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José Miguel Fraguela
13 de marzo de 2018

¿Es verdad que el Gobierno se plantea desprenderse del TAD?

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Hace tiempo que Alejandro Blanco, presidente del COE, viene reclamando un régimen autárquico en el deporte oficial, desde la cancha hasta los comités, incluida la última instancia "deportiva", que en España lo es el TAD, heredero del Comité Español de Disciplina Deportiva y de la Junta de Garantías Electorales.

 

Según hemos podido saber en IUSPORT, existen movimientos subterráneos en esa dirección. Blanco habría aprovechado los dolores de cabeza que le está originando la crisis de la RFEF al Gobierno, que él mismo calificó de tsunami, para convencerle de que mejor te quitas eso de encima. Nosotros podemos autorregularnos, no nos hace falta la intervención del Gobierno (salvo para las subvenciones, claro).

 

Este es el diálogo figurado que habrían mantenido  el presidente del COE, no solamente con José Ramón Lete, sino con el propio ministro Méndez de Vigo. 

 

Pero claro, con la Ley actual, la de 1990, ello es inviable. Las federaciones deportivas, ciertamente son entidades privadas, pero, ope legis, ejercen determinadas funciones públicas delegadas por la Administración Pública.

 

Con esos cimientos, no sería congruente despojar a la Administración Pública del control y tutela sobre las federaciones deportivas en cuanto atañe al ejercicio de esas funciones públicas.

 

Y ahí está el núcleo del asunto. Blanco quiere que se quite ese añadido y que las federaciones deportivas, a pesar de lo que dijo el Tribunal Constitucional en 1985, sean, a partir de la nueva ley, entidades puramente privadas.

 

En el seno del COE se replicaría la estructura actual del TAD con un órgano propio idéntico, cuyas decisiones serían impugnables ante la Justicia ordinaria. Es más, ni eso, utilizaría uno que ya tiene, el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, que existe en su organigrama hace tiempo. 

 

Nos parece descabellada la idea planteada por Blanco.  Sería un 'quítate tú para ponerme yo'. El poder para nombrar a sus miembros ya no estaría en el Gobierno, sino en la cúpula del COE, que desde hace tiempo controla Alejandro Blanco, cuyas relaciones con Cardenal, por cierto, eran malísimas. Ya contaremos mañana como son con Lete. 

 

La experiencia demuestra que la jurisdicción civil, que es la que entraría en acción, al no actuar ningún órgano de la Administración Pública, es tan lenta que nunca llega a tiempo. Cuando falla ya ha transcurrido hasta dos mandatos del año del conflicto judicial, por poner un ejemplo.

 

Pero no es por eso, sino por puro principio. Las federaciones deportivas tienen consolidada esa concepción privado-pública, y así deben seguir existiendo. Otra cosa es que se afine en el deslinde de competencias y otros menesteres.

 

Pero no se quedan ahí las reivindicaciones de Blanco. Hasta el mismo CSD ha puesto en cuestión el presidente del COE. Él entiende que el COE podría reemplazar perfectamente al organismo público del deporte español.

 

De consumarse este segundo despropósito, se daría la situación kafkiana de que las comunidades autónomas se verían obligadas a tratar con el COE, una entidad estrictamente privada, ya no con el Gobierno del Estado. Un disparate auténtico.

 

En fin, esperemos que esto no sea más que una idea alocada, pero en todo caso, si no lo fuera, emplazamos al Gobierno a no ceder a estas presiones.

 

Lo que sí debe mirarse el Gobierno es la estructura y funcionamiento del TAD. Quizá aquí si haya margen de mejora.

 

Por último, hay un plan B que ni siquiera consideramos. Que el TAD sea sencillamente suprimido. El efecto final sería similar al que hemos esbozado antes.

 

En todo caso, emplazamos a José Ramón Lete a que aclare públicamente si planea en la nueva Ley que el TAD deje de pertenecer al CSD o se va a suprimir.

 

Epílogo 

 

Ya que le hacemos preguntas al presidente del CSD, una más: ¿por qué no se ha oficializado aún el nombramiento de María Lidia García como nueva presidenta del TAD?

 

Una vez los miembros del Tribunal han elegido, entre ellos, la titular de la presidencia, se requiere luego un acto formal del CSD procediendo al nombramiento.

 

¿Por qué está demora cuando la elección se produjo hace dos semanas?

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 67/1985

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