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Redacción de Iusport
20 de abril de 2018
TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

El Tribunal Constitucional anula parcialmente los efectos de la Licencia Única

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El Constitucional despoja a la licencia única de su efecto horizontal, lo que en la práctica supone retornar a la situación anterior

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Acaba de conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional del 12 del presente mes de abril sobrel la licencia única.

 

La sentencia, si no se lee entera induce a error, porque en el fallo se indica que el artículo 32.4 de la Ley del Deporte, tras la modificación introducida por la Ley  15/2014, de 16 de septiembre. (Ref. BOE-A-2014-9467), no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico tercero de la propia Sentencia.

 

Esta apariencia formal de confirmación encubre, sin embargo, una auténtica declaración de inconstitucionalidad y, sobre todo, una pérdida deliberada de la operatividad de la denominada licencia única.

 

Dice el Tribunal Constitucional: "Lo razonado hasta aquí justifica exclusivamente la inconstitucionalidad del que hemos denominado efecto "transversal" u "horizontal" de la licencia deportiva única, no el "vertical".

 

Ello impide declarar la nulidad del precepto impugnado en su conjunto; en su lugar, procede hacer una interpretación conforme de este art. 23.

 

De acuerdo con ello, resulta procedente hacer una declaración interpretativa del precepto para aclarar que cuando la norma dice que "Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica . . . " debe entenderse que este artículo se refiere exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal. Solamente entendido en estos términos el nuevo art. 32.4 de la Ley del Deporte se acomoda al orden constitucional de distribución de competencias. Esta declaración se trasladará al fallo de esta sentencia.

 

El resto del precepto no resulta afectado por la extralimitación competencial apreciada. Ello es manifiesto en el caso de la causa de "inhabilitación" para la obtención de la licencia deportiva en el caso de sanción por dopaje, y también para el censo de licencias, respecto de los cuales el escrito de interposición no contiene alegación alguna.

 

Pero igualmente lo es para la remisión a reglamento de los criterios para el reparto de los ingresos por la expedición de licencias, que según explica el preámbulo de la Ley 15/2014 se incluye en el art. 23 para paliar la pérdida de ingresos de las Federaciones deportivas españolas al dejar éstas de expedir u homologar licencias, ya que la reforma ha atribuido esa función prácticamente en exclusiva a las federaciones autonómicas, salvo casos de inexistencia de éstas, falta de integración en la federación estatal correspondiente, imposibilidad material y supuestos equivalentes.

 

Una pérdida de ingresos que se mantiene, pues ningún reproche competencial merece que el Estado atribuya esa competencia y ese efecto vertical a las licencias de las federaciones de ámbito autonómico. Por el contrario, la pérdida de ingresos por las federaciones deportivas autonómicas que denuncia el escrito de interposición se vinculaba al efecto transversal citado, y una vez desparecido éste, ya no se producirá el citado quebranto. Por lo tanto, no hay razón para declarar la inconstitucionalidad del párrafo tercero del precepto".

 

EXTRACTO DE LA SENTENCIA

 

"3. Como ya ha quedado expuesto, el recurso se dirige en primer lugar contra el art. 23 de la Ley 15/2014, que da nueva redacción al apartado 4 del art. 32 de la Ley del Deporte estableciendo un nuevo régimen de "licencia deportiva única". Si antes de la reforma el art. 32.4 de la Ley del Deporte establecía que "para la participación en competiciones deportivas oficiales, de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva, expedida por la correspondiente federación deportiva española" o "por las federaciones de ámbito autonómico. . . cuando éstas se hallen integradas en las federaciones deportivas españolas", tras la modificación efectuada, y aquí recurrida, el precepto mantiene la exigencia de una licencia para participar en competiciones deportivas oficiales pero extiende esa exigencia "para la participación en cualquier competición deportiva oficial", omitiendo la especificación de que se trate de competiciones deportivas oficiales "de ámbito estatal" que incluía el art. 32.4 antes de su reforma, y  encomienda el otorgamiento de la licencia, en todo caso, a las federaciones deportivas de ámbito autonómico, y ya no a las federaciones deportivas españolas, proyectando la eficacia de  esa licencia autonómica a "los ámbitos estatal y autonómico".

 

El sentido de la reforma lo explica el preámbulo de la Ley (apartado IV): "consiste en la implantación de una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial".

 

Por lo tanto, y como antes se avanzó, la regulación de la "licencia deportiva única", por su contenido, debe encuadrarse en la competencia del Estado para regular el "deporte español en su conjunto" admitida en la STC 80/2012, FFJJ 7 y 8.

 

Este encuadramiento competencia! determina que la norma enjuiciada solamente sea constitucionalmente válida en la medida en que puedan estar implicados "intereses generales - suprautonómicos- del deporte español en su conjunto" (STC 80/2012, FJ 8).

 

Por el contrario, si la norma afecta a intereses deportivos no generales, o lo que es lo mismo, estrictamente autonómicos, la norma debe ser declarada inconstitucional y nula por no acomodarse al orden  constitucional de distribución de competencias, pues de otro modo se produciría el efecto de vaciar de contenido la competencia estatutariamente asumida por las Comunidades Autónomas sobre la materia con carácter "exclusivo".

