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Javier Rodríguez Ten
23 de octubre de 2017

Deporte, artículo 155 y DUI

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La activación del procedimiento para la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno incrementa las dudas ya existentes sobre el escenario en que se encontraría el deporte catalán ante una hipotética declaración unilateral de independencia (DUI), en función de los acontecimientos que se puedan producir desde ambas partes.

En el presente trabajo pretendemos aportar nuestro parecer, estrictamente jurídico pero con un lenguaje sencillo (pese a lo enrevesado del asunto) y con una extensión reducida, a las numerosas consultas que están llegando a IUSPORT sobre el particular. Recomendamos también la lectura del comentario de Alfredo Olivares (acceder aquí), y de algunos otros que se vienen produciendo en este y otros medios para disponer de una visión plural, dado que no nos encontramos ante una cuestión de "blanco o negro", sino que existe toda una escala de grises.

 

1.- ¿Cuál es la situación del deporte catalán a día de hoy, 23 de octubre?

 

En términos generales, la misma que a principio de la temporada 2017-18, toda vez que la declaración de independencia aparentemente no se ha producido y que la eficacia de las medidas propuestas al amparo del artículo 155 de la Constitución se difierenhastasu probableaprobación (dado el juego de mayorías existente) por el Senado.

 

En el ámbito internacional, en la gran mayoría de Federaciones deportivas internacionales (las más importantes) Cataluña sigue estando presente a través de las federaciones deportivas españolas, que son las representantes del Estado al que pertenecen. Ello, sin perjuicio de que Cataluña forme parte, directamente y a través de algunas Federaciones deportivas catalanas, como miembro de pleno Derecho de determinadas Federaciones y Asociaciones internacionales deportivas (minoritarias) en las que España generalmente no se encuentra integrada. El Comité Olímpico Catalán no se encuentra reconocido por el COI, toda vez que el único representante de Cataluña y resto de Comunidades Autónomas es el Comité Olímpico Español.

 

En el ámbito estatal, las competiciones nacionales siguen desarrollándose normalmente, organizadas por las dos Ligas profesionales y por las Federaciones deportivas españolas, aunque algunas de ellas (como, por ejemplo, la tercera división de fútbol) se gestionen, por delegación, por las federaciones deportivas catalanas. Una delegación que en cualquier momento podría revocarse.

 

En el ámbito autonómico, las competiciones deportivas autonómicas catalanas, organizadas por las federaciones deportivas catalanas, se desarrollan con normalidad, a salvo de la suspensión de bastantes partidos el pasado 1 de octubre, encuentros que deberán recuperarse en la forma en que se establezca por cada una de ellas.

 

Por tanto, a día de hoy, pese al complicado panorama socio-político, los clubes/jugadores/árbitros/técnicos catalanes, adscritos a las Federaciones deportivas catalanas y/o españolas, disputan con normalidad las competiciones autonómicas, nacionales e internacionales, y de igual modo los deportistas catalanes forman parte de las selecciones autonómicas de Cataluña y también de los combinados nacionales españoles cuando son convocados a tal efecto. Recordemos que si bien la adscripción de federaciones y clubes catalanes a las federaciones españolas es voluntaria, los deportistas pueden ser objeto de durísimas sanciones (incluso suspensión de licencia de dos a cinco años) en el supuesto de no acudir injustificadamente a las convocatorias de las selecciones (artículos 14.f y 21 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina deportiva).

 

2.- ¿Qué pasaría con el deporte catalán si se activaran las medidas propuestas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución?

 

La asunción por parte del Gobierno de España del control de los diferentes departamentos de la Generalitat introduce elementos que podrían influir en la estructura y funcionamiento del deporte catalán.

 

Así, el documento elaborado por el Gobierno (ver aquí) prevé el cese del presidente de la Generalitat y el de los Vicepresidentes y Consejeros, respetandode manera general el funcionamiento ordinario del resto de niveles de la Administración autonómica. En estos segundos e inferiores niveles se enmarcan la Secretaría General del Deporte (SecretariaGeneral de l’Esport) y el Consejo Catalán del Deporte (Consell Català de l’Esport), que aglutinan funciones que en el ámbito estatal corresponden al Consejo Superior de Deportes.

