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Eva Cañizares Rivas y José Luis Pérez Triviño
19 de marzo de 2015

Prohibir las pitadas: fútbol o política

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La Final de Copa del Rey de fútbol vuelve a generar una ya repetida y nada inocente polémica. Tanto los foros de los dos clubes que se enfrentan, Athletic Club de Bilbao y FC Barcelona, como las redes sociales han visto en los últimos días el enorme revuelo que dicho encuentro está suscitando. Y es que, a diferencia de las últimas finales en las que estos dos equipos se enfrentaron generaron ya situaciones incómodas, a nadie se le escapa que en el momento actual la radicalidad de unos grupos determinados está más enquistada que en los últimos años, y que, precisamente por ello, esta final puede ser el escenario más idóneo para ejercer sus protestas y reivindicaciones nacionalistas.

 

Por tanto, volvemos a encontrarnos con un tema recurrente e irresoluto del deporte español: el tratamiento que debe darse a la expresión de rechazo por parte de un grupo de aficionados a símbolos de la unidad de España. El problema es especialmente grave en el caso del fútbol dada su repercusión social y de que éstas manifestaciones tienen lugar en partidos que son vistos por millones de personas aquí y en otros muchos países.

           

La primera cuestión que suscita esta polémica es si las pitadas se pueden revestir de ese vistoso traje que es la libertad de expresión o si, por el contrario, pueden ser consideradas como un acto de incitación al odio que pudiera llevar acarreada la suspensión del partido de fútbol e, incluso, como tal acto de incitación al odio pudiera derivar en responsabilidades penales.

 

Bien es verdad que la protección que nuestro Código Penal (artículo 543) dispensa al himno y demás símbolos y emblemas nacionales es adecuada y proporcionada, sin embargo, esa protección es muy difícil de aplicar en aquellas situaciones en las que la prohibición de ofensa al himno es incumplida por un número de individuos muy amplio y para las que, por tanto, el derecho penal no ofrece respuesta satisfactoria. Y es que la libertad de expresión tiene un límite, que es la ofensa a un tercero, algo tan difícil de calibrar de manera objetiva y que naufraga entre numerosas interpretaciones de sentimientos ajenos.

           

A este respecto, recordemos que ya en la Final de Copa de 2009 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, determinó que “los españoles son libres de pitar al Rey y al himno nacional” al rechazar una querella interpuesta por un delito de injurias al jefe del Estado, apología de odio nacional o ultrajes a España durante la celebración de dicha final de la Copa del Rey, al entender que están amparados por la libertad de expresión.

 

Es más, el magistrado sostenía que estas acciones “no pueden considerarse difamatorias, injuriosas o calumniosasni mucho menos que propugnen el odio nacional o ultraje a la nación” por lo que no pueden ser, tampoco, merecedoras de reproche penal. Del mismo modo como tampoco nunca han sido así consideradas las numerosas pitadas de aficionados españoles al himno de otros países en partidos que enfrentaban la selección de aquéllos contra la nuestra, manifestando de ese modo nuestro más profundo desprecio a sus símbolos. Porque en todos esos casos, ¿saben qué consecuencias penales o administrativas tuvieron aquellas pitadas? Efectivamente. Ninguna.

           

Pues bien, más allá de declaraciones salidas de tono como las de Esperanza Aguirre y Javier Tebas - Presidente de la Liga de Fútbol Profesional al que no compete la organización de la Final de la Copa -, que abogan por la suspensión del partido en el supuesto de que las pitadas se sucedieran, e, incluso el CSD que ya ha manifestado su voluntad de pedir sanciones a la Comisión Antiviolencia, más allá de todo esto, como decimos, es evidente que tanto unos como otros hacen caso omiso de la normativa vigente.

 

En primer lugar, la Constitución Española que, en sus artículos 16.1 y 20.1.a, protege los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, en los que, como ya hemos dicho, se puede enmarcar la disconformidad con los símbolos del Estado y la monarquía española.

