menos remuneración puedan ofrecer los clubes a sus fichajes, se produce menos competitividad y decrece la calidad del sector.

 

En segundo lugar, otro de los presupuestos de la argumentación de la CNMC es que la normativa nacional y europea no permite prohibir los TPO dado que ello afecta a la libertad de empresa recogida en el artículo 38 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, la lectura del referido precepto permite una interpretación favorable a la prohibición - o una regulación rigurosa de aquellos -, pues se señala que los poderes públicos tienen “la función de garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Precisamente, por la conocida y triste historia cíclica de episodios de deuda y dependencia que han atravesado los clubes de la liga española, habría razones para imponer, mínimamente, una planificación de los medios de financiación de aquel apartado de los clubes que más gastos les suponen: los fichajes y salarios de sus futbolistas. En este sentido, parece instrumentalmente contradictorio por parte de la LFP reclamar la existencia de los FI cuyo objetivo es alentar a los clubes a fichar por encima de sus posibilidades económicas reales y a la vez reclamar a los clubes políticas económicas restrictivas de gastos salariales.

 

En tercer lugar, es recurrente el argumento de que es beneficioso que los clubes tengan fuentes alternativas de financiación. Junto a la clásica alternativa basada en los bancos, la reciente basada en los fondos de capital riesgo. El problema radica en que, en la práctica, no se trata de un juego de alternativas sino que la remisión a los FI por parte de los clubes tiene lugar normalmente cuando no han podido obtener los préstamos bancarios. Por tanto, algo que empezó siendo visto como un filón para generar liquidez en las entidades deportivas, se está convirtiendo en un peligroso bucle que no parece tener fin, puesto que los clubes han incluido estas cantidades en sus presupuestos y han aprendido a sobrevivir con ello. Pan para hoy y hambre para mañana porque, salvo contadas excepciones, se alimenta al pobre pero no se le ayuda a salir de su miseria. Y es que, como es obvio, un futbolista cuyos derechos económicos los controle un FI, será más rentable para éste si abandona el club cuando su valor de mercado está en auge, sin importar si perjudica o no al club que se ve desprovisto de su estrella en mitad de la temporada, con los evidentes perjuicios económicos y, por consiguiente, deportivos que puede implicar para el club. Con lo cual éste se ve necesitado de nuevo a recurrir a bancos o a FI para adquirir nuevos jugadores.

 

Por último, respecto a si los TPO son respetuosos con los derecho laborales de los jugadores, lo cierto es que mucha restricción tendría que imponerse a aquellos para que se lograse el resultado buscado. Según palabras del futbolista colombiano Bryan Angulo, los FI le “arruinaron la vida”, siendo su experiencia uno de los paradigmas de la “esclavitud” a los que esta herramienta de captación y financiación de traspasos puede llegar a someter a un futbolista. Angulo, a cambio de un contrato de 48.000€/año tuvo que jugar entre 2007 y 2012 en los numerosos clubes en los que el FI propietario de sus derechos decidió unilateralmente. También cabe recordar el caso de Radamel Falcao. A todos nos sorprendió como de un equipo ganador (Atlético de Madrid) se marchaba a un proyecto de equipo en una liga menor (Mónaco), aparentemente dando un paso atrás en su carrera deportiva. Su traspaso no se debió a intereses deportivos, del club o del jugador. Solo a criterios exclusivamente económicos, de rentabilidad de la inversión realizada por el FI dos años antes. Un buen ejemplo de cómo un futbolista puede ver truncada una exitosa carrera profesional porque cada vez que clasificaba a su equipo era traspasado a otro club para rentabilizar la inversión.

 

Pero, si para evitar estas consecuencias nocivas de una práctica que quiebra los intereses deportivos de los clubes y los derechos laborales de los futbolistas, hay que endurecer el régimen de actuación de los TPO, quizá entonces, estos ya no tendrán tantos alicientes para intervenir en el mundo del fútbol.

 

Por último, señalar que la premisa fundamental que utiliza la CNMC en su informe para justificar sus argumentos en contra de la prohibición de los TPO es la de que vulnera principios normativos básicos recogidos por las más altas instancias nacionales y de la UE, puesto que se atenta contra la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado garantizada constitucionalmente, y, del mismo modo, la prohibición vulnera libertades fundamentales del Mercado Único de la UE, como la libre circulación de capitales y de trabajadores. Y ello al entender que el fútbol profesional constituye una actividad económica y, como empresas que son los clubes, ven restringida su competitividad al no poder disponer libremente del mecanismo de financiación que les proporcionan los FI.

        

Pues bien, esta filosofía choca frontalmente con la mantenida en relación a la venta conjunta de los derechos audiovisuales, pues recordemos que aunque en ese tema consideraba que, aunque el sistema de venta de derechos conjuntos es de "difícil justificación" desde el punto de vista de la competencia frente al sistema vigente hasta ahora, la fórmula elegida "supone un acuerdo horizontal entre competidores con el principal efecto de fijar el precio" y "en principio, esta fórmula está prohibida por la normativa nacional y comunitaria de competencia", sin embargo, en esa ocasión, reconoció que "el Gobierno podría estar legitimado jurídicamente para establecer dicho sistema en España" dado el beneficio que para la competición podría suponer la venta centralizada, a pesar de limitar la libertad de mercado de los clubes como empresas que son, privándoles de negociar sus derechos individualmente.

 

En definitiva, no nos parecen nada sorprendentes las conclusiones a las que llega la CNMC en su informe sobre los TPO, en especial, porque su visión del mundo del fútbol es exclusivamente “mercantilista”. Nadie discute que los clubes de fútbol son entes económicos que deben regirse por patrones que favorezcan su salud financiera. Pero, por encima de esa naturaleza, se encuentra el que sean entidades deportivas. Y entre ambas lógicas, la económica y la deportiva, debe encontrarse un punto de equilibrio y en este sentido, una regulación estricta y rigurosa, como la prohibición de los TPO se impone en el contexto actual del fútbol español. Y precisamente en aras de uno los mismos fines últimos que alega la CNMC para permitir los TPO: la salud económica de los clubes.

 

Eva Cañizares Rivas. Abogada y Máster en Derecho Deportivo.

José Luis Pérez Triviño. Profesor titular de Filosofía del Derecho y director de “Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte”

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1 Comentario
Fecha: 23 de julio de 2015 a las 20:37
JOSE JOZAMI
CREO QUE NADA ES ABSOLUTO , ENTIENDO QUE LOS TPO SON UNA HERRAMIENTA UTIL EN EL NEGOCIO DEL FUTBOL ( NEGAR QUE ADEMAS DE UN DEPORTE EL FUTBL ES UN GRAN NEGOCIO SERIA BURDO) Y QUE BIEN REGLAMENTADO PODRIA CONVIVIR TRANQUILAMENTE Y SER BENFICIOSO PARA CLUBES , JUGADORES Y ASOCIACIONES.

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