 

Dado que la Secretaría General y el Consejo se encuentran adscritos al Departamento de Presidencia, al menos en un primer momento mantendríansus presidentes y cargos directivos, sus organigramas y sus facultades, si bien sus relaciones con el Departamento de adscripción pasarían a desarrollarse con quien asumiera las competencias de éste desde el Gobierno Central. Partiendo del reparto funcional existente en el ámbito estatal, es obvio que la tutela del deporte hacia el Departamento de Presidencia se ejercería desde el organismo autónomo Consejo Superior de Deportes, incluso sin pasar por el filtro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pudiendo a tales efectos depender funcionalmente del Ministerio al que se encomiende la tutela o asunción de competencias del Departamento de Presidencia. Recordemos que aunque el Ministro lo es de las tres áreas, en el caso del deporte la atribución de facultades sobre el deporte al CSD es directa, la vinculación es una mera adscripción orgánica, no se trata de un órgano propio ni de una Secretaría de Estado como tal (es más, en el pasado ya estuvo adscrito durante un tiempo a Presidencia del Gobierno y no a Educación/Cultura).

 

Aparentemente, Secretaría y Consejo estarían bajo la potestad del órgano o autoridad designado para ejercer las funciones del Departamento de Presidencia, que previsiblemente se serviría del CSD para lo referente al ámbito del deporte catalán. Conforme al documento difundido por el Gobierno de España, uno y/u otro podrían dictar disposiciones y actos de obligado cumplimiento, someter a autorización previa determinadas actuaciones, nombrar/cesar/sustituir temporalmente al Secretario General del deporte y al Presidente del Consejo Catalán del Deporte (así como a otros cargos directivos) y/o exigir de aquéllos y de los funcionarios y personal laboral responsabilidad disciplinaria, penal y contable. Que no es poco.

 

Dicho esto, es importante realizar una referencia al alcance y las posibles repercusiones sobre las Federaciones deportivas catalanas, pieza esencial en la gestión del deporte. Y el punto de partida es que la legislación deportiva catalana no sigue estrictamente el modelo estatal (mayoritariamente seguido por las Comunidades Autónomas), puesto que aunque la Ley catalana del deporte (Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el texto único de la Ley del deporte de Cataluña) y el Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de entidades deportivas de Cataluña mantienen la naturaleza privada de éstas no incorpora una atribución expresa de potestades públicas delegadas, limitándose a establecer que desarrollan su actividad y funcionesen coordinación con la Generalitat, pudiendo suscribir convenios de colaboración con ésta y con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC). Cabe cuestionar por tanto si ejercen funciones públicas delegadas o si su funcionamiento es regulado pero de naturaleza privada, pese a estar sujetas a una regulación muy intervencionista y al control del Tribunal Catalán del Deporte (Tribunal Català de l’Esport, equivalente al Tribunal Administrativo del Deporte del ámbito estatal) en materia electoral, disciplinaria y competicional.

 

En este sentido, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, núm. 1/2013, de 7 de enero, “las federaciones deportivas catalanas, si bien tienen naturaleza jurídica privada y no forman parte de la Administración, ni siquiera de la Corporativa, tampoco son entidades o asociaciones privadas strictu sensu como se afirma en el recurso y ello con independencia que el Decreto Legislativo catalán en su artículo 17, y a diferencia del artículo 30.2 de la Ley estatal 10/1990, no diga en forma expresa que ejercen funciones públicas por delegación”. Continuaba su exposición el TSJ de Cataluña recordando que la STSJC, Sala de lo Contencioso Administrativo, núm. 180/2007, de 12 de marzo, expresamente afirmaba que “las federaciones (catalanas) en el ámbito disciplinario ejercen funciones públicas”. Asimismo el TSJ hacía referencia a la Sentencia de la misma Sala de 17 de mayo de 2012, en la cualse afirmaba “la competencia del orden contencioso administrativo para la resolución de las cuestiones electorales de las federaciones deportivas catalanas”. Pero una cosa es ejercer funciones públicas y otra que exista un órgano público que controle el ejercicio de determinadas funciones o actos. No obstante, a partir de dichas circunstancias, de la facultad de inspección prevista en el Decreto Legislativo 1/2000  y de las atribuciones que expresamente asume en materia de deporte la Generalitat en el artículo 134.1 del Estatuto de Autonomía, la existencia de funciones públicas administrativas delegadas parece implícita aunque no se pueda concretar expresamente (el Estatuto reitera competencias para regular, desarrollar planificar... en casi todos los apartados en que se desglosa el artículo 134.1, a salvo del apartado "a" en el que se habla de "ejecución"), al menos no con la claridad y positivización que utiliza la normativa estatal, siguiendo la célebre sentencia 67/1985 del Tribunal Constitucional; . Y esta circunstancia es muy importante, porque de ella dependerá la obligación de las federaciones deportivas de cumplimentar de manera inmediata los mandatos del titular de las potestades (la Generalitat, reemplazada por el Gobierno central) o la necesidad previa de incorporar dichos mandatos a una disposición normativa (Ley catalana del deporte, Decreto de entidades deportivas…) para que sean vinculantes, más allá de las potestades de inspección y sanción existentes.

