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Redacción de Iusport
14 de noviembre de 2017

Padrón también pide al Juez que le restituya en la presidencia de la Federación Tinerfeña

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Juan Padrón y Ramón Hernández Baussou, presidente y secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol, respectivamente, han impugnado ante la Sala de lo Contencioso-Adminstrativo el acuerdo del Comite Canario de Disciplina Deportiva de 20 de julio por el que se les incoó expediente disciplinario y fueron suspendidos de forma cautelar y provisional de sus cargos.

 

Ambos se ven inmersos en la investigación que lleva el juez Santiago Pedraz, por el caso de corrupción en torno al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar. Tanto Villar como Padrón, también vicepresidente (?) de la RFEF, y Hernández Baussou, fueron detenidos, si bien días después quedaron en libertad tras pagar sendas fianzas de 300.000 y 100.000 euros, respectivamente.


El Comité Canario de Disciplina Deportiva, tras dejar constancia de los antecedentes del hecho en cuestión, y estudiar el caso, decidió, al igual que se hiciera a nivel estatal con Villar, "incoar expediente disciplinario" a Juan Padrón y Hernández Baussou.


Asimismo, dicho comité acordó "suspender de forma cautelar y provisional a los dos expedientados a resultas de lo que se acuerde en las diligencias penales actualmente en curso". "Si se acordare el archivo de las mismas o recayese condena penal, este Comité adoptará la resolución que corresponda en Derecho".

 

Pues bien, IUSPORT ha sabido que ambos han recurrido dicha suspensión cautear ante la Sala de lo Contencioso, a la que piden el alzamiento de la medida cautelar adoptada por el Comité Canario. En el referido recurso (mediante OTROSÍ DIGO), exponen que, "al amparo de lo dispuesto en los artículos 129 y siguientes de la LJCA, y al objeto de asegurar la efectividad de la Sentencia que recaiga en este procedimiento, formulamos SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR consistente en la SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA PROVISIONAL adoptada por la administración demandada en la resolución de referencia, ..."

 

En el recurso alegan, entre otros motivos, que "el Acuerdo adoptado infringe lo dispuesto en el artículo 41.2 del RD 1591/92 sobre Disciplina Deportiva, pues es evidente que no se ha tenido en cuenta su aplicación imperativa en nuestro caso concreto. Como se sabe, el apartado 2 de dicho precepto establece que: ''No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar p eryuicios irreparables ". El mandato es claro: medidas provisionales sí, pero siempre y cuando con ellas no se causen perjuicios irreparables en el futuro, ya que de lo contrario éstas se considerarían excesivas y tendrían un alcance punitivo en cuanto al exceso, circunstancia esta totalmente prohibida (SSTC 108/1984; 104/1995, entre otras). En este sentido, podemos afirmar que nuestro caso es un ejemplo paradigmático de lo que buscaba proteger el legislador cuando estableció esa limitación".

 

Y añaden: "...se ha tomado la decisión de suspender de forma cautelar y provisional a mis representados, sin tener en cuenta que con ello se les está sancionado ya anticipadamente y, lo que es peor aún, se les está infligiendo un daño de imposible reparación futura, toda vez que  se les  inhabilita sine die hasta que se resuelva el proceso penal en el que están inmersos, el cual, como es bien sabido por público y notorio, durará varios años hasta que finalice mediante sentencia firme (seis o siete años como mínimo); tantos que es más que probable que estén suspendidos de forma cautelar durante más tiempo incluso del que se prevé en la Ley Canaria del Deporte (LCD) para castigar los hechos por los que se les ha abierto expediente sancionador"

 

"Por otra parte, el hecho de que el Comité acoja  sin  más, como verdad absoluta, el auto de fecha 20 de julio de 2017 dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, para fundamentar sobre los hechos expuestos en dicha resolución la necesidad de la medida provisional adoptada, supone tanto como elevar a la categoría de hechos probados en la fase de investigación, lo que no dejan de ser meros indicios inculpatorios que deberán ser siempre y en todo caso  acreditados  en  el juicio oral correspondiente; conducta esta que, no solo es contraria a derecho, pues vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia previsto en el art. 24.2 de la CE, sino que, además, es contraria al más elemental sentido común ..."

