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José Luis Pérez Triviño
10 de marzo de 2015

Justos por pecadores: ¿sobre quién debe recaer la sanción por los insultos de los aficionados a una juez de línea?

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¿Sería razonable castigar al propietario de una pequeña librería por los insultos sexistas que un cliente pudiera proferir contra una de sus dependientas? Pareciera que no. Pues nadie se ha escandalizado de que haya sido sancionado un modesto club de fútbol con 50 euros por la Federación Andaluza de fútbol por los insultos sexistas que recibió una juez de línea por parte de unos aficionados. Más bien, al contrario, los medios de comunicación han vendido la noticia como si el monto de la sanción hubiera sido escaso, y es que quizá, por alguna extraña razón han confundido quién debiera ser el sujeto pasivo de la sanción. En efecto, la sanción era minúscula dado que el club no tiene apenas responsabilidad en que algunos aficionados hayan insultado a una juez de línea.

 

Pero antes recordemos los hechos: la sanción fue impuesta por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) al club de fútbol gaditano de Segunda andaluza, el UD Tesorillo, por los insultos sexistas proferidos por un grupo de aficionados contra un árbitro de línea, de sexo femenino. Los insultos no podían ser más groseros y merecedores de la mayor de la repulsa social y eventualmente jurídica.  Según el acta arbitral, una parte del público profirió en diversas ocasiones las expresiones "guarra", "zorra", "puta", "Ojalá Franco levantara la cabeza y os mandara a vuestro sitio, que es la cocina" o "Vete a fregar, que éste no es tu sitio".

 

Al tener conocimiento de tales insultos, la RFAF abrió expediente al club gaditano y acabó imponiéndole una sanción de 50 euros. La nimiedad de la sanción provocó la indignación del Sindicato de Árbitros, para quienes aquellos constituyen, a la luz de la ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, un ejemplo de comportamientos vejatorios y que por lo tanto, merecerían una sanción más severa. En general, esa ha sido la impresión de la mayor parte de las instituciones y organizaciones deportivas y sociales que se han pronunciado sobre los hechos.

 

Sin embargo, creo que hay varios puntos que merecen matizarse en ese juicio generalizado, y es que ha habido un grado alto de ignorancia al calificar la sanción. En primer lugar, los principales responsables de los insultos son los aficionados, no el club. Es sobre ellos que debería recaer la sanción (moral y jurídica) principal. Otra cosa, y que desconozco, es si el club ha puesto todos los medios oportunos en el control de lo que ocurre en el terreno de juego y así evitar la responsabilidad “in vigilando”. Pero dado que se trata de un club pequeño, quizá fuera desproporcionado exigirles un debido control que está más allá de sus posibilidades reales. Otra cosa sería si había algún tipo de vinculación más o menos formal entre los aficionados y el club, lo cual si justificaría la sanción, pero mucho más contundente dada la gravedad de los insultos.

 

En segundo lugar, pero vinculado con lo dicho anteriormente ¿es razonable hacer recaer una sanción sobre el club por el comportamiento no de sus jugadores, directivos o empleados, sino de sus aficionados? La ley citada anteriormente establece una serie de obligaciones para los clubes en aras de garantizar un correcto desarrollo del evento deportivo. Pero parece claro que está pensando en clubes de una entidad y tamaño mayor que el UD Tesorillo, es decir,  clubes de Primera y Segunda División, no para el resto de clubes en los que los medios económicos y humanos para garantizar lo que exige la ley están muy lejos de ser viables y realistas.

 

Podría intentarse legitimar la sanción impuesta en una concepción de la responsabilidad objetiva, tan de moda en los últimos años. Sin embargo, no creo que sea justificable dado que en última instancia la atribución de ese tipo de responsabilidad radica en que el sujeto que debe compensar por los daños de alguna manera ha obtenido algún tipo de beneficio o ventaja en el pasado por el desarrollo de la actividad económica. Pero no parece que este sea el caso de los clubes modestos que a duras penas sobreviven gracias al sacrificio y altruismo de muchas de las personas que forman parte de sus juntas directivas. Castigarlos por infracciones de aficionados con los que (presuntamente) no tienen ningún tipo de relación de superioridad sería, como decía al principio, castigar a un propietario de una pequeña tienda por los insultos de unos clientes contra una de sus dependientas. Además de que generalizar este tipo de sanciones podría desincentivar que estos esforzados dirigentes de clubes pequeños sigan realizando su sacrificada tarea.

 

Y por último, la queja del Sindicato de Árbitros además de equivocada no deja de ser criticable por otra razón: son los árbitros los que tienen la capacidad para suspender un partido de fútbol. Si en el partido citado, la situación llegó a ser tan vejatoria para la juez de línea (que lo fue) era el árbitro quien podía haber tomado la decisión de suspender el partido hasta que esos aficionados fueran expulsados del campo o fueran puestos a disposición del juzgado dada la gravedad de sus insultos. Estoy convencido de que tomar con valentía tales decisiones sería una medida mucho más eficaz para sacar del mundo del deporte a estos execrables aficionados. Pero para que estas medidas cumplan el propósito, el colectivo arbitral debería contar con la complicidad de la Federación (cosa que no presta hasta el momento), la cual haría bien en involucrarse de manera más contundente en la tarea de erradicar la violencia y los insultos de los terrenos de juego, sean de primera división o de segunda regional, pues la gravedad de la afrenta y humillación no depende de la categoría del partido de fútbol. 

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