 

Cuestión diferente es que alguna federación deportiva catalana pueda notificar o solicitar voluntariamente la desintegración de la Federación española, en cuyo caso, si la petición se ha formulado en la forma estatutariamente prevista (entendemos que sería preciso el acuerdo de la Asamblea General), aquélla debería admitirla y a partir de ahí, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 10/1990, habilitar una delegación territorial para que todos aquellos clubes, deportistas, entrenadores y árbitros catalanes que quieran seguir formando parte de las competiciones estatales e internacionales, o participar en una competición que dé derecho a participar en unas u otras, puedan hacerlo o seguir haciéndolo, si bien prescindiendo de la oficialidad en el ámbito autonómico, que asistiría a la competición oficial catalana.

 

3.- ¿Y si se procede a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, antes o después de la aprobación de la intervención vía artículo 155?

 

Desde la óptica del Gobierno de España, la declaración no sería reconocida y no desplegaría efectos jurídicos en dicho ámbito. Es decir, que el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas españolas, el Comité Olímpico Español... seguirían considerando todo igual, como si nada hubiera sucedido. Como posible singularidad, y por razones de seguridad (aunque también podría habilitarlo un acuerdo de los órganos de Ligas y Federaciones) se podrían suspender los partidos de competición estatal durante alguna/s jornada/s, e incluso se podría decidir que temporalmente los clubes catalanes disputasen sus encuentros fuera de Cataluña (en este sentido, el acuerdo previo sería importante, dado que si no se adoptara expresamente, los clubes que no acudieran a Cataluña a disputar sus partidos serían sancionados por incomparecencia, mientras que si se adoptara dicha decisión, por ejemplo de conformidad con el artículo 204 del Reglamento General de la RFEF, serían los clubes catalanes los sancionados si no acudieran a disputar el partido, como locales, donde designen o se indique).

 

Desde la óptica de Cataluña la independencia sería jurídicamente eficaz, pero con ello no se generarían necesariamente efectos inmediatos, algo que como ya recordó Alberto Palomar en IUSPORT también prevé la Ley de“transitoriedad jurídica” en su artículo 10. El procedimiento de “independencia deportiva”, dirigido a tener reconocimiento en el ámbito internacional, exigiría solicitar la adscripción a las federaciones deportivas internacionales y Comité Olímpico Internacional y pedir (o notificar) la desintegración a las federaciones deportivas españolas, que arrastraría a los clubes, árbitros, jugadores y entrenadores adscritos a las mismas. Las consecuencias dependen del orden en que ello se produzca.

 

Si el movimiento inicial es el de la solicitud de inscripción del Comité Olímpico Catalán y de las federaciones deportivas catalanas en las federaciones deportivas internacionales, manteniendo hasta su admisión expresa la adscripción a las federaciones deportivas españolas (que es lo previsible), todo seguiría desarrollándose "normalmente", porque recordemos que España no reconocería otra cosa (sería admitir la legislación habilitante de la independencia), sin perjuicio de posibles decisiones particulares adoptadas por las Asambleas de las Ligas o Federaciones deportivas españolas, incluso del Consejo Superior de Deportes, de suspensión temporal o desintegración de aquéllas, o inhabilitación de sus directivos,en respuesta a dicho proceder (inhabilitación en el ámbito estatal, pero que podría también instar en el ámbito autonómico el órgano que reemplace al Departamento de Presidencia). Sin embargo, teniendo en cuenta que la Carta Olímpica exige para la admisión en el COI ser Comité Olímpico de un Estado independiente reconocido expresamente por la comunidad internacional (normas 27 y 30), que en las federaciones deportivas internacionales se hace lo propio (así, a modo de ejemplo los Estatutos de FIFA, artículo 11 y definición nº 6, contienen idéntico texto, y los de UEFA, artículo 5, van más allá, indicando que el reconocimiento ha de ser expreso y por parte de Naciones Unidas), las solicitudes no serían atendidas (sin perjuicio de que alguna Federación o Asociación deportiva internacional no contenga dicho requisito en sus Estatutos y por ello pudiera valorar su admisión, que con toda seguridad sería objeto de oposición por parte de la Federación española de la modalidad, de existir).

