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Javier Rodríguez Ten
8 de abril de 2018

Por qué FIFA y UEFA no pueden intervenir la RFEF unilateralmente

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La "posible" intervención de FIFA y UEFA sobre la RFEF es una aspiración jurídicamente inviable, al menos sin contar con el visto bueno del CSD, es decir, del Gobierno de España, que exigiría un soporte normativo habilitante previo y urgente, difícilmente asumible, que con toda probabilidad sería impugnado y previsiblemente desautorizado en vía judicial.

 

Que FIFA (más que UEFA) se haya representado la posibilidad de intervenir la RFEF como consecuencia del desgobierno actual (aunque todo sigue funcionando, recordemos) es algo normal; es una de sus asociaciones miembro, forma parte de su estructura, es además una de las más importantes y, recordemos su principio "en el fútbol mando yo".

 

El caso es difícil de explicar a una organización de naturaleza privada y acostumbrada a moverse en entornos deportivos privacionistas de corte anglosajón, que tanto defienden algunos (y cuyas bondades en forma de falta de controles públicos ya hemos visto cómo terminan: Avelange, Blatter, Platini, etc.), muy contrarios al modelo publificado español que, con todas sus limitaciones e imperfecciones, viene actuando desde hace mucho tiempo ya contra los dirigentes de federaciones españolas culpables de conductas inadecuadas, inexplicablemente defendidos endogámicamente por algunos hasta que la cosa es ya un escándalo incuestionable.

 

Siendo esto así, el encaje del modelo español (y de otros modelos públicos similares) con la superintervencionista regulación asociativa privada de estas organizaciones internacionales (del que curiosamente no existe queja por parte de las Federaciones nacionales, muy al contrario de lo que hacen respecto de la tutela estatal) es muy difícil.

 

Con esto no pretendemos poner en duda las informaciones referidas a esta posible opción, que consideramos completamente ciertas conociendo a FIFA y UEFA, aun siendo las "nuevas" FIFA y UEFA, que siguen sin distinguir a veces cuándo se dirigen a un Estado democrático y de Derecho y cuándo a una república bananera.

 

No resulta extraño teniendo en cuenta el exquisito trato que otorgan a dictaduras de derechas, comunistas y religiosas, en las que no hay libertades e incluso se discrimina de diferentes formas, que siguen siendo miembros activos e incluso a las que se asigna la organización de grandes eventos deportivos.

 

Realmente, nos gustaría saber a ciencia cierta si en todos esos países que ahora mismo se le están ocurriendo al lector el presidente federativo es elegido democráticamente y con garantías como en España o cómo se hace, porque de ser así posiblemente fuera el único ámbito de legalidad y libertad en su actuar, y se nos antoja una ecuación complicada. Será por el bien del fútbol, como decía el antiguo lema. Y cuidado, que imponer a España es imponer a un Estado de la Unión Europea...

 

Jurídicamente, entendemos casi imposible (a no ser que se llegue a un improbable y legalmente muy discutible acuerdo con el Gobierno de España) que ello pueda suceder. Vamos, que nos mojamos indicando que no va a ser así, y que si se intenta que sea así, habrá conflicto o una improbable concesión que no parecería acorde a la exquisita línea de no ceder soberanía ante FIFA y UEFA que comenzó Miguel Cardenal, invirtiendo el proceder de Jaime Lissaveztky varios procesos electorales atrás, mantenida por el actual presidente del CSD.

 

Lo normal es que se fije una fecha antes del 31 de mayo y se respete, pero no por imperativo de FIFA y UEFA, sino porque es lo más lógico, aunque esto represente una presión más para poner fin a un asunto que debió resolverse hace mucho tiempo, cuando (al menos en nuestra opinión y en la de otra mucha gente) determinadas denuncias debieron ser objeto de una mayor atención en el ámbito administrativo, respetando sin embargo las decisiones adoptadas sobre el particular, sin recurrir a descalificaciones, dudas sobre la cualificación o acusaciones de mala fe hacia los responsables de adoptarlas, contrariamente a lo visto hace escasas fechas.

