Aviso sobre el Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del lector y ofrecer contenidos de interés. Si continúa navegando entendemos que usted acepta nuestra política de cookies. Ver nuestra Política de Privacidad y Cookies
Iván Heredia
16 de mayo de 2018

¿Por qué es tan difícil impugnar un laudo arbitral? (a propósito del “Asunto Vitolo”)

Guardar en Mis Noticias.

[Img #69511]El Tribunal Arbitral del Fútbol (TAF), una asociación arbitral constituida en el seno de la Fundación de Fútbol profesional, ha dictado recientemente un laudo en el que da la razón a la Unión Deportiva Las Palmas en el litigio que mantiene con el Sevilla F:C., a raíz de la incorporación del jugador Víctor Machín (“Vitolo”) y su posterior pase al Atlético de Madrid.

 

La decisión del TAF y la posibilidad de que el Sevilla F.C. solicite su impugnación, han vuelto a llamar la atención sobre las restricciones a las que se somete la posibilidad de oponerse a lo estipulado en un laudo arbitral. Sin embargo, estas limitaciones, que en muchas ocasiones se perciben como algo negativo, son absolutamente coherentes con la propia naturaleza de la institución arbitral y es lo que confiere al arbitraje uno de sus mayores atractivos.

 

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias alternativo a la justicia estatal al que, a salvo de supuestos excepcionales, las partes se someten de forma voluntaria, y que tiene consecuencias similares a las de un procedimiento judicial, entre otras cosas porque los laudos arbitrales, al igual que las sentencias, pueden tener fuerza de cosa juzgada y ejecutiva.

 

Quienes optan por el “desplazamiento” de los tribunales estatales y su sustitución por unos “jueces privados” -que es, al fin y al cabo lo que son los árbitros- lo hacen porque confían en las ventajas que posee esta modalidad de solución de controversias. Una de ellas es la búsqueda de una tutela de “mayor calidad”, al poder seleccionar árbitros altamente especializados en la materia sobre la que versa la controversia. Otra es la obtención de una solución generalmente más rápida.

 

Piénsese que lo habitual es que no exista una segunda instancia arbitral y que, por tanto, no quepa la posibilidad de recurrir la decisión de fondo adoptada por los árbitros, con el consiguiente ahorro de tiempo que ello supone. Sin embargo, la apuesta por el arbitraje implica también aceptar la otra cara de la moneda.

 

En concreto, las partes que se someten a un procedimiento arbitral asumen que se han sometido a una modalidad de solución de controversias alternativa a la estatal y que, coherentemente con ello, la intervención jurisdiccional quedará reducida sustancialmente.

 

Es lo que habitualmente se conoce como “principio de mínima intervención jurisdiccional, algo que no siempre es correctamente entendido ni asumido y que las normas reguladoras del TAF reconocen expresamente (artículo 97 de los Estatutos de la Liga de Fútbol Profesional).

 

Evidentemente, el principio de “mínima intervención jurisdiccional” no supone que el arbitraje sea un “coto sin control”, ni que la justicia estatal quede absolutamente al margen del procedimiento arbitral.

 

En primer lugar, hay diversas cuestiones que pueden plantearse en el marco del arbitraje en las que los jueces auxilian a los árbitros (p.ej. ejecución de los laudos y de las medidas cautelares, reconocimiento de laudos extranjeros, nombramiento y remoción de árbitros en caso de disputa entre las partes, asistencia a los árbitros para la práctica de pruebas).

 

Pero además, los jueces ejercitan un control y supervisión del procedimiento arbitral con el objetivo de evitar que se produzcan en su seno irregularidades de especial relevancia. Esta función, al margen de la vía excepcional de la acción de revisión del laudo por los motivos contemplados en el artículo 510 LEC, se materializa mediante la acción de anulación del laudo.

