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José Francisco Redondo Garrido
4 de marzo de 2018

La relación laboral del deportista profesional tras la condena a prisión: El caso Semedo

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[Img #64448]En los últimos días, nos hemos visto sorprendidos por la noticia del ingreso en prisión provisional de Rubén Semedo, central del Villareal CF.

 

I. INTRODUCCIÓN

En resumen, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia), ha enviado al jugador a prisión provisional, tras imputarle la comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia, que podrían acarrear al jugador, en caso de ser declarado culpable, una condena de entre 5 y 10 años de prisión, tal como se ha indicado en numerosos medios en las últimas fechas.

 

Ante esto, cabe preguntarse de qué manera puede influir la existencia de este procedimiento penal en la relación laboral que une al Villareal CF y al jugador.

 

En la situación actual, y tal como se analizó en otro artículo publicado en esta web (1), la prisión provisional no faculta al club a resolver la relación contractual que le une con Semedo, quedando la misma suspendida, con los efectos jurídico - laborales que esto conlleva.

 

Pero, ante la gravedad de los hechos que se le imputan al jugador, es lógico cuestionarse qué ocurriría si, en su debido momento, siguiendo los cauces procesales oportunos y, desde el respeto que impone la presunción de inocencia de cualquier investigado en nuestro país, los tribunales encontrasen a Semedo culpable de los delitos anteriormente señalados, y éste tuviese que ingresar definitivamente en prisión.

 

 

II. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

Ante casos parecidos, la jurisdicción social de nuestro país, había sido tajante en considerar como procedente y completamente justificado el despido de un trabajador que ha ingresado en prisión en virtud de una sentencia firme, no por el simple hecho de estar internado en un centro penitenciario por un tiempo determinado, sino porque, de forma inherente a la privación de libertad, el condenado no podrá acudir a su puesto de trabajo, acumulando una serie de faltas de asistencia laboral que acabaría desembocando, necesariamente, en un despido disciplinario.

 

En este sentido, el Tribunal Supremo de nuestro país, ha venido sentando jurisprudencia a través de diferentes pronunciamientos.

 

Así, en su sentencia de 28 de febrero de 1990 (2), el Tribunal Supremo señala lo siguiente:

 

“Pero basta un examen de la carta de cese […] para comprobar que en ella no se despide al actor "por haberse concluido el sumario», sino porque con la condena por sentencia firme queda sin justificación "su ausencia al trabajo», a la que expresamente se alude en el párrafo sexto de la carta de despido […]se concreta la ausencia al trabajo señalando que ésta se produce desde el 29 de agosto de 1984 con cita del artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores . La causa de despido de la Empresa queda así perfectamente delimitada tanto en los hechos constitutivos de la misma -las ausencias desde la fecha mencionada- como en su indudable carácter disciplinario.

 

En este mismo sentido, se pronuncia el citado Tribunal, en su sentencia de 9 de marzo de 1994 (3), en la cual se dispone lo siguiente:

 

La sentencia firme de la Jurisdicción del orden penal, que condena, priva de la justificación de la ausencia que hasta ese momento y como garantía del derecho a la presunción de inocencia se derivaba del artículo 45.1.g) del Estatuto de los Trabajadores; y de ahí que desde el momento en que adquirió firmeza la sentencia penal la ausencia al trabajo dejó de tener la cobertura de la situación suspensiva para configurarse como un incumplimiento de contrato sancionable por el empresario en virtud del artículo 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores.

 

 

III. LEGISLACIÓN DEPORTIVA APLICABLE AL DESPIDO POR FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO.

 

A pesar de que los anteriores pronunciamientos del Tribunal Supremo se refieren a trabajadores ordinarios y que, como ya sabemos, la relación laboral del deportista profesional tiene la condición de especial y encuentra su regulación propia en el Real Decreto 1006/1985, los mismos serán perfectamente aplicables a los futbolistas profesionales, ya que el “Convenio Colectivo para la actividad del fútbol profesional” también considera que la acumulación de faltas de asistencia al trabajo puede ser causa de despido, incorporándolo, como falta muy grave, en el artículo 6.2 del Reglamento General de Régimen Disciplinario (Anexo V del Convenio), de la siguiente forma:

 

6.2 La tercera y sucesivas faltas de asistencia al trabajo, sin causa justificada, cometidas en el período de una temporada, bastando una sola ausencia cuando se trate de un partido oficial. Será falta grave la no asistencia que se produzca en un partido que no tenga la naturaleza de oficial.

 

Dicha acumulación de faltas de asistencia podrá desembocar en el despido del futbolista en virtud del artículo 7.3.3 del citado Reglamento General de Régimen Disciplinario.

 

 

IV. PRONUNCIAMIENTOS NOVEDADOSOS RELACIONADOS CON LA MATERIA.

 

A pesar de que, teniendo en cuenta exclusivamente la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo, parece claro que, en caso de que el jugador sea finalmente condenado, el Villareal CF tiene base más que suficiente para proceder a la resolución del vínculo laboral que le une con Rubén Semedo, hay que tener en cuenta que en los últimos años han salido a la luz algunos pronunciamientos judiciales que deberían tenerse en cuenta para evitar posibles sorpresas en relación a la finalización del contrato.

 

En este sentido, cabe destacar la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 12 de marzo de 2012 (4), en la cual se considera que las ausencias en el puesto laboral ocasionadas por el ingreso en prisión del trabajador no pueden considerarse como injustificadas, ya que se trata de “ausencias al trabajo por una causa impeditiva y perfectamente conocida por el empleador”.

 

Pero en todo caso, la Sentencia que en este caso podría servir para defender la inadecuación de plantear las ausencias al trabajo debido a la privación de libertad del trabajador como causa de finalización de la relación laboral del jugador, es la emitida por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, y cuyo Fundamento de Derecho quinto me permito transcribir por su indudable interés jurídico:

 

QUINTO.- No obstante este razonamiento que descansa en dos STS de cierta longevidad, hubiera merecido, de ser la ausencia al trabajo la causa de despido, su reconsideración, tal como propone la STSJ de Madrid de 12-3-2012 rec. 4312/11.

De una parte porque no se trataría de ausencias voluntarias al trabajo sino obligadas por el internamiento penitenciario del trabajador.

De otra por cuanto extender los efectos de la condena penal al ámbito del contrato de trabajo, salvo en aquellos supuestos en los que ambos se encuentren relacionados y resulte el empresario perjudicado por el delito cometido por el trabajador, o cuando el trabajador hubiere sido condenado a la pena privativa de derechos consistente en la inhabilitación especial para ejercer una profesión u oficio, supondría de facto la imposición de una pena adicional no prevista en el Código Penal, máxime cuando esta ley en su art. 45 indica que: La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena Además la pérdida del empleo como consecuencia de condena penal no puede considerarse compatible ni con el art. 25.2 CE que dispone que las penas estarán orientadas a la reinserción social ni con los arts. 1 y 73 de la LO 1/79 General Penitenciaria

 

En resumen, el magistrado – juez titular de este Juzgado, ataca la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo al considerar, por un lado, que las ausencias del trabajador que cumple condena no pueden considerarse como injustificadas y, por otro lado, por considerar que el despido basado en esta causa no es compatible con la finalidad de reinserción que, en nuestro sistema, persiguen las condenas penales, ni con lo dispuesto en la Constitución Española ni en la Ley General Penitenciaria.

 

A estos efectos, sí que cabría cuestionarse si la aplicación del anterior razonamiento jurídico puede ser aplicado a los deportistas profesionales.

