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Juan Balaguer
25 de noviembre de 2017

Sobre la resolución del TAD en el recurso de revisión por las elecciones de la RFEF

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[Img #57342]En su resolución, el TAD considera que debe estimarse el recurso extraordinario de revisión formulado por el Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes, declarando que el proceso electoral de la RFEF debería repetirse en su integridad. Basa el TAD su conclusión en al Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional de 27-07-2017 que, según el TAD, refleja determinados hechos que califica como objetivos. Antes declara que el CSD, y en nombre del mismo su Presidente, está legitimado para plantear dicho recurso.

 

Debo discrepar, respetuosamente, por los siguientes motivos:

 

1º.- En cuanto a la legitimación activa del CSD.

 

El TAD sostiene que el CSD se haya legitimado al amparo de lo dispuesto en el artículo 8,s) de la Ley 10/1990 del Deporte: "Son competencias del Consejo Superior de Deportes las siguientes:s) Velar por la efectiva aplicación de esta Ley y demás normas que la desarrollen ejercitando al efecto las acciones que proceden así como cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de los fines y objetivos señalados en la presente norma".

 

Entiendo que la interpretación del TAD ha sido excesivamente extensiva y forzada, puesto que en primer lugar el citado precepto habla del ejercicio de acciones y no alude a la formulación de recursos administrativos ni judiciales, y en segundo lugar, la misma Ley 10/1990, en su artículo 84.1 señala que "El Tribunal Administrativo del Deporte es un órgano de ámbito estatal, adscrito orgánicamente al Consejo Superior de Deportes que, actuando con independencia de éste..." y planteando el CSD recursos frente a resoluciones del TAD viene a cuestionar en definitiva sus decisiones, lo que no parece compatible con el principio de actuación independiente de ambos órganos.

 

Se sienta además un precedente peligroso al quedar abierta la posibilidad de que el CSD, utilizando la "legitimación genérica" tendente a velar por la efectiva aplicación de la Ley del Deporte y demás normas que la desarrollan, pueda recurrir todas las resoluciones del TAD, tanto disciplinarias, como en materia electoral, ya sea en vía administrativa como en la judicial.

 

2º.- En relación con los hechos y conclusiones reflejados en el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional.

 

No comparto la decisión del TAD  al basarse en hechos reflejados en un Auto de medidas cautelares de un procedimiento penal que nunca pueden alcanzar la categoría de objetivos al poder ser contradichos o anulados a lo largo del proceso penal, todavía en fase de instrucción.

 

Además, utilizarlos como hechos objetivamente ciertos sin que en el proceso penal hayan podido utilizar los investigados sus medios de defensa para combatirlos, ni haber sido juzgados, ni existir Sentencia condenatoria firme, no pueden ser esgrimidos ahora en su contra (Sr. Villar), lo que supondría un juicio anticipado sin haber podido impugnarlos en un proceso administrativo como el de revisión en el que no es posible hacerlo. Hay que tener en cuenta que una revisión basada en una falsedad de documentos sólo puede ser factible si se ha declarado en Sentencia penal firme (artículo 125.1.c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

 

Y en este caso para dar certeza objetiva a los hechos reflejados en el Auto penal cautelar habría que esperar a una Sentencia penal firme en dicho proceso. En el caso del Sr. Villar, entiendo que se vulnera incluso su derecho fundamental de presunción de inocencia (artículo 24.2 de la CE) al utilizar hechos objeto de controversia penal no concluida con sentencia firme, en plena instrucción y sin la certeza de que dicha base fáctica y sus conclusiones vaya a resultar definitivamente tal y como ya ha anticipado el TAD.

 

El Sr. Villar tendrá abierta, en mi opinión, la vía jurisdiccional contencioso-administrativa frente a una posible estimación final del recurso de revisión, que podrá basar incluso en la infracción de derechos fundamentales, a tramitar mediante el procedimiento especial y preferente regulado en el Capítulo I, del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, planteando, como medida cautelar, la suspensión de la resolución recurrida y paralizando con ello la supuesta nueva celebración de elecciones en la RFEF.

 

Debe tenerse en cuenta también, como criterio interpretativo favorable al argumento que vengo defendiendo, lo que dispone igualmente el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, en su apartado d): "1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme".

 

Si hay que esperar a que una Sentencia que declare la prevaricación, el cohecho, la violencia, la maquinación fraudulenta u otra conducta punible en que hubiere incurrido una resolución administrativa, adquiera firmeza, más razón habrá para que sea necesario esperar a la firmeza de la Sentencia que ponga fin al proceso penal sobre los hechos y conclusiones en que se basa el TAD y que vienen recogidos en un Auto de medidas cautelares dictado en fase inicial e indiciario, de instrucción.

 

Madrid, 25-11-2017.

 

Juan Balaguer (Abogado. Derecho Deportivo)

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