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Ramón Fuentes
10 de octubre de 2017

El CSD habría querido denunciar el nombramiento de Larrea, la Asamblea y la nueva Junta

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El Consejo Superior de Deportes ha estado barajando estas últimas semanas no sólo emprender el procedimiento de revisión ante el TAD presentado este martes 10 de octubre, como adelantó Joaquín Maroto, sino también emprender distintas acciones contra las incompatibilidades de Juan Luis Larrea en sus primeros días como presidente de la RFEF.

 

Concretamente desde su nombramiento el 25 de julio hasta el 28 de julio, fecha donde dejó de ser presidente de la Federación vasca de Fútbol. Esos tres días habría incumplido el punto 5 del Artículo 4 de los Estatutos federativos que dice textualmente que “Mientras desempeñe su mandato, el Presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro órgano federativo”.

 

Como consecuencia de esto, se deberían considerar como nulos todos los contratos, sean de índole que sean, que fueron firmados en esos días.

 

A este último respecto, si bien reconoce la nulidad de los mismos, el informe deja entrever lo siguiente: “El orden jurisdiccional competente sería el orden jurisdiccional civil, y la cuestión más discutible sería, en lo que se refiere al CSD, la cuestión de su legitimación para ejercitar la correspondiente acción, pues claramente no ostenta la condición de parte y, en cuanto a si es posible considerarle tercero interesado, lo cierto es que tales acuerdos no le afectarían directamente, sino indirectamente en cuanto a las funciones de tutela y coordinación que ejerce sobre las Federaciones, sin que en este caso, además, se ejerzan funciones públicas que se pudieran ver comprometidas”.

 

No puede concretar la incorrecta convocatoria de la Asamblea de la RFEF del 1 julio

 

Estas consecuencias forman parte del informe de 37 páginas presentado por la Abogacía del Estado al CSD a requerimiento de este. Además de estas dos cuestiones anteriormente tratadas, y como consecuencia de la anterior, el Consejo Superior de Deportes plantea incluso que pudiera considerarse no válida la convocatoria de la Asamblea celebrada el pasado 31 de julio así como causa “de nulidad de los acuerdos tomados en la misma”. La respuesta de la Abogacía del Estado es el siguiente: “La cuestión está en determinar si los acuerdo adoptados por la Asamblea de fecha 31 de julio de 2017 son independientes de la convocatoria. Se podría entender que no, puesto que la convocatoria determina la adecuación a derecho, si es correcta, de todo el procedimiento”.

 

Reconoce la posible nulidad de la Junta directiva pero el CSD no es parte directa

 

El cuarto punto del informe tiene que ver con la legalidad en torno a la actual Junta Directiva de la RFEF y las decisiones adoptadas por la misma. Lo primero se basa en el Real Decreto de Federaciones deportivas donde se expone que la “Junta Directiva tendrá al menos un Vicepresidente, Adjunto a la Vicepresidencia para asuntos económicos, y dos más para los que son propios del fútbol profesional el uno y del aficionado el otro, designado por el Presidente”. Cargos que no existen en la actual Junta directiva.

 

El informe reconoce que la Junta no está válidamente constituida luego las decisiones adoptadas por ella también serían motivo de nulidad; recalcando de nuevo que el CSD no es parte directa sino como función de tutela luego no tiene competencias o puede ejecutar acción alguna con la RFEF como entidades privadas con personalidad jurídica propia. En este caso deberían ser personas directamente afectadas quienes podrían emprender acciones contra la RFEF.

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