 

El recurso añade que "El Comité, al adoptar esa medida cautelar con fundamento en los hechos expuestos por el mencionado  auto  de la AN, está dando por probado uno hechos que en  modo  alguno  se  han demostrado que sean ciertos porque, precisamente, estamos en una fase del procedimiento en la que, como hemos dicho ut supra, esa afirmación es jurídicamente imposible. Es por ello por lo que estamos en disposición de afirmar que no se está respetando el derecho fundamental a la presunción de inocencia que consagra el art. 24.2 de la Constitución Española . Derecho que, como se sabe, consagra que todo ciudadano que se vea sometido a un procedimiento sancionador (ya sea penal o administrativo) debe ser considerado siempre inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio justo y con todas las garantías legales".

 

El recurso concluye alegando ante la Sala que "en el presente supuesto, entendemos que se cumplen de forma clara los presupuestos legales exigidos para que se acuerde la medida cautelar consistente en suspender de forma inmediata la medida provisional adoptada por el Comité Canario de Disciplina Deportiva, pues como ya hemos explicado más arriba, de mantener e la medida provisional de suspensión de funciones a resultas de los que finalmente se decida en el proceso penal, se le estaría causando con ello a mis mandantes un daño de imposible reparación futura, dado que es evidente que se les estaría sancionado ya anticipadamente, con lo que carecería de sentido alguno la resolución que finalmente se dictase en el procedimiento principal".

 

Villar hizo lo propio

 

El pasado día 10 informamos en IUSPORT que el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, había impugnado en la vía Contencioso-Administrativa el acuerdo de la Comisión Directiva del CSD del pasado 25 de julio, por el que fue suspendido por tiempo de un año.

 

Este recurso era previsible, pero Villar no se ha limitado a impugnar la suspensión. Además de ello, ha solicitado la adopción de medidas cautelares contra dicha medida, como ahora han repetido Padrón y Hernández.

 

Recuérdese que el dirigente vasco está imputado por el juez Santiago Pedraz por presuntos delitos de corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y alzamiento de bienes, pero, tampoco se olvide, la causa está en fase de instrucción. Villar entiende que está perfectamente legitimado jurídicamente (moralmente es otra cosa) para retomar el pleno ejercicio de la presidencia de la RFEF. Lo contrario, sostiene, sería de privarle de un derecho constitucional (al cargo) sin que medie condena penal ni sanción administrativa que le incapacite para el cargo.

 

De ser estimada su petición de cautelares, Ángel María Villar podría, por tanto, volver a ejercer sus funciones como presidente de la Federación Española de Fútbol.

 

El CSD actúa en paralelo

 

En paralelo a estas acciones legales de Villar y de Padrón está la emprendida recientemente por el Consejo Superior de Deportes, que presentó recientemente un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte solicitándole que anule el proceso electoral celebrado en la RFEF.

 

Con fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo el Deporte resolvió varios recursos interpuestos contra la resolución de 30 de abril de 2017 de la Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol, que proclamó los resultados definitivos de la jornada electoral celebrada el 27 de abril de 2017 para la elección de la Asamblea de la citada Federación Española.

 

En virtud de dicha resolución se acordó desestimar los recursos planteados por Jorge Pérez y por Óscar Garvín, presidente del Club Atlético de Pinto, e inadmitir los formulados por  Eduardo Herrera Jiménez, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y por Óscar Fle Latorre, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol.

 

Finalmente, pese a haberse recurrido dicha resolución del TAD ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de Jorge Pérez y Óscar Garvín, aún pendiente de resolución, y tras estallar la operación Soule, con fecha 10 de octubre el presidente del CSD presenta recurso extraordinario de revisión contra la misma resolución.

 

Por qué se acude al recurso extraordinario de revisión

 

El CSD "interesa la revisión de una resolución que ha adquirido firmeza por entender que concurre la circunstancia señalada en el apartado b) del citado artículo 125, ya que ha aparecido documentación de valor esencial para la resolución del asunto que fue decidido por ese órgano y que evidencia el error de la resolución recurrida, como se fundamenta más adelante. El recurso se interpone dentro del plazo previsto por el artículo 125.2 de la Ley 39/2015, ya que no han trascurrido tres meses desde que se ha tenido conocimiento del Auto y del resto de documentación que obra en el sumario que instruye el Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional."

 

Legitimación activa del CSD

 

Este es un punto clave del recurso, ya que la mayoría de los juristas consultados por IUSPORT coinciden en que el CSD carece de legitimación activa para interponer este recurso.

 

No obstante, el TAD tramita simultáneamente otros recursos en la misma línea, como el auspiciado por Proliga, a través del Club Pinto, donde no podrá cuestionarse la legitimación activa del recurrente.

 

No es dificil predecir que el TAD acumulará todos los recursos extraordinarios citados.

 

Estos son los argumentos alegados por el CSD para justificar su legitimación a la hora de interponer el recurso.

 

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