 

En segundo lugar, la ausencia de precepto alguno que castigue dicha actitud en la novedosa Ley de Seguridad Ciudadana, la cual se remite, en su art. 8.2, a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte en todo lo relativo a los espectáculos deportivos.

 

En tercer lugar, los artículos 1 y 2 de esta última, que definen los objetos y ámbitos de aplicación de dicha ley y la definición de las actitudes sancionables, entre las que no se encuentran las pitadas, abucheos o silbidos al himno o al Rey.

           

A este respecto, vale la pena señalar que no tiene el mismo significado una pitada que la otra, pues mientras la dirigida al Rey sería en contra de la forma actual de Estado, la focalizada en el himno sería sobre uno de los símbolos de la nación española y que, en cualquier caso, aunque se puedan tolerar jurídicamente esos pitidos, pocos negarían el calificativo de falta de educación no respetar aquello que para otros es una importante seña de identidad colectiva.

 

Y es que una perspectiva más civilizada y razonada de lo que debe ser una  sociedad moderna no debería asentarse tanto sobre una concepción nacional (¿existe?) sino más bien sobre un patriotismo constitucional donde los derechos tengan un mayor peso que otros principios simbólicos, y que es mucho más integrador y respetuoso con las minorías.

 

Va de suyo que, como nacionalistas que son, esos aficionados muy probablemente también rechazarían y se escandalizarían si se hiciera lo mismo con su bandera e himno. Es lo que tiene tomarse demasiado en serio esto de los símbolos sacrosantos de la supuesta existencia de un ente tan vacuo como la "nación": lo sagrado para nuestra nación es profano para las otras.

           

La segunda cuestión que se plantea con esta polémica es la relativa a si la suspensión del partido es la medida más razonable para terminar con los pitidos al himno y al Rey en los campos de fútbol. Es obvio que jugar el campeonato implica aceptar las reglas y el significado del mismo y que, si estos no se comparten, es lícito no participar en la competición.

 

Pero una vez que se decide jugar, la sanción de suspensión (y el eventual partido a puerta cerrada) no solo es injusta con los clubes, que se van a ver privados del apoyo de sus aficiones, sino que también daña al resto de aficionados que verán un espectáculo mucho menos emocionante y vibrante; y, por último, y quizá más importante, porque además lo que va a provocar esa medida es que todavía crezca más el rechazo en esas comunidades hacia los símbolos nacionales españoles, así como que aumente también el rechazo de las demás comunidades hacia aquéllas por su actitud intolerante y falta de respeto hacia lo que consideran símbolos de la unidad de España.

           

Por último, una reflexión a todos los que están avivando mediática y públicamente esta polémica: por un lado, a los aficionados que pretenden sumarse a las pitadas, a los que invitamos a ponerse en el supuesto contrario porque, como ya hemos dicho, lo más probable es que la defensa que ahora hacen de esa postura en aras de la pretendida libertad de expresión, probablemente la rechazarían y se escandalizarían si se hiciera lo mismo con su bandera e himno; y, por otro lado, a aquellos que abogan por la suspensión del partido con manifestaciones más políticas que estrictamente deportivas, y por tanto absolutamente fuera de lugar, que analicen si con su actitud no están también atentando contra el artículo 2.1.e de la referida Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que señala como posible delito o falta las declaraciones con ocasión de la celebración próxima de una competición que contribuyan significativamente a la creación de un clima hostil.

 

Y aunque sería improbable la aplicación de este precepto a las manifestaciones citadas dada la dificultad en probar la conexión entre las manifestaciones y la violencia o el clima hostil, sí que se les puede atribuir una cierta responsabilidad moral por alimentar ese ambiente que no contribuye en nada a que los aficionados de distintos territorios de España mantengan una convivencia pacífica y armónica, al menos, más de lo que es en la actualidad.

 

Eva Cañizares Rivas

Vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo

Abogada.

 

José Luis Pérez Triviño

Presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte.

Profesor Titular de Filosofía del Derecho (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona)

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