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José Miguel Fraguela
11 de marzo de 2018

Duro varapalo del Consejo de Estado al TAD en el dictamen sobre las elecciones a la RFEF

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Después de varios días de espera, por fin IUSPORT ha tenido acceso al dictamen del Consejo de Estado sobre el asunto de las elecciones a la RFEF.

 

El viernes informamos de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en contra de lo que opinaba en noviembre, resolvió seguir el dictamen del Consejo de Estado sobre las elecciones a la Federación Española de Fútbol (RFEF) celebradas en 2017.

 

Pues bien, el alto órgano consultivo del Estado ha enmendado la plana al TAD, y por ende, al CSD, y de qué forma. Es demoledor. Ha dictaminado, lisa y llanamente, lo que habíamos adelantado en IUSPORT: que el CSD no puede legalmente recurrir (carece de legitimación activa) una decisión del tribunal del deporte, lo que debe conducir, no a la desestimación del recurso, sino a su inadmisión, que es lo acordado este pasado viernes por el TAD una vez conocido el dictamen del alto órgano consultivo.

 

Duro varapalo para el TAD, pero también para el CSD y sus servicios jurídicos, que se declararon favorables a la anulación de las elecciones a la Asamblea General y, por tanto, a repetir las mismas.

 

El TAD, presidido por María Lidia García desde que Enrique Arnaldo dejó la presidencia el pasado 27 de febrero, se pronunció este pasado viernes por la no repetición de las elecciones a la Asamblea General de la RFEF, tras conocer el parecer del Consejo de Estado, pero no había trascendido la fundamentación.

 

Literalmente, el Consejo de Estado declaró:

 

"Que procede declarar la inadmisión del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Presidente del Consejo Superior de Deportes contra la Resolución del Tribunal Administrativo del Deporte de 9 de junio de 2017."

 

Lo esencial del dictamen del Consejo de Estado

 

El dictamen es el nº 86/2018, de la Comisión Permanente del Consejo de Estado del pasado 1 de marzo.

 

El Consejo de Estado analizó en primer lugar la posibilidad de que el Presidente del Consejo Superior de Deportes pueda recurrir actos del Tribunal Administrativo del Deporte, punto este que ya habíamos analizado en IUSPORT y expuesto como gran obstáculo.

 

Dice el Consejo de Estado: "La normativa sobre el derecho de organización impide que un órgano pueda recurrir actos de la entidad a la que está adscrito, aunque provengan de un órgano distinto de esa entidad".

 

Y añade: "Los debates sobre los actos dictados por los órganos de una persona jurídica pueden producirse de diversas maneras, pero no mediante recursos. La "competencia" no es un derecho del órgano, pues los órganos son meras esferas de competencia de la persona jurídica de la que forman parte (artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: "Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo; de hecho se ha hablado doctrinalmente de que la persona jurídica tiene capacidad, no competencia, y que esa capacidad se distribuye entre los órganos, que son los que asumen competencias en función de reglas materiales, territoriales, temporales, etc., (artículo 54 de esa misma Ley)".

 

"Pero cuando un órgano actúa, es la entidad quien lo hace, de modo que no cabe admitir que ella misma recurra sus propios actos, aunque lo trate de hacer mediante un órgano distinto al que dictó el acto a recurrir".

 

"Abunda en ello el artículo 20 a) de la Ley 29/1998, de 13 de abril, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que "no pueden interponer recurso contra la actividad de una Administración pública ... los órganos de la misma..., salvo que una Ley lo autorice expresamente".

 

"Así funciona el derecho de organización, lo que se traduce en que, como antes se dijo, las eventuales discrepancias entre órganos no se canalizan precisamente  mediante  recursos. Hay además  previstas  en  la legislación vías adecuadas para que una persona pueda ir contra sus propios actos, en concreto la revisión de oficio, la vía de lesividad o la revocación; el recurso no está entre ellas".

 

"Es más, incluso en casos de entidades diferentes en los que una tenga dependencia de la otra se llega a impedir el recurso (artículo 20 c. de la mencionada Ley 29/1998)".

