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Redacción de Iusport
13 de octubre de 2017

Novedad editorial: Régimen de las competiciones de videojuegos. Alberto Palomar y Ramón Terol

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[Img #54371]Acaba de ver la luz otra obra de los prestigiosos juristas del deporte Alberto Palomar y Ramón Terol:  "Régimen jurídico de las competiciones de videojuegos".

 

Del libro extraemos la introducción:


"En un hecho que la sociedad actual se plantea cada día actividades nuevas a las que la regulación jurídica llega, en muchos casos, a posteriori en razón a la propia evolución de la actividad que haya de ser objeto de regulación y a la complejidad
jurídica que acaba presentando la ordenación de la misma.
Por decirlo en términos sencillos, hay actividades que pasan del uso y el ejercicio individual a ser una práctica colectiva, con la presencia de actores muy diversos, en la que pueden aparecer elementos o valores que justifiquen el interés público
en su regulación o por el contrario, ubicarse en el marco de las actividades económicas (o asociativas) en el que se desarrolla la actividad común de esta índole.


En este terreno se puede situar, en la actualidad, la problemática ordenación
jurídica de las actividades relacionadas con los videojuegos cuando trascienden
de la actividad diferente a la individual1. Más en concreto, la práctica de competir
con otros que juegan al mismo videojuego y su generalización, ya que puede
hacerse esto tanto on line como presencialmente, ha traído incluso una nueva
terminología que incluye conceptos como el de gaming, como referencia genérica
a la actividad de competir jugando los videojuegos, y el de gamer para identificar
al jugador, que puede ser incluso profesional. Práctica esta que como veremos
se identifica también con el término ya universalizado de eSports (electronic
sports), con las implicaciones que referiremos.


Las pautas de la transformación operada por la actividad son, relativamente,
sencillas de entender y van desde la concepción inicial en la que el videojuego
es, en realidad, una actividad personal, ligada a la compra de los derechos de
una licencia o del uso de la misma, a una actividad (que sin perder el elemento
central de la utilización de una licencia) se constituye en el soporte de otra más
organizada en la que, primero, se produce una actividad competitiva que, ciertamente,
no es sino la puesta en común de las habilidades en el ejercicio de lo
que es el objeto de la licencia (el videojuego) y, posteriormente, se produce una
organización de la competición que, simultáneamente, introduce otros elementos
adicionales que superan el concepto de utilización individual de la licencia al que
nos referíamos al principio y que permiten la explotación y comercialización de
la propia actividad tanto desde una perspectiva de los medios audiovisuales (clásicos
y modernos) como de industrias ajenas que pueden considerar su actividad
como elemento de soporte (por ejemplo, el juego y las apuestas).
Realmente se trata de entender que esa <<organización>> de la competición
introduce diversos elementos adicionales de análisis y de conformación jurídica
que transforman la concepción inicial de lo que viene a ser única y exclusivamente
disfrutar o <<jugar>> al videojuego.


La organización de la actividad, en términos competitivos o de cualquier otra
índole, introduce nuevos problemas o inseguridades en la propia sociedad que los
utiliza, lo que vuelve de inmediato la vista a la Administración y a la necesidad de
solucionarlos bien con una regulación pública si consideramos que finalmente el
elemento central es el económico, o bien con la identificación de los problemas a
los efectos de una solución de corte asociativa si, por el contrario, consideramos
que el conjunto del entramado organizativo gira sobre la referencia de un vínculo
no profesional para la realización de un actividad u objetivo común.
El primero de los nuevos problemas que se plantean es el relativo a la propia organización
de los eventos competitivos. Se trata, claro está, de una actividad de
servicios (la competición misma) ofertada por una entidad que tiene la condición
de empresa desde una perspectiva puramente económica o comercial ya que su
actividad opera en un mercado, presta servicios a terceros y, eventualmente,
comercializa su propia actividad en mercados adicionales como pueden ser los
de audiovisual y los de juego.


Esa actividad empresarial se presta a priori en régimen de competencia, y se
presenta ante la sociedad como una actividad sujeta a diversas legislaciones en
función de las condiciones de participación, de la actividad que se ofrece y de la
forma de establecer relaciones jurídicas frente al exterior. Es claro, por tanto,
que se trata de una actividad sometida a las reglas que rigen las actividades
económicas, desde una perspectiva, y a las reglas que protegen a los consumidores
y usuarios desde la perspectiva de los que acceden a la práctica de la
actividad misma.


El segundo bloque de problemas –en términos puramente enunciativos y secuenciales-
es la articulación de la participación y los mecanismos jurídicos para
llevar a cabo la misma por parte de los usuarios finales. De esta forma podemos
anticipar que no puede considerarse igual una actividad en la que los participantes
asumen una relación directa con el organizador que aquellos otros en los que
la participación o incorporación a la actividad se produce con la intermediación
de una estructura jurídica diferenciada que asume, a su vez, la articulación, la
ordenación y la presentación de los usuarios individuales.


