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José Miguel Fraguela
10 de noviembre de 2017

Villar pide al Juez que le restituya "cautelarmente" en la presidencia de la RFEF

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El presidente de la RFEF, Ángel María Villar, ha impugnado en la vía Contencioso-Administrativa el acuerdo de la Comisión Directiva del CSD del pasado 25 de julio, por el que fue suspendido por tiempo de un año, según informa Ladislao J. Moñino en El País.

 

Este recurso era previsible, pero Villar no se ha limitado a impugnar la suspensión. Además de ello, ha solicitado la adopción de medidas cautelares contra dicha medida.

 

Según el medio citado, Villar realizó la petición de las citadas medidas la semana.

 

Recuérdese que el dirigente vasco está imputado por el juez Santiago Pedraz por presuntos delitos de corrupción entre particulares, apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y alzamiento de bienes, pero, tampoco se olvide, la causa está en fase de instrucción. Villar entiende que está perfectamente legitimado jurídicamente (moralmente es otra cosa) para retomar el pleno ejercicio de la presidencia de la RFEF. Lo contrario, sostiene, sería de privarle de un derecho constitucional (al cargo) sin que medie condena penal ni sanción administrativa que le incapacite para el cargo.

 

De ser estimada su petición de cautelares, Ángel María Villar podría, por tanto, volver a ejercer sus funciones como presidente de la Federación Española de Fútbol.

 

Lo esencial del recurso de Villar

 

Pedro Cifuentes ha publicado en El Español lo esencial del recurso de Villar. El recurso de 42 páginas, al que ha tenido acceso dicho medio, Villar acusa al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de “fraude de ley” y de generar indefensión a su representado; califican las resoluciones del TAD y el CSD de “manifiestamente nulas” y solicitan la medida cautelar consistente en revocar la suspensión decretada por un año el pasado mes de julio.


Los argumentos de Villar son, en resumen, los siguientes:


1.- Falta de motivación

 

El primero es que ni en la apertura de expediente sancionador por parte del TAD (24 de julio) ni en el acuerdo de la Comisión Directiva del CSD (un día después) que decretó su suspensión se determinan los hechos que la motivaron, haciéndose referencia únicamente a “abundantes indicios de una posible utilización incorrecta de fondos federativos” e “indicios racionales de la posible comisión de infracciones disciplinarias” en el sumario, sin mayor concreción. (Un hecho que contravendría el artículo 64.2.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común).


“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, reza el documento: “La jurisprudencia es unánime en considerar nulos de pleno derecho los acuerdos de incoación de un procedimiento sancionador en los que no constan los hechos imputados, como es nuestro caso [...] Vicia todo el proceso”.


2.- Las escuchas telefónicas y correos electrónicos no pueden utilizarse en un procedimiento administrativo


El segundo argumento es que los hechos recogidos en el auto penal por el que se arrestó y encarceló preventivamente a los Villar en julio fueron en gran parte obtenidos mediante escuchas telefónicas y correos electrónicos: “Diligencias limitativas de derechos fundamentales”, se afirma en el recurso, “que en modo alguno pueden utilizarse en un procedimiento administrativo”. Esto, según los abogados de Villar, ha sido rechazado de plano por la jurisprudencia en numerosas ocasiones y “vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones”. (El proceso penal contra Villar y otros cuarenta imputados federativos está en fase de instrucción; ningún hecho ha sido declarado como probado).


3.- Un miembro de la Comisión Directiva del CSD está imputado


El tercer argumento. Un miembro de la Comisión Directiva del CSD que firmó la suspensión de Villar, Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo (FET), está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental. Fue arrestado en junio de 2016 por esos hechos. Pues bien: Castellanos no sólo no ha sido suspendido como presidente de la FET, sino que tampoco ha sido excluido de esa Comisión Directiva. “Ni siquiera”, concluye el escrito, “se abstuvo para tomar la decisión de suspender/inhabilitar a Villar”.


4.-¿Por qué tardaron casi dos años en instar un procedimiento sancionador?


Por último, los abogados destacan que el CSD conocía las prácticas presuntamente delictivas de Villar desde hace dos años exactos, cuando el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, entregó un informe con supuestas irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción. José Ramón Lete fue informado el mismo día de su toma de posesión. “¿Por qué tardaron casi dos años en instar un procedimiento sancionador?”, se preguntan retóricamente los letrados.


Conclusión


Su conclusión es que el expediente fue incoado “únicamente para poder suspender al presidente de una federación, siendo además ese expediente suspendido en el momento en que se acuerda su inicio” (puesto que inmediatamente se subsumió en el proceso penal y dejó de tener utilidad).


“Parece responder más a una situación mediática -con la aplicación mediática a su vez de medidas cautelares penales- que a una justificación real, fáctica, jurídica y temporal de ese modo de actuar [...] Y ello permite apuntar que la actuación del TAD se produjo con la única intención de esa suspensión cautelar, lo que evidencia desviación de poder”, concluye el recurso de Villar, según relata El Español.

 

El CSD actúa en paralelo

 

En paralelo a esta acción legal de Villar está la emprendida recientemente por el Consejo Superior de Deportes, que presentó recientemente un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte solicitándole que anule el proceso electoral celebrado en la RFEF.

 

Con fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo el Deporte resolvió varios recursos interpuestos contra la resolución de 30 de abril de 2017 de la Comisión Electoral de la Real Federación Española de Fútbol, que proclamó los resultados definitivos de la jornada electoral celebrada el 27 de abril de 2017 para la elección de la Asamblea de la citada Federación Española.

 

En virtud de dicha resolución se acordó desestimar los recursos planteados por Jorge Pérez y por Óscar Garvín, presidente del Club Atlético de Pinto, e inadmitir los formulados por  Eduardo Herrera Jiménez, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y por Óscar Fle Latorre, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol.

 

Finalmente, pese a haberse recurrido dicha resolución del TAD ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de Jorge Pérez y Óscar Garvín, aún pendiente de resolución, y tras estallar la operación Soule, con fecha 10 de octubre el presidente del CSD presenta recurso extraordinario de revisión contra la misma resolución.

 

MAS INFO: Los argumentos alegados por el CSD para justificar su legitimación a la hora de interponer el recurso.

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