 

Y aquí es donde retomamos la pregunta que da título a este artículo. ¿Por qué es tan difícil lograr la anulación de un laudo arbitral? La respuesta es muy sencilla. La acción de anulación no es una suerte de recurso de apelación frente al laudo, destinado a examinar en segunda instancia el fondo del asunto.

 

Por el contrario, lo que se persigue con ella es impugnar la validez del laudo por motivos estrictamente tasados que responden a vicios especialmente graves en el procedimiento arbitral o en sus presupuestos. Ello supone además que la única consecuencia del éxito de la acción de nulidad es la declaración de invalidez del laudo, pero en ningún caso una modificación de su contenido material.

 

En el caso del ordenamiento español, la acción de anulación debe ejercitarse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en la que se haya dictado el laudo y los motivos que permiten anular un laudo se encuentran recogidos dentro de una lista cerrada y exhaustiva que se recoge en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje.

 

Dichos motivos no pueden ser modificados por las partes, tal y como reconocen las normas de funcionamiento del propio TAF (Artículo 120 de los Estatutos de la LFP) y coinciden en gran medida con los que se recogen en la mayor parte de ordenamientos.

 

Ello se debe a que la práctica totalidad de Estados que cuentan con una regulación actualizada del arbitraje, incluida España, toman como referente a la hora de regular la acción de anulación lo estipulado en el artículo 34 de la Ley Modelo sobre arbitraje internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

 

Los diferentes motivos de anulación contemplados en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje española se proyectan realmente sobre sólo tres tipos de circunstancias. De un lado, que realmente existió un convenio entre las partes, en virtud del cual decidieron someterse a arbitraje y que dicho convenio es válido.

 

De otro, que se ha respetado el derecho de defensa, así como los principios de igualdad, audiencia y contradicción. Y finalmente, la compatibilidad del laudo con el orden público español. Fuera de estos supuestos, la anulación del laudo no resulta posible.

 

Es cierto, no obstante, que el hecho de que generalmente en el arbitraje no se contemple una segunda instancia convierte a la acción de anulación en el último asidero al que intenta agarrarse aquella parte que salió derrotada en el procedimiento.

 

Debido a ello, en muchas ocasiones los abogados estiran y deforman los motivos de anulación, con el objetivo de hacer pasar como una supuesta irregularidad acontecida en el marco del arbitraje lo que en realidad es una solicitud de revisión del fondo de la decisión de los árbitros. Y ante este panorama no siempre resulta fácil para los jueces limitarse a realizar un mero control del procedimiento arbitral y respetar el ya mencionado principio de mínima intervención jurisdiccional en el arbitraje.

 

El ejemplo más claro es el control de la posible contradicción del laudo con el orden público español, posiblemente el motivo de anulación más invocado, y seguramente también el más rechazado.

 

Tal y como han sostenido nuestros tribunales en numerosísimas ocasiones, cuando se activa esta causal de anulación, el juez debe comprobar si algún derecho fundamental, principio o normas rectoras generales de nuestro ordenamiento, bien de naturaleza sustantiva (orden público material) bien de naturaleza procedimental (orden público procesal) ha sido vulnerado en el marco del procedimiento arbitral y ello obliga a realizar un exhaustivo análisis del procedimiento arbitral y de todas las circunstancias que lo rodean, que puede llevar a los jueces a entrar a valorar cuestiones de fondo.

 

Hasta aquí, ningún problema. Ahora bien, dicha valoración sólo puede tener como finalidad determinar si realmente se ha verificado un atentado contra el orden público español en los términos apuntados, pero nunca ha de valer para cuestionar la justicia del fallo o su mayor o menor acierto a la hora de resolver la controversia. Lo contrario supondría una absoluta desnaturalización de este motivo de anulación y, en general, del arbitraje como institución.

 

Iván Heredia Cervantes

Profesor Titular de Derecho Internacional Privado (UAM)

Enlaces automáticos por temática
IUSPORT • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2018 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress