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Miguel Galán
22 de enero de 2018

La resolución del vínculo contractual del entrenador de fútbol

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[Img #61348]El tenor literal del artículo 162 del Reglamento de la RFEF  dispone lo siguiente:

Artículo 162. La resolución del vínculo contractual.

 

  1. Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico sea cual fuere la causa, estos últimos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de profesional, como en la de no profesional.

    Se exceptúa la posibilidad de entrenar en las categorías juvenil e inferiores de cualquier club, siempre que el nuevo club no se encuentre en la misma categoría y grupo que el anterior, (ESTE TEXTO HA SIDO MODIFICADO Y TAMPOCO SE PUEDE ENTRENAR NI EN JUVENILES)                                                                                                                                                              
  2. No obstante la regla general que antecede, si en el transcurso de la temporada de que se trate un club se retirase por decisión propia o fuera retirado por resolución del órgano competente, implicando, en uno u otro caso, su desaparición, el entrenador que en el mismo ejerciera su función como tal podrá contratar sus servicios por otro, siempre y cuando no hubiera percibido íntegramente, o no le hubiesen sido garantizados, los emolumentos pactados en el correspondiente contrato.”

    Como se puede ver, el apartado 1 del referido precepto, impide a los técnicos (entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros y preparador físico), que por la razón que fuese, se resolviese su vínculo contractual con su club, puedan actuar en otro en el transcurso de la misma temporada con ninguna otra clase de licencia, profesional o no profesional.

    Dicha disposición vulnera grave e injustificadamente el artículo 35 de la Constitución Española, el cual establece que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

    Vulnera igualmente lo establecido en la Carta Social Europea, cuyo artículo 1 de la parte 1 establece que “toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido.”

    Para ello, la Carta Social Europea ordena a los poderes públicos que se garantice el ejercicio efectivo al derecho al trabajo, para lo cual se reconoce como uno de los principales objetivos la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo.

    También vulnera lo declarado por nuestro Tribunal Constitucional sobre el derecho al trabajo mediante la sentencia número 22/1981, de 2 de julio:

    El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un puesto de trabajo, y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los artículos 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en elderecho a la continuidad o estabilidad en el empleo....”

    Por último, también vulnera lo dispuesto los derechos laborales básicos previstos por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, Estatuto de los Trabajadores:

    “Artículo 4. Derechos laborales.

    1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de:

    a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio.

    2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho:

      

  a) A la ocupación efectiva.

b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo.

c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español.”

 

Como hemos comprobado, la disposición impugnada atenta gravemente contra el derecho al trabajo consagrado, como hemos visto, por la Constitución Española, La Carta Social Europea, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Estatuto de los Trabajadores. Y lo hace por los siguientes motivos:



- Limita de forma injustificada el ejercicio del derecho al trabajo de los técnicos de fútbol en la medida que nos impide acceder a un puesto de trabajo.

- Se impide la ocupación efectiva de nuestra profesión.

- Se nos impide continuar con nuestro desarrollo profesional.

- En consecuencia, impide que los técnicos de fútbol tengamos la posibilidad de buscarnos medios de vida a través de nuestra profesión para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia.

- Se cercena nuestro derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo al impedirnos ejercer nuestra profesión en los casos que, por la razón que fuesen, se resolviese el vínculo contractual con un club. Cosa que ocurre con bastante frecuencia en nuestra profesión.     

- Se impide la mejora de categoría profesional de los entrenadores. Dicha disposición puede implicar una importante perdida de oportunidades para este colectivo. Imaginemos que un determinado entrenador una vez cesado de un equipo de la segunda división B despues tiene una oferta para entrenar un equipo de la primera división durante el transcurso de la temporada. Esta disposición impediría a dicho entrenador aprovechar esa oportunidad (que quizás no vuelva a presentarse), incluso con el acuerdo de los dos clubes en cuestión. (VEASE EL CASO DE MARCELINO CUANDO CESÓ EN PRETEMPORADA CON EL VILLARREAL, NO PUDO FICHAR POR EL VALENCIA)

 

Al mismo tiempo, la referida disposición vulnera el derecho a la igualdad consagrado por el articulo 14 de la Constitución Española. En efecto, se nos discrimina sin justificación alguna respecto a los técnicos de otros deportes, por ejemplo, en relación a los técnicos de baloncesto, cuyo reglamento federativo no establece ninguna limitación similar a la disposición impugnada. También se nos discrimina respecto al resto de trabajos y profesiones de otros sectores que perfectamente pueden acceder a un puesto de trabajo desde el día siguiente a la resolución del contrato con su anterior entidad.

 

Sorprende que el Consejo Superior de Deportes ratifique y mantenga en vigor esta disposición absolutamente contraria a los principios sociales del Estado, cuando realmente su labor, como poder público, debe ser precisamente velar por estos principios.

 

Por todo ello, la disposición  es nula de pleno derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, el cual dispone que “serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior”.

 

La consabida “especifidad” del derecho del deporte no puede justificar de ninguna forma la vulneración de derechos consagrados por nuestras normas más fundamentales. 

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