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IUSPORT
2 de diciembre de 2017

EDITORIAL: Por un "artículo 155" para el deporte español

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España, y esto es extensible a las Comunidades Autónomas, no puede aplazar por más tiempo una reforma del régimen electoral de las federaciones deportivas.

 

Aunque el asunto es viejo, nos parece que el sistema electoral vigente en España para las federaciones deportivas hace aguas.

 

Tenía que producirse un escándalo como el de la Operación Soule para que el tema sonrojara a los principales dirigentes, políticos y deportivos, de nuestro país.

 

IUSPORT ha sondeado la opinión de varias personalidades del deporte español, a nivel público y privado, y todos coinciden en que el auto del juez Pedraz de julio pasado ha supuesto un punto de inflexión que no puede pasarse por alto.

 

Y es que esa actitud, la del "laissez faire, laissez passer", es la que ha predominado hasta la fecha. Pasamos del "ancien régime" español (dictadura de Franco) a la democracia, trasladando al deporte los mismos defectos del estamento político en cuanto a régimen electoral.

 

Todos hemos mirado hacia otro lado durante décadas ante un sistema electoral mediatizado por el clientelismo, más agudizado a medida que se desciende en el escalafón administrativo. Cuanto más pequeño es el municipio más fácil será acceder a la alcaldía a través del sistema de los "favores".

 

Pero llegó el comandante y mandó a parar. El auto del juez Pedraz, más allá de su análisis estrictamente jurídico (no todo lo allí reflejado es delito, pero casi todo sí es moralmente ilícito), es tan demoledor sobre el modo de funcionamiento de las federaciones deportivas en cuanto a deficiente aplicación del principio constitucional de la "democracia interna", que ya nadie puede mirar para otro lado.

 

Sobre todo cuando, ni queriendo, puede eludirse esta afrenta colectiva del deporte español, y de España, a nivel internacional. Los nuevos canales de transmisión de la información impiden ponerle puertas al campo.

 

Muchos nos han preguntado por qué ahora y no antes. Pues, porque hacía falta que se dieran dos condiciones que hasta ahora no habían coincidido:

 

a) Que la situación fuese denunciada por una institución de credibilidad incontestable (en este caso la Audiencia Nacional).

 

b) Y que afectase a una institución deportiva de primer nivel, de carácter público o semipúblico.

 

El voto por correo en el Real Madrid

 

Hay un precedente que podría haber movido las voluntades, y así lo vaticinamos sin éxito en IUSPORT.

 

Ocurrió en las elecciones al Real Madrid de 2006. Una sentencia de febrero de 2007, firmada por la juez de Primera Instancia número 47 de Madrid Milagros Aparicio, declaró la nulidad de los votos por correo emitidos en las elecciones a la presidencia del club blanco, al concluir la "falta del mínimo control" en cuanto a la identificación del votante y la ausencia de medidas de seguridad y custodia de los sufragios.

 

En junio de 2007 publicamos en IUSPORT que aquella sentencia podía tener efectos expansivos hacia el conjunto del deporte, pero los hechos demuestran que esos efectos aún no se han notado totalmente.

 

En todo caso, esto ocurrió en el ámbito de los clubes, un sector privado puro, a diferencia de las federaciones deportivas, que, además de entidades privadas, ejercen por delegación, ope legis, determinadas funciones públicas.

 

El Gobierno se pone las pilas

 

Tras este caso, el Consejo Superior de Deportes se puso las pilas y anunció un proyecto de Orden Ministerial sobre los procesos electorales en las federaciones españolas a celebrar en 2008 que incidía en la cuestión.

 

La nueva regulación del voto por correo debía establecer grandes restricciones para el voto por correo, pero lo que consiguió fue que aumentara la tensión entre el CSD y la RFEF, hasta el punto de que el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, declaró que la nueva orden ministerial española "podría constituir una injerencia de las instituciones políticas en la autonomía de gestión del deporte".

 

Recuérdese que en el año 2008, el Gobierno desistió de "apretarle las tuercas" a Villar en cuanto a la fecha de las elecciones, que debieron celebrarse en el primer semestre del año, después de que este sacara pecho al ganar la selección la Eurocopa. Nadie se atrevió a toserle a Villar, y así estuvimos hasta que Miguel Cardenal, que llegó al CSD en 2011, lo volviese a intentar y le costó el puesto, como ya hemos comentado.

 

Queremos decir con esto que el Gobierno español, como los del resto del mundo, salvo las grandes potencias, tampoco lo ha tenido fácil. Aún en estos días nos enteramos de advertencias de la FIFA a diversos países, con excluirlos de las competiciones internacionales si sus gobiernos no desisten de nuevas regulaciones sobre su federación de fútbol.

 

Pero el FIFAgate, que estalló en 2015, debilitó a la FIFA. Esto se ha demostrado ya en España. Gianni Infantino se negó reiteradamente a la petición de Villar de amenazar a España si el Gobierno seguía con sus "injerencias".

 

La FIFA mide ahora los pasos que da en este sentido y por el momento los limita a los países "pobres", deportivamente hablando.

 

Es el auto de Pedraz el que impide mirar hacia otro lado

 

Y en esto llega el juez Pedraz. Leerse el auto del Juez es como estar ante un "manual de lo que un presidente de Federación, o aspirante, no debe hacer".

 

Ha llegado, pues, el día "D". El Gobierno debe coger el toro por los cuernos. Es inaplazable. Y nada mejor para ello que aprovechar la reforma de la Ley anunciada por José Ramón Lete.

 

Es la oportunidad perfecta para acometer la implementación de un sistema con verdaderas garantías. Un sistema que concrete los elementos esenciales de los procesos electorales federativos, incluida la moción de censura, y delimite con claridad los supuestos de intervención pública en dichas elecciones.

 

Y dentro de esa esfera pública de intervención, sugerimos se implemente una suerte de "articulo 155" en el deporte. La reforma legal debería habilitar al Gobierno, previo informe del TAD, a que convoque directamente elecciones federativas en supuestos extraordinarios, y para el nombramiento de comisiones gestoras externas e independientes hasta las siguientes elecciones.

 

El porqué de que sea con una norma de rango legal? A así lo ha dejado de claro el titular del Juzgado Central en el auto de julio. Ni un decreto ni mucho menos una orden ministerial ostentan el rango suficiente para ello. Debe ser una ley la que así lo establezca. Allí, en el Parlamento, donde están representados todos los españoles, es donde debe definirse este nuevo régimen electoral.

 

El caso de la RFEF ha sido, pues, el segundo supuesto que tenía que darse para que el asunto adquiriera la condición de inaplazable. Adelante, pues.

 

TEXTO ÍNTEGRO EL AUTO DEL JUEZ PEDRAZ

 

CRONOLOGÍA DE LA NORMATIVA EN MATERIA ELECTORAL FEDERATIVA

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