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Redacción de Iusport
7 de diciembre de 2017

La jugada maestra del magistrado Pablo Llarena al retirar las euroórdenes contra Puigdemont

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El magistrado Pablo Llarena dio ayer un inesperado cambio de rumbo a la estrategia judicial para detener a Carles Puigdemont y, también, al inicio de la campaña electoral del 21-D, exponen Reyes Rincón y Álvaro Sánchez en el diario El País.


El juez del Tribunal Supremo ha retirado las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra el expresident y los cuatro exconsejeros fugados a a Bélgica, pero mantiene la orden nacional, por lo que los cinco serán detenidos si regresan a España. Con esta decisión, Llarena solo deja dos opciones a Puigdemont: eternizar su fuga o volver a España sabiendo que será enviado directamente a la cárcel. El abogado del expresident en Bélgica aseguró tras conocer la noticia que Puigdemont no volverá a España. La fiscalía de ese país ya levantó ayer las medidas cautelares impuestas a los fugados.


La decisión adoptada ayer por Pablo Llarena revolucionó el primer día de la campaña electoral catalana, que ya partía de una situación insólita, con tres candidatos en prisión (entre ellos el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras) y cinco fugados (incluido Puigdemont, que lidera la lista Junts per Catalunya). El expresident ha planificado una campaña a distancia en la que se dirige a su electorado a través de las redes sociales, en entrevistas o mediante videoconferencias y en la que en los últimos días ha repetido un mensaje: le “encantaría” hacer campaña en Cataluña, pero no lo hace para no alejarse de Bélgica (de donde hasta ayer tenía prohibida la salida sin permiso) por si el juez de ese país le reclama.


El magistrado Pablo Llarena usó ayer este argumento a su favor. Según el juez, la decisión de retirar las órdenes europeas e internacionales de detención no genera ningún perjuicio a Puigdemont y los exconsejeros fugados porque se opusieron a que Bélgica ejecutara la euroorden y, además, habían dicho que les gustaría volver a Cataluña. “Eso es lo que esta resolución les aporta”, concluye Llarena.

 

El auto del Supremo va a obligar a Carles Puigdemont a replantearse sus planes de defensa, que le llevaron a viajar a Bélgica tras conocer que la Fiscalía iba a querellarse contra todo el Govern y confiar en que la justicia de aquel país pusiera trabas a las pretensiones de España de actuar contra él. La jugada iba camino de poder salirle moderadamente bien porque las noticias que llegaban al Supremo advertían de que el juez belga podía aceptar solo la entrega a España de Puigdemont por malversación y desobediencia, pero no por rebelión, el más grave de los delitos que se le atribuyen al expresident y los exconsejeros y el que vertebra la causa abierta en el Supremo contra los líderes independentistas.


Ese era el temor de España desde que se pidió la colaboración de Bélgica para detener a Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí. El delito de rebelión no tiene un equivalente exacto en el código penal belga y, aunque la fiscalía de ese país pidió que se entregara al expresident por este delito, el juez podía rechazarlo. En ese caso, el juez de Bruselas podría ordenar la entrega a España de Puigdemont y los cuatro exconsejeros por otros delitos, como el de malversación o desobediencia, pero no por el de rebelión, lo que impediría a la justicia española actuar contra el expresidente por rebelión.

 


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