 

"Cierto es que hay situaciones en las que la regla se rompe, pero ello se debe a la existencia de una previsión legal expresa que así lo contempla. Es el caso de los Tribunales especiales sobre contratación, como contempla el artículo 19.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".

 

"Cabe asimismo mencionar los Tribunales Económico-Administrativos, ante los cuales no puede recurrir la entidad autora del acto a impugnar, tal y como establece el artículo 232.2.e) y disposición adicional undécima.2 e) y 4 e) de la Ley General Tributaria, aunque se permita hacerlo en algunos casos, por expresa previsión legal, mediante el interventor o mediante los "órganos directivos de los Ministerios de Hacienda y de Economía" (apartados 3 a 7 de esa misma disposición adicional undécima)".

 

"Por esas razones, al no preverse otra cosa, no cabe recurso contra acuerdos de los Jurados de Expropiación Forzosa por la Administración a la que esos Jurados pertenecen, de modo que la anulación de sus actos debe canalizarse por otros cauces, en su caso la vía de lesividad".

 

"A la vista de todo ello, no puede el CSD, a través de su Presidente, recurrir actos del propio CSD (dictados a través del TAD). El CSD es una persona jurídica - conforme a los artículos 89 y 98 de esa Ley- y el Presidente y el TAD son órganos del mismo. Concretamente tanto el artículo 38 de la Ley del Deporte como el artículo 1 del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, dicen que el TAD está adscrito orgánicamente al CSD, o sea, es órgano del mismo, aunque deba adoptar sus decisiones con independencia".

 

"Podría pensarse en si hay razones para aplicar al caso el mismo régimen previsto para otros órganos, como sucede con los antes mencionados Tribunales Económico-administrativos; y acaso estaría justificado. Pero lo cierto es que no existe previsión legal que así lo establezca, lo que obstaculiza el que el Presidente del CSD pueda recurrir los actos producidos por el TAD.

 

Dicho de otro modo, la posibilidad de que el Presidente del CSD recurra los actos del TAD no depende de que éste mismo actúe con independencia, sino de que la ley excepcione la regla de derecho de organización antes expuesta, lo que es visto que no sucede".

 

Segundo argumento del Consejo de Estado

 

En segundo lugar, el Consejo analizó la posibilidad de un recurso (en este caso extraordinario de revisión) contra un acto resolutorio de un recurso administrativo previo.

 

El órgano consultivo afirma que "el recurso contra una resolución estimatoria de un recurso previo puede ser planteado por quien tenga derechos o intereses directos afectados por ella (artículos 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Sin embargo, cuando se trata de recurrir una resolución desestimatoria de un recurso previo, solo puede recurrir contra ella quien haya interpuesto ese recurso previo".

 

Y añade: "En este caso  el Presidente del Consejo Superior de  Deportes  no  recurrió ante el TAD (ya se dijo que en cualquier caso no podría haberlo hecho) el acuerdo de la Comisión Electoral de la RFEF de 30 de abril de 2017 que proclamó electos, por lo que no puede recurrir contra el acuerdo por el que el TAD ha desestimado el recurso interpuesto por otras personas contra ello, no por el Presidente del CSD, en este caso por D. Jorge Juan Pérez Arias y el Club Atlético Pinto".

 

Lo que declaró el TAD en noviembre

 

El tribunal del deporte se dirigió al Consejo de Estado después de admitir a trámite (ojo a esto) el recurso extraordinario de revisión del presidente del CSD, José Ramón Lete, sobre el proceso electoral federativo al desencadenarse la "Operación Soule" que investiga la Audiencia Nacional.

 

El juez Santiago Pedraz que instruye el caso responsabiliza al anterior presidente, Ángel María Villar, de los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

 

El TAD concluyó a finales de noviembre que Villar utilizó "su cargo para favorecer su reelección (el 22 de mayo de 2017) en términos contrarios a los principios de transparencia, objetividad e igualdad que deben regir los procesos electorales federativos, así como uno de los pilares esenciales de estos procesos como es la libertad del voto de los electores".