 

La definición de esos "intereses generales" del deporte español "en su conjunto" no puede perder de vista la organización sobre la que se asienta la práctica del deporte. La vertiente esencialmente competitiva --que no necesariamente profesional- del deporte dio lugar a finales del siglo XIX al surgimiento del fenómeno del asociacionismo deportivo, esto es, la constitución de asociaciones estrictamente privadas, o "no gubernamentales" como las denomina la Carta Olímpica Internacional, con el simple propósito inicial de dotarse los particulares del conjunto de reglas necesarias para hacer operativa la práctica de las diferentes modalidades deportivas. En este sentido, la doctrina ha destacado el carácter originario o autónomo del ordenamiento deportivo, de carácter supraestatal pero constituido y desarrollado al margen de los ordenamientos estatales.

 

Ahora bien, la práctica del deporte se produce en el seno de los ordenamientos estatales, y ello, unido a la progresiva asunción por el Estado de un fin social (con carácter general, art. 1 . 1 , y en concreto para el deporte, art. 43 .3 CE), ha motivado que los poderes públicos de los Estados hayan asumido funciones de intervención en esa actividad social que es el deporte.

 

Esta estructura de tipo asociativo y piramidal hace que el denominado efecto "vertical" de una licencia deportiva autonómica, esto es, la habilitación que ésta otorga a su titular para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal, pueda encontrar cobertura competencial en la gestión por el Estado de "sus" intereses (art. 137 CE), incluyendo entre éstos los del "deporte español en su conjunto" (STC 80/2012, FJ 8), y por tanto los de las competiciones oficiales de ámbito estatal. Por el contrario, con el efecto "transversal" u "horizontal" de esa misma licencia, que habilita a su titular para participar en competiciones oficiales "de ámbito territorial inferior" [art. 46. 1 b) de la Ley del Deporte], el Estado está penetrando e incidiendo en intereses estrictamente autonómicos y, en consecuencia, perturbando el ejercicio de sus competencias por las Comunidades Autónomas, en concreto, sus intereses (y su competencia) para organizar de forma autónoma sus competiciones deportivas oficiales de ámbito autonómico.

 

La organización de competiciones oficiales es una de las "funciones públicas de carácter administrativo" que las federaciones ejercen bajo "tutela" de la Administración respectiva [arts. 33. 1 a) y 41 de la Ley del Deporte, y art. 3.1 a) del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas; y, en el mismo sentido, arts. 49.l b), 96 y 101 a 108 del Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas de Cataluña].

 

Muestra de este carácter público de las competiciones oficiales es que, en el ámbito del Estado, se ha previsto expresamente que la participación en competiciones organizadas por Entes de promoción deportiva es incompatible" con la participación en competiciones oficiales de la misma modalidad deportiva (art. 42.4 de la Ley Del Deporte). Esta naturaleza pública es la que motiva igualmente que, en el ámbito del Estado, este haya regulado los critenos que deben tener en cuenta las federaciones  deportivas españolas para calificar competiciones de ámbito estatal como "oficiales" (art. 4 del mismo Real Decreto 1835/1991), y haya atribuido su verificación a la Administración a través del Consejo Superior de Deportes [mediante recurso cuando no son de carácter profesional, art. 3 .3 del Real Decreto 1835/1991, o directamente atribuyendo al citado organismo la función de calificación cuando las competiciones estatales oficiales tienen carácter profesional, art. 6.6 f) del Real Decreto 460/2015, de 5 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes]. Y esa naturaleza pública es la que justifica también que la organización y funcionamiento de esta clase de competiciones se desarrolle bajo la supervisión y tutela de la Administración y bajo la fiscalización última de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa (Sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1994, recurso núm. 2740/1992; y de 2 de marzo de 2004, recurso núm. 9343/1998).

 

El art. 134 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Comunidad Autónoma competencia sobre el fomento y planificación de la actividad deportiva en Cataluña, el fomento del alto rendimiento deportivo, o el fomento y promoción del asociacionismo deportivo. Y el art. 3.2 del Texto único de la ley del deporte de Cataluña señala como objetivos de la "política deportiva'' de la Generalitat, entre otros, integrar la práctica del deporte en el sistema educativo, integrar a personas con discapacidad, mejorar la calidad de vida y la salud de sus ciudadanos, fomentar entre …

 

Los poderes de coordinación del Estado le habilitan, desde luego, para establecer un marco que permita la participación en competiciones oficiales de ámbito autonómico o inferior de deportistas "federados", "miembros" (art. 32.2 de la Ley del Deporte) o "asociados" (art. 3.2 del Real Decreto 1835/1991) de otra Federación.

 

La propia normativa catalana recoge esta misma posibilidad (arts. 101.3 y 105 del Decreto 58/2010). Y la disposición transitoria octava de la Ley 15/2014, igualmente recurrida, viene a reconocer que el sistema de "licencia deportiva única" ya " regía en algunas Federaciones.

 

Sin embargo, la directa imposición por el Estado de este efecto transversal u horizontal de las licencias de las federaciones de ámbito autonómico excede de esa facultad de coordinación y perturba, por las razones dichas, las competencias autonómicas para organizar autónomamente el deporte en su territorio".

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

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