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José Miguel Fraguela
9 de marzo de 2018

La decisión del TAD de validar la asamblea refuerza el recurso de Villar contra su destitución

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La resolución del TAD de este viernes, de aceptar el dictamen del Consejo de Estado y, por ende, revocar su propio parecer, explicitado en su resolución de noviembre pasado, refuerza enormemente los recursos de Ángel María Villar contra su suspensión en julio y su destitución en diciembre de 2017.

 

El 11 de enero de 2018 se notificó por el TAD a Ángel María Villar la resolución del 22 de diciembre por la que se le sancionó con la destitución del cargo de presidente de dicha federación.

 

A partir de ahí se pusieron en marcha sus servicios jurídicos, los cuales han visto como mes a mes ganaban terreno sus tesis contra las decisiones disciplinarias tomadas.

 

Como dijimos en su día, en el entorno de Villar se echaron las manos a la cabeza al conocer la letra pequeña de la resolución de destitución. Detectaron que tiene varios puntos flacos, pero en especial una grieta que tiene que ver con la necesidad de que concurra la agravante de la reincidencia y, por eso, entre otros argumentos, interpuso recurso contencioso-administrativo y tiene la esperanza fundada de que se le concederá la medida cautelar que ha solicitado.

 

El juez de lo contencioso ha admitido a trámite la petición de la medida cautelar y ha acordado se tramite con audiencia a las partes, como es preceptivo, salvo en las medidas cautelarísimas.

 

Pero es que, además de los argumentos que Villar tenía preparados, el propio TAD, con el aval del Consejo de Estado (ahí es nada), ha venido a resolver definitivamente este viernes que aquellas elecciones a la Asamblea General no deben repetirse, o, lo que es lo mismo, son válidas y esa asamblea, que es la que eligió a Villar, fue correctamente elegida y sigue siendo el cuerpo electoral de la RFEF.

 

Luego, la resolución de destitución de Villar, que se basó precisamente en una presunta actuación irregular de Villar y de los asambleístas electos, se ha derrumbado por completo, sostiene su equipo jurídico.

 

Si el tribunal de lo contencioso acepta sus argumentos y le concede la cautelar antes de que celebren las actuales elecciones (9 de abril), ello tendría un efecto expansivo incalculable.

 

Para empezar, se producirá la suspensión "sine díe" del proceso electoral recientemente convocado para cubrir la presidencia.

 

Quedaría suspendido asimismo el acuerdo del TAD por el que se destituyó a Ángel María Villar, lo que significaría que este recobraría la titularidad del cargo, aunque no su ejercicio. Lo explicamos.

 

La Comisión Gestora quedaría disuelta. Volvería a funcionar la Junta Directiva con Larrea, de nuevo como presidente "en funciones", dado que, a su vez, se reanudaría el plazo de un año de suspensión que la Comisión Directiva del CSD acordó a finales de julio de 2017 sobre Villar.

 

Es resumen, Villar seguiría suspendido, ya no cesado, hasta finales de julio de 2018, y Juan Luis Larrea retomaría la presidencia interina por tiempo indeterminado.

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