 

Por ello la otra posible opción, la de un  movimiento previo o simultáneo al del reconocimiento internacional consistente en la solicitud o notificación de desintegración a la Federación deportiva española de alguna Federación catalana, parece bastante descabellado. Y lo es porque generaría que clubes, deportistas, árbitros y entrenadores dejaran de pertenecer y participar tanto en la competición oficial española como en las competiciones internacionales. Existiría una desvinculación de la Federación española reconocida por la internacional, sin contar previamente con la admisión en ésta, dejando en tierra de nadie a sus integrantes (un territorio ubicado en una Federación miembro, pero sin organización gestora integrada) y previsiblemente objeto además de sanciones e incluso de indemnizaciones derivadas de dicha decisión unilateral (por ejemplo, derivados del incumplimiento de los compromisos audiovisuales).

 

En cuanto a las Ligas Profesionales, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que acoge a los clubes catalanes adscritos a la RFEF que han alcanzado la primera o segunda división por mérito deportivo, mantendría a éstos en función de lo que decidiera la RFEF sobre la desintegración (o no) que pudiera solicitar la Federación catalana, si bien la Asamblea podría adoptar decisiones organizativas (como la no disputa de partidos en territorio catalán, por seguridad), disciplinarias (imponer la sanciones a los clubes miembros, si cometieran conductas tipificadas) o corporativas.La Asociación de Clubes de Baloncesto, con sede en Barcelona pero que cuenta con oficinas en Madrid y que por lo tanto podría trasladarse de manera rápida, caso de no hacerlo habría deoptar entre adherirse al nuevo orden independiente (y por tanto, dejar de gestionar el baloncesto profesional español para hacerlo exclusivamente con el catalán, en el marco de la Federación catalana de baloncesto) o mantener su status y continuar gestionando el baloncesto profesional español, siquiera transitoriamente, desde Barcelona, pudiendo darse la paradoja de una desintegración de la Federación catalana y que con ello el ámbito de actuación de la ACB fuera la competición profesional de baloncesto española... sin abarcar Cataluña, el territorio donde está domiciliada (dejando siempre a salvo de la incorporación de los clubes profesionales catalanes de baloncesto a la delegación territorial de la FEB). La Euroliga, dado que es una empresa privada, podría optar por trasladar su sede o por mantenerla en Barcelona, y en este último caso por someterse inicialmente a uno u otro Ordenamiento.

 

En cuanto a los clubes catalanes, quedarían inicialmente sujetos al actuar de la Federación de su modalidad. Dejando de lado la posible apertura de delegaciones territoriales de las Federaciones deportivas españolas a las que podrían adscribirse para mantenerse en las competiciones españolas e internacionales, la opción de un cambio de sede a otra Comunidad Autónoma diferente es materia estatutaria o reglamentaria, una cuestión privada que podría ser factible (recordemos el caso del Granada 74 hace años) y variable en cada Federación deportiva española respecto de sus clubes. Siempre teniendo en cuenta que debería autorizarse por las dos Federaciones autonómicasyla española (que por extraterritorialidad debería otorgar una autorización preceptiva), y que las correspondientes Administraciones autonómicas y la española podrían denegar dicha opción. Todo ello, claro está, a salvo de que se pueda modificar la Disposición Adicional 17ª de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, para acoger a los clubes catalanes que lo deseen a través de las Federaciones españolas, incluso sin instalar una delegación territorial.

 

Javier Rodríguez Ten

Universidad San Jorge

CroweHorwath

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