 

Resulta además muy curioso que ahora todo el mundo esté nervioso e indignado por el hecho de que la legislación vigente no permita la intervención de la RFEF para dar una solución firme (aun provisional) a un caso clamoroso y grave como este, cuando cada vez que se aprueba una simple Orden electoral reguladora en genérico de las elecciones federativas se produce una cascada de quejas, lamentos, acusaciones de intervencionismo y recursos contencioso-administrativos por un hipotético proceder exacerbado, intolerable y casi vil del Consejo Superior de Deportes hacia las Federaciones... proceder que contrasta con las numerosas denuncias que en cada proceso electoral se presentan por todo tipo de hipotéticas manipulaciones, con el efecto curioso de que los denunciantes exigen indignados actuar al CSD y al TAD cuando son oposición pero es cuestión de tiempo que se sumen a la teoría del no intervencionismo una vez elegidos.

 

Seguramente no es ni lo uno ni lo otro, y todos tienen parte de razón en su manera de verlo (de una parte el CSD, en la necesidad de tutelar más de sesenta procesos federativos de entidades, recordemos, que ejercen funciones públicas delegadas y reciben importantes subvenciones públicas e ingresos privados que intentan defender como tales pero que están supeditados a mantener el monopolio de la modalidad, la selección, el himno y la bandera a nivel internacional; de otra las Federaciones, en orden a regular sus procesos sin el encorsetamiento a una norma imperativa, siempre y cuando logren elaborar una regulación privada que garantice la democracia, la transparencia e impida en lo posible manipulaciones por parte de nadie).

 

En cualquier caso, sí es muy curioso que determinadas Federaciones autonómicas (y no nos referimos al fútbol, o sólo al fútbol) fueran especialmente proactivas contra la Orden electoral de 2015 cuando en sus Comunidades las leyes del deporte y decretos electorales, contra los que no se manifiestan, establecen una regulación mucho más detallada e intensa e incluso prevén expresamente la intervención de la Federación, el cese del presidente, etc. Igual es por eso...

 

Llegados aquí, que el ejercicio de las funciones públicas delegadas de la RFEF (que son unas cuantas, léanse el artículo 33 de la Ley 10/1990 o el artículo 3 del Real Decreto 1835/1991) quede en manos de personas que en virtud de una adscripción privada (las Federaciones españolas son asociaciones de configuración legal, nacen por imperio de la Ley y son objeto de reconocimiento administrativo, incluso la adhesión a una Federación internacional precisa de autorización administrativa) decidan "okupar" la RFEF en vez de dejar que las cosas sigan su cauce legalmente establecido, como viene haciendo con mucha paciencia el CSD, es realmente un disparate jurídico.

 

Que (con buena fe, que no lo dudamos) Infantino o quien designe pueda pretender hacerse cargo, en virtud de los Estatutos de una asociación privada suiza, del gobierno de una asociación deportiva española "especial" (funcionalmente, más una corporación que otra cosa), objeto de autorización y reconocimiento administrativo, muchos de cuyos actos son recurribles ante el TAD y el CSD, en ejercicio de competencias establecidas por la legislación pública estatal española, es todo un despropósito.

 

En este escenario, y siendo lo normal que cualquiera de las partes implicadas (y son muchas) recurra absolutamente todo, y hasta el final, el cumplimiento estricto de la legalidad es el único camino admisible, aunque sea lento, para salir del atolladero, del que se debe aprender para no tener miedo, en una futura reforma regulatoria, en contemplar medidas extraordinarias (proporcionales y controladas, pero posibles) para supuestos como el presente.

 

Ni el ordenamiento jurídico-deportivo ni las normas de la RFEF (recordemos que su modificación exige la aprobación del CSD), a día de hoy, admiten intervención administrativa ni "okupación" de FIFA o de UEFA en la RFEF. Ni siquiera si el "enviado" fuera nuestro querido Emilio García Silvero, no por el fondo (ya nos pronunciamos sobre su valía personal y profesional, incuestionable) sino por imposibilidad de forma, no cabiendo hacerlo legalmente apartándonos de un proceso electoral federativo.

 

Javier Rodríguez Ten

 

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