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José Miguel Fraguela
16 de diciembre de 2017

España debería llevar a la Unión Europea la amenaza de la FIFA

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La amenaza velada de la FIFA ha puesto en alerta a los demás Estados de la Unión Europea, que no están dispuestos a tolerar este tipo de coacciones de una asociación privada inscrita en un registro público de Suiza, por muy popular que sea el fútbol y pese al movimiento masas y de dinero que genera.

 

El Gobierno de España, que ya mantiene conversaciones, debería llevar formalmente el asunto a la Unión Europea con el fin de analizar las medidas conjuntas que podrían adoptarse para hacer frente a esta amenaza, que hoy afecta a España pero que pasado mañana puede afectar a cualquier otro socio comunitario.

 

Y es que los distintos gobiernos consideran esto una falta de respeto a las competencias legislativas y fiscalizadoras de la UE y de los Estados sobre las entidades domiciliadas en su territorio, como la tiene Suiza respecto a la propia FIFA, como se demostró en el FIFAgate, cuando las autoridades judiciales del país helvético detuvieron, a petición de EEUU, a los principales dirigentes de la organización privada internacional.

 

Los gobiernos europeos no dan crédito a la extensa interpretación que en la FIFA hacen de sus estatutos, en los que se establece que "todas las federaciones miembro [por tanto también la RFEF] deben administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos".

 

Esto de incluir en el concepto "terceros" a los Estados, que ya lo ha aplicado la FIFA con países digamos "pobres" (al menos en el terreno deportivo), pretende aplicarlo ahora a un Estado que se encuentra entre las quince primeras potencias económicas del mundo, como España, lo que ya roza lo esperpéntico.

 

Pretende la FIFA que su miembro, es decir la RFEF, le pare los pies a las autoridades legítimas del Estado español, porque así se lo ordenan los estatutos de la organización internacional PRIVADA. 

 

Esto es el mundo al revés. La RFEF, como cualquier otra persona física o jurídica (entidad) domiciliada en España, está sometida al imperio de la ley española. Sólo recordarlo nos produce grima.

 

En los próximos días, José Ramón Lete mantendrá reuniones con los dirigentes de FIFA y UEFA motivadas por la polémica carta remitida a la RFEF en la que le trasladan su inquietud por la 'injerencia' de España en los "asuntos internos" de la Federación, a la que le recuerda expresamente que, "de acuerdo con los Estatutos de la FIFA, todas las federaciones miembro deben administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos".

 

Una auténtica patata caliente para Lete, quien deberá hacer un ejercicio de equilibrismo de los que hacen época. Cómo quedar bien con la FIFA y al mismo tiempo respetar las competencias del Consejo de Estado, del TAD y de los tribunales de justicia españoles.

 

Ya veremos cómo sale Lete de ese trance, pero lo que sí debería recordar el secretario de Estado a Infantino y a Ceferín es que somos un Estado de Derecho en el que no es ni siquiera planteable una negociación con una entidad privada internacional que ponga en cuestión la soberanía de España y las competencias de sus poderes y organismos.

 

Si Infantino y Ceferín no terminan de entender que hasta aquí hemos llegado, pues los gobiernos deberían pasarí al plan B.

 

El plan B

 

El plan B es plantarse y forzar la situación para ver si la FIFA se atreve a expulsar a España de las competiciones internacionales.

 

Si esto se consuma, se acudiría al TAS para que este revocase la expulsión de la RFEF del seno de la FIFA.

 

Y si el TAS no lo acuerda, entonces los gobiernos se deberían plantearse seriamente pasar al plan C. Este no es otro que la adopción de medidas drásticas a nivel internacional, con la ayuda de EEUU y de Rusia (aunque esto es más difícil dado el romance en torno al Mundial 2018), para bloquear los movimientos de la FIFA, especialmente a nivel de transacciones bancarias, aunque esto suponga una parálisis temporal de las competiciones.

 

Estos son los escenarios en los que nos podríamos mover en las próximas semanas. El primero, que la FIFA acate las resoluciones de las autoridades españolas. El segundo, que el TAS revoque una eventual expulsión de España. Y el tercero, una conferencia internacional de la UE y EEUU en la que se acordarían las medidas antes aludidas.

 

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