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C. de Silva
1 de mayo de 2015

¿Por qué un Decreto-Ley y no una Ley o un mero Real Decreto?

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[Img #10054]Un aspecto que no ha sido considerado hasta la fecha es el rango de la norma escogida por el Gobierno para afrontar la regulación de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

 

Entendemos que para el común de los aficionados se trata de una cuestión secundaria, pero en absoluto lo es.

 

La cuestión ha sido abordada, como no podía ser de otra forma, en el preámbulo del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, publicado este viernes en el BOE.

 

¿Qué es un Real Decreto-Ley?

 

El Decreto-Ley, o Real Decreto-Ley, es una norma con fuerza de ley emanada del Gobierno en el ejercicio de una facultad originaria que le es otorgada directamente por la Constitución (art. 86).

 

Procede su aprobación "en casos de extraordinaria y urgente necesidad” en los que “el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes".

 

La calificación de "provisionales" que la Constitución da a estas normas es porque inmediatamente a su publicación deben ser sometidas a debate y votación del Congreso de los Diputados como máximo en el plazo de 30 días, y habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre la convalidación o derogación del Decreto-Ley, pudiendo durante ese plazo tramitarse como proyectos de ley.

 

¿Qué es un Real-Decreto?

 

El “Reglamento”, que suele adoptar la forma de Real Decreto si es estatal o Decreto si es autonómico,  es una disposición administrativa emanada del Gobierno, también de carácter general pero de rango inferior a la Ley.

 

Y lo más importante: los reglamentos no pueden regular materias reservadas a la ley ni infringir normas con dicho rango.

 

Por eso existe el prin­ci­pio de “Re­ser­va de ley”, del cual re­sul­ta que so­la­men­te me­dian­te ley for­mal, e­ma­na­da del Po­der Le­gis­la­ti­vo, es po­si­ble re­gu­lar o res­trin­gir los de­re­chos y li­ber­ta­des fun­da­men­ta­les.

 

Así las cosas, en el presente caso, y a la luz de nuestro derecho civil, no podía el Gobierno disminuir o restringir por vía reglamentaria (“Real Decreto”) el ejercicio por parte de los clubes deportivos de unos derechos, los audiovisuales, que les son propios, por mucho que diga la FIFA que le corresponden a ella.

 

¿Debería entonces haberse acudido a una norma con rango de ley?

 

A juicio del Gobierno existen razones de urgente necesidad que aconsejan regularlo a través de otra norma que tiene el mismo rango pero de promulgación inmediata: el “Real Decreto-Ley”.

 

Razones que legitiman la intervención de Poder público. Los motivos alegados por el Gobierno

 

Recuerda el Gobierno que “… en las sociedades occidentales el deporte se ha convertido en la actualidad un fenómeno social cuya importancia ha transcendido el ámbito estrictamente deportivo”.

 

Y  añade: “es razonable que la mayor fuente de ingresos del deporte más profesionalizado con amplia diferencia sirva también para financiar la base de esa pirámide de la que es la cúspide. Así, el interés general también se encierra en destinar partidas de estos ingresos al fútbol aficionado, …”

 

Reconoce el preámbulo que “el modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional en España se basa en la autonomía de la voluntad de los agentes intervinientes, que disfrutan de plena autonomía para ordenar sus relaciones comerciales. En este contexto, se ha optado por la venta individualizada por los equipos participantes en las competiciones, reconociéndose así la titularidad del derecho a la retransmisión de cada encuentro de la competición al club local, si bien debiendo contar con el consentimiento del club visitante”.

 

Sin embargo, “… el modelo de venta individualizado ha exigido que los equipos y los operadores audiovisuales deban alcanzar acuerdos múltiples para la difusión de los partidos, no siempre compatibles con las reglas del mercado, desiguales en cuanto a la capacidad de negociación de las partes y sometidos a una permanente conflictividad judicial, sin que en la práctica haya existido participación de las entidades organizadoras de las respectivas competiciones”.

 

El Gobierno reconoce también que “en principio, la existencia de ineficiencias en un mercado de bienes y servicios constituye un asunto estrictamente privado, cuya solución incumbe a los agentes que operan en el mismo, [por lo que] cualquier intervención pública debe tener carácter excepcional y justificarse en superiores razones de interés general”.

 

Aduce el Real Decreto-Ley tres razones que legitiman la intervención urgente del Gobierno: “por un lado, la indiscutible relevancia social del deporte profesional, en segundo lugar, la reiterada y unánime demanda de dicha intervención desde todos los sectores afectados y, finalmente, la necesidad de promover la competencia en el mercado de la televisión de pago actuando sobre uno de sus activos esenciales”.

 

La urgente necesidad

 

Dice el preámbulo del Real Decreto-Ley  que “la extraordinaria y urgente necesidad de la intervención deriva de la situación contractual de los clubes y entidades participantes en relación con la comercialización de sus derechos audiovisuales. … Algunos contratos individuales terminan su vigencia en la temporada 2014/15 y los clubes correspondientes están en disposición de negociar y suscribir nuevos contratos, que podrían prorrogar su vigencia hasta la temporada 2017/18. Por otra parte, los derechos de explotación en los mercados internacionales únicamente están comercializados para la temporada 2014/15”.

 

Invoca que “… la comercialización de los derechos en los mercados internacionales … resultará prácticamente inviable en las actuales circunstancias, al resultar imposible ofrecer un paquete conjunto a los operadores extranjeros interesados. … La incapacidad del sector para poder propiciar esta comercialización exige una actuación urgente que permita salir al mercado y no seguir perdiendo oportunidades”.

 

“Puesto que estos nuevos contratos se están negociando en estos momentos y deberían suscribirse con antelación suficiente respecto al inicio de la próxima temporada (septiembre de 2015), resulta de extraordinaria y urgente necesidad la aprobación de la norma legal que permite la implantación del modelo de explotación y comercialización conjunta y que definitivamente aporte seguridad a todos los operadores y agentes potencialmente implicados”.

 

Activo estratégico

 

“Por último, debe señalarse que los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales de fútbol constituyen un activo estratégico de primer orden para las empresas que operan en el mercado de la comunicación audiovisual de televisión de pago y, en consecuencia, el sometimiento de su comercialización a un régimen jurídico que garantice el acceso a su explotación en régimen de libre competencia permitirá establecer una base sólida para el desarrollo del mercado de la televisión de pago en España”.

 

Y “ … aunque la titularidad de los derechos audiovisuales de retransmisión en directo y/o diferido, en su integridad o en versiones resumidas y/o fragmentadas de los encuentros de las competiciones de fútbol profesional se atribuye a los clubes o entidades participantes, se establece la obligación de ceder las facultades de su comercialización conjunta a las entidades organizadoras, es decir, a la Liga Nacional de Fútbol Profesional en el caso del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División, y a la Real Federación Española de Fútbol respecto de la Copa de S.M. el Rey y la Supercopa de España”.

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