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Redacción de Iusport
28 de febrero de 2018
TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

Un juzgado de Zaragoza cuestiona el decreto del Registro de Delincuentes Sexuales

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El magistrado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza considera que no es ajustado a Derecho exigir a la profesora demandante el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales. Se basa para ello en que el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, tiene determinados aspectos contrarios a la Constitución y a otras reglas de nuestro Ordenamiento jurídico.

 

La sentencia parte de que la inhabilitación de profesionales que trabajen con menores tras haber sido condenados por delitos sexuales, en general, no es contraria a Derecho. Pero tras el análisis de las medidas concretas del Real Decreto 1110/2015 llega a la conclusión de que éste no se ajusta al Ordenamiento jurídico. 


Con su sentencia, el magistrado no ha anulado el Real Decreto, ni tampoco ha invalidado el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Legalmente no lo puede hacer, ya que la competencia, en su caso es, del Tribunal Supremo.

 

El magistrado sí puede analizar un acto administrativo concreto (en este caso el requerimiento de aportación del certificado negativo de delitos sexuales), y sobre la base de la ilegalidad del Reglamento, anular dicho acto administrativo. Con posterioridad, deberá plantearse ante el propio Tribunal Supremo si el Real Decreto es o no 
ajustado al Ordenamiento jurídico.


La inhabilitación de los delincuentes sexuales 


La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico la inhabilitación de los delincuentes sexuales para profesiones o actividades en contacto con menores, mediante la implantación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ya en el Real Decreto 1110/2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se fija el régimen deesta inhabilitación, incluyendo no sólo los delitos cometidos sobre menores, sino también los delitos cometidos sobre adultos. Se fija una inhabilitación automática, que en los casos de delitos sobre menores llega a los 30 años tras el cumplimiento de las correspondientes penas.

 

El sistema del Registro Central de Delincuentes Sexuales, para evitar el contacto con menores, parte de que la Administración o los empleadores, no pueden recabar directamente la información del Registro, sino que se 
exige el previo consentimiento del interesado, o la aportación por él del certificado negativo.


La Dirección General de Personal de la DGA, requirió a una profesora la aportación del certificado negativo. Dicha profesora recurrió dicha actuación, alegando la inconstitucionalidad del sistema y la ilegalidad del Real Decreto 1110/2015. Ante la postura de la Administración, finalmente la funcionaria formuló recurso en vía judicial. En el proceso judicial intervienen la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración 
General del Estado (dado que se cuestiona la validez de un Real Decreto).

 

La sentencia se ha dictado con fecha 19 de febrero de 2018. La sentencia considera que la Ley 26/2015 no es inconstitucional. Sin embargo, de un atento examen del Real Decreto llega a la conclusión de que se opone, en varios aspectos, a la Constitución y al propio Código Penal. 


La disposición de la Ley venía ya exigida por dos disposiciones de orden internacional o supranacional, consecuente con las obligaciones asumidas por el Reino de España en este marco:

 

-Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra  la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –Convenio de Lanzarote– donde se plasma el compromiso de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Ratificado por España mediante Instrumento de 22 de julio de 2010 (BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010).


-Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (DOCE L335/1, de 12 de diciembre de 2011).

 

No obstante, pese a que estos textos se limitan a los delitos sexuales cometidos sobre menores, en la legislación española se amplía a los delitos sexuales cometidos sobre adultos, para prohibir que, con posterioridad, trabajen con menores 

 

Los motivos de invalidez del Real Decreto 

 

La sentencia considera inválido el Real Decreto por los siguientes razonamientos:


A.- El Rango normativo y la reserva de Ley.- No es suficiente con introducir la regulación sobre el Registro Central de Delincuentes Sexuales en un mero Real Decreto, ya que se afecta con la regulación del mismo a determinaciones sobre derechos y libertades y sobre la prohibición o inhabilitación para el ejercicio de profesiones y actividades que exigen su regulación por una disposición con rango de Ley. Esta indicación ya se 
plasmaba en el correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Proyecto de Real Decreto.

 

B.- La contradicción de la regulación contenida en el Real Decreto con el Código Penal.- Vulneración del principio de jerarquía normativa.-Efectivamente, si se comparara el texto del Código Penal con el texto del Real Decreto 1110/2015, se comprueba que éste es muy diferente de aquél. P.e., el Real Decreto finalmente aprobado, cosa que no hacía el Proyecto, ha introducido un sistema de prolongación de la inhabilitación más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales fijados en el Código Penal.

 

C.- Se vulnera la regulación por Ley de los antecedentes penales y sus efectos.-

 

D.- Se vulnera el principio de proporcionalidad.- El Real Decreto 1110/2015 no respeta en absoluto el principio de proporcionalidad, ya que: -no existe ninguna relación entre la gravedad del hecho y la reacción del Ordenamiento jurídico, en la medida en que se limita el derecho al ejercicio de actividades y profesiones, y consiguientemente se registran los datos de personas condenadas, por cualquier clase de delito de naturaleza sexual contra menores o adultos; -el plazo de cancelación de los datos inscritos en el registro es idéntico sea cual sea el delito cometido por un adulto contra un menor; -los plazos de cancelación de los datos inscritos en el registro, y consiguientemente la limitación de los derechos, se prolongan mucho más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales cuando el delito haya sido cometido por un adulto contra un menor; -no exista posibilidad alguna de cancelar los datos inscritos en el Registro antes de que haya trascurrido dicho plazo. No sólo no se comprueba si realmente la persona condenada es un peligro para los menores, sino que el Ordenamiento jurídico ni siquiera da opción a dicha comprobación.

 

E.- La retroactividad que se fija para el sistema del Real Decreto 1110/2015 es contraria al art. 9.3 de la Constitución, que fija la regla de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales. En otro orden de cosas, la sentencia también considera que determinados 
argumentos de la parte recurrente, como p.e. sobre la privacidad de los funcionarios, no son atendibles.


La consecuencia jurídica de la sentencia


La consecuencia jurídica que dispone la sentencia es la anulación del concreto acto administrativo de la Administración autonómica; o sea, el requerimiento del certificado negativo a la profesora en cuestión. La 
sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo) por las dos Administraciones personadas: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Administración 
General del Estado. También cabe la posibilidad de que el asunto llegue finalmente al Tribunal Supremo, que es el que tendrá la última palabra sobre la legalidad o no del Real Decreto 1110/2015.

 

Se debe aclarar finalmente, que la sentencia se limita a anular un concreto acto administrativo, no un Real Decreto. Lo natural será que se plantee una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Supremo no una cuestión de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

 

La RFEF exige el certificado del registro de delincuentes sexuales para tramitar la licencia desde 2016

 

El 8 de junio de 2016 la Real Federación Española de Fútbol de fútbol envío una circular a todas sus federaciones territoriales de enorme trascendencia, por lo que supone en cuanto a la concienciación y la clara intención de poner todos los remedios posibles para que este tipo de episodios se repitan en nuestro país. Tanto en el fútbol como también en las categorías inferiores del fútbol sala español.

 

En el mismo la Federación Española exige la obligación de aportar certificados negativos del Registro Central de Delicuentes Sexuales a todos aquellos profesionales que trabajen de forma habitual con menores.

 

Según el texto al que ha tenido acceso IUSPORT, el estamento federativo empieza recordando el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 octubre de Protección Jurídica del menor. En el mismo se recoge que será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores “el no haber sido condenado en sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual”. Esto incluye “agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos”.

 

Para acabar instando obligatoriamente a todas aquellas profesionales, oficios o actividades que tengan un contacto habitual con menores “a acreditar esta circunstancia” de no haber sido condenado por ningún de los casos anteriormente mencionados mediante al presentación de “la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales”.

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE ZARAGOZA

 

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CIRCULAR DE LA RFEF 

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