Esta segunda posibilidad incorpora, a su vez, problemáticas difusas como la
relativa a la relación del participante con la estructura asociativa que le integra
en la “macro-organización” que ofrece el servicio competicional, entendiendo
como decimos de ese modo la competición, en cuanto servicio que se presta.
Estos aspectos puramente introductorios tienen como único objetivo señalar que
la relación jurídica en cuestión va complicándose desde la concepción inicial muy
centrada en el usuario individual que mantiene una relación con el fabricante
o el proveedor del elemento central con el que se realiza la actividad, que es el
videojuego. Es cierto, sin embargo, y no cabe negarlo que esa concepción se sitúa
en un segundo nivel de complejidad y que puede seguir conviviendo naturalmente
con el primer nivel en el que se sitúa la persona que adquiere una licencia de
esquema de relación ni de comercio.


De hecho, la complejidad se ha ido traduciendo, realmente, en la propia existencia
y proyección de los editores de los juegos que no se limitan únicamente a la
elaboración de un producto que se comercializa libremente sino que pueden
llegar a acuerdos para la comercialización con los promotores, y, en general, la
utilización no individual de los juegos que diseñan y licencian.
Esta concepción está muy cercana a la provisión de un servicio al mercado, a la
delimitación de sus características y a la información y, por tanto, a las condiciones
de uso y de garantía que debe tener un producto de estas características. Se
trata, en términos de ordenamiento jurídico, de un sometimiento, de una parte,
a la legislación mercantil en lo que se refiere al contrato de compraventa para
la adquisición del videojuego y a la legislación de consumo en lo que se refiere a
la utilización, garantías, y derechos post venta, entre otros aspectos, del videojuego.
A partir de aquí, las condiciones de utilización no individual se desplazan
al ámbito contractual.

Cuando se supera esta concepción celular o básica y aparece una empresa que
asume la concertación de usuarios individuales (presentados de la misma forma
o incluidos en organizaciones asociativas o empresariales) y la realización de
una actividad (competitiva en cualquiera de sus formas) el proceso se complica
y realmente aparece un servicio frente a terceros.


Es cierto que la definición de esta propia relación jurídica no es sencilla y entran
elementos diversos en su configuración según que la oferta sea lucrativa, abierta,
exclusiva, o mero divertimento, entre otros aspectos.


Este servicio (actividad económica) se plantea en el marco de un mercado diferente
al primigenio del uso individual en el que lo que predomina es la organización
y presentación pública de la actividad que convoca usuarios, patrocinadores,
espectadores o televidentes. Se trata de una oferta de servicios (la organización,
resultados, realización, comercialización) que se sitúa, de nuevo, a caballo entre
la normativa mercantil propia (prestación del servicio) y la garantía del mismo
frente a los que contratan-participan en la actividad, en las condiciones de
participación, etcétera. Es cierto, sin embargo, que esta prestación de servicios
debe, adicionalmente, cumplir con las reglas de organización y de presencia en
los mercados competitivos de forma que ha de cumplir con las reglas de competencia
y sobre competencia desleal.


Esta actividad de servicios es, o puede ser, ciertamente compleja ya que admite
la prestación de servicios como elemento central pero la explotación del servicio
admite, a su vez, formas adicionales como la venta de la imagen del evento, su
comercialización en medios audiovisuales o, incluso, su vinculación a actividades
económicas que toman los hechos ajenos como elemento central de su actividad
(el juego o la apuesta). Estas formas de explotación se someten, igualmente, a las
reglas mercantiles y de participación en los mercados y pueden estar vinculadas
o independizadas de la relación entre el organizador y los agentes que participan
en la actividad matriz.


Finalmente, si la actividad que se ofrece a terceros no permite la participación
individual sino que la participación debe realizarse mediante estructuras societarias-
asociativas (agentes de participación al margen de su verdadera configuración
jurídica) se plantean nuevas consideraciones y nuevos problemas que se
desplazan, a su vez, a la propia organización y funcionamiento de los agentes de
participación. Se trata, claro está, de una cuestión que habrá de resolverse en
función de dos parámetros: la naturaleza jurídica del agente y la relación que
se establezca entre éste y el usuario individual. Claramente esta situación va a
implicar la aplicación de nuevos parámetros jurídicos entre los que afloran la
regulación laboral o de servicios mercantiles.


Los apartados que siguen tienen por objeto analizar los aspectos puntuales que
se han mencionado en este apartado introductorio, como iremos viendo.
Es cierto que esta evolución no es únicamente jurídica y de estructura sino, sobre
todo, de negocio y de caracterización de la actividad".

 

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