 

Si bien es cierto que para ciertos trabajos regulados por la normativa laboral ordinaria, es complicado defender que el ingreso durante un tiempo determinado en prisión, pueda tener efectos sobre la idoneidad del trabajador para desempeñar las funciones que venía realizando con anterioridad a su internamiento, esto no sería aplicable, en opinión de quien suscribe, a los deportistas profesionales, ya que difícilmente se puede entender que  un deportista que haya estado alejado de la práctica profesional del fútbol durante un tiempo prolongado no haya perdido ninguna de las características que, antes de ser encarcelado, poseía y que resultaban adecuadas para la práctica del deporte a ese nivel.

 

 

V. ADEMÁS DEL DESPIDO, ¿PODRÍA TENER DERECHO EL VILLAREAL CF A SER INDEMNIZADO?

 

Una vez analizado el panorama jurisprudencial y legal que delimita la cuestión laboral que vendría aparejado al llamado “Caso Semedo”, si finalmente el jugador es condenado por sentencia firme, es necesario preguntarse si el Villareal podría tener algún derecho a ser indemnizado en atención a los daños y perjuicios que este tema le puede haber ocasionado.

 

Ante esto, parece claro que el Villareal CF va a sufrir un perjuicio económico como consecuencia de este asunto, toda vez que el club desembolsó, este mismo verano, una cantidad cercana a los 15 millones de euros para hacerse con los servicios del prometedor central portugués, cantidad que, a día de hoy, parece complicado que pueda recuperar, todo ello sin tener en cuenta los posibles daños a nivel de imagen y patrocinios que el club podría sufrir al ver su marca asociada con un procedimiento penal.

 

Para ello, debemos recurrir, en primer lugar, a la legislación laboral deportiva, la cual deja una puerta abierta a esta posibilidad a través del punto segundo del artículo 15 del Real Decreto 1066/1985 de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, el cual establece lo siguiente:

 

El despido fundado en incumplimiento contractual grave del deportista no dará derecho a indemnización alguna a favor del mismo. A falta de pacto al respecto la Jurisdicción Laboral podrá acordar, en su caso, indemnizaciones a favor del club o entidad deportiva, en función de los perjuicios económicos ocasionados al mismo.

 

Por otra parte, también es digno de mención en lo que se refiere a la posible obligación de indemnizar por parte del deportista, el caso del jugador rumano Adrian Mutu, al cual condenó, con fecha 8 de mayo de 2008, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA  a pagar la cantidad de 17,1 millones de euros al Chelsea como resultado de las consecuencias del positivo por cocaína que le fue imputado en 2004. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) (5).

 

 

VI. CONCLUSIONES

 

  • La Jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de nuestro país permite al empleador, en este caso, el Villareal CF, resolver el contrato laboral que le une con su empleado (Rubén Semedo).

 

  • Dicha causa de resolución no proviene directamente de la condena firme a prisión, sino de las inevitables ausencias al trabajo que se derivarían del ingreso en prisión del jugador, al desaparecer la causa de suspensión de la relación laboral que conlleva la situación de prisión provisional en la que actualmente se encuentra el jugador.

 

  • En los últimos tiempos han surgido algunas sentencias emitidas por nuestros tribunales que ponen en entredicho la doctrina del Tribunal Supremo.

 

  • Existe base legal, aportada por el Real Decreto 1006/1985, para que el Villareal CF solicite una indemnización por daños y perjuicios al jugador con motivo del despido que se derivaría de la posible condena penal.

 

REFERENCIAS:

  1. El artículo al que se refiere el texto puede consultarse AQUÍ
  2. La Sentencia del Tribunal Supremo nº 17725/1990 de 28 de febrero de 1990 puede analizarse AQUÍ
  3. La Sentencia del Tribunal Supremo nº 1583/1994 de 9 de marzo de 1994 se puede encontrar AQUÍ
  4. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 1202/2012 de 12 de marzo de 2012, se puede consultar AQUÍ
  5. El laudo emitido por el TAS en el caso Mutu vs Chelsea Football Club Ltd puede ser consultada AQUÍ

 

José Francisco Redondo Garrido

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