 

El mismo tribunal del deporte consideró en noviembre que procedía la repetición del proceso electoral en su integridad al aludir a "graves irregularidades que están siendo objeto de indagación, por la jurisdicción penal, pero que (...) permiten apreciar que han viciado de forma determinante el proceso electoral celebrado el 27 de abril", fecha en la que se eligió a los miembros de la Asamblea que después votó al presidente.

 

Pero lo que no había trascendido hasta ahora es la fundamentación del Consejo de Estado, aunque en IUSPORT ya habíamos alumbrado algo al respecto.

 

Esto dijimos en IUSPORT en octubre de 2017:

 

"¿Qué es lo que va a acordar el TAD después de los trámites preceptivos?

Desde IUSPORT aventuramos que no lo admitirá a trámite. El TAD lo inadmitirá al carecer el CSD de legitimación activa. No se conoce ningún precedente en el que a un organismo autónomo se le haya admitido a trámite un recurso contra un acuerdo de un órgano colegiado adscrito al propio organismo".

 

Pues bien, como se ha visto, eso es lo primero que ha objetado el Consejo de Estado en su dictamen: que el CSD carece de legitimación para interponer el recurso de revisión.

 

Sin embargo, el TAD lo admitió a trámite en noviembre al entender que sí ostenta legitimación activa, aunque con una cimentación que se ha demostrado de barro. En el TAD se vieron forzados a acudir al "cajón de sastre" que siempre se incluye en las competencias de los órganos, para encontrar un asidero que así lo permitiera.

 

Se trata del art. 8.s) de la Ley del Deporte, introducida por el Real decreto Ley 5/2015, que enumera las competencias del CSD, y que reza como sigue, :

 

"Velar por la efectiva aplicación de esta Ley y demás normas que la desarrollen ejercitando al efecto las acciones que proceden así como cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en la presente norma".

 

La resolución del TAD añadía: "Tampoco cabe aceptar el argumento de que el Consejo Superior de Deportes no puede recurrir una resolución de este Tribunal porque ambos se integran en la Administración del Estado. Aunque es cierto que el Tribunal Administrativo del Deporte está adscrito orgánicamente al Consejo Superior de Deportes, aquél  actúa con independencia de éste (artículo 84.1 de la Ley l 0/1990); sus miembros son independientes e inamovibles, no pueden recibir orden o instrucción alguna de ninguna autoridad pública ni de otra persona y deben ejercer sus funciones de forma independiente (arts. 2.1 y 7 del Real Decreto 53/2014); finalmente, las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte agotan la vía administrativa  (art. 9.1  del Real Decreto 53/2014) , sin que en consecuencia puedan ser revocadas o modificadas por el Consejo Superior de Deportes. Esta indiscutible independencia funcional del Tribunal Administrativo del Deporte tiene como correlato la posibilidad de que sus decisiones puedan ser impugnadas por el Consejo Superior de Deportes cuando concurra un derecho o interés legítimo, como sucede en el presente caso, con la encomienda de velar por "el ajuste a Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las Federaciones deportivas españolas".

 

Pues bien, el Consejo de Estado ha enmendado la plana al TAD, y por ende, al CSD, y de qué forma. Ha dictaminado, lisa y llanamente, lo que habíamos adelantado en IUSPORT: que el CSD no puede legalmente recurrir una decisión del tribunal del deporte, lo que debe conducir, no a la desestimación del recurso, sino a su inadmisión, que es lo acordado este pasado viernes por el TAD una vez conocido el dictamen del alto órgano consultivo.

 

Fuerte varapalo para el TAD, pero también para el CSD y sus servicios jurídicos, que se declararon favorables a la anulación de las elecciones a la Asamblea General y, por tanto, a repetir las mismas.

 

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TEXTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÓN DEL TAD SOBRE EL RECURSO DE REVISIÓN

 

TEXTO ÍNTEGRO DEL RECURSO DEL CSD, AHORA INADMITIDO

 

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