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Andreu Camps i Povill
12 de agosto de 2017

A propósito de las leyes autonómicas de regulación de las profesiones del deporte

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A propósito de las leyes autonómicas de regulación de las profesiones del deporte. Mayor claridad competencial imposible

[Img #50031]El Boletín Oficial del Estado publicó ayer (11 de agosto de 2017) la sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017, del Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el recurso de inconstitucionalidad 857-2016 interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

 

La sentencia en cuestión, no sólo refuerza la plena validez del planteamiento inicial que tuvo su origen en la Comunidad Autónoma de Cataluña y que ha sido después reforzado por otras Comunidades Autónomas, sino que, desde mi modesto punto de vista, rechaza de plano los posicionamientos vertidos en los últimos años por algunos autores y, lo más sorprendente, por algunos de los responsables de las instituciones profesionales relevantes en el país.

 

Dos han sido los planteamientos que han ido planeando sobre el escenario en estos últimos años. El primero, entre los que me incluyo, que han considerado que la competencia para la regulación del ejercicio de algunas de las profesiones vinculadas con el deporte era una competencia esencialmente autonómica y que, obviamente, debía realizarse en el marco del respeto de aquellas otras competencias que fueran exclusivas o básicas del Estado. Otro de los planteamientos que se ha señalado en los últimos años y que han defendido diversos autores e “instituciones profesionales” ha sido el de primar una ley estatal de regulación del ejercicio de las profesiones del deporte que fuera de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas, en aras a una “uniformidad” de las profesiones y del ejercicio de las mismas.

 

Si bien para muchos de nosotros ya no existía duda alguna que la competencia para la regulación de estos aspectos era autonómica y no estatal, puesto que así había quedado reconocido por el propio Estado en el momento en que se aprobó por el Parlamento de Cataluña la Ley 3/2008 del ejercicio de las profesiones del deporte y no fue impugnada por el Estado, como tampoco lo fueron, en lo esencial, las otras leyes autonómicas posteriores, como las de Extremadura, La Rioja, Andalucía, Madrid y, en cierta forma, Galicia.

 

Sirva como recordatorio que el Estado había puesto en duda de constitucionalidad los artículos 1.3, 4, 5, 6 y las disposiciones transitorias tercera y quinta de la Ley de Cataluña 3/2008 (requerimiento de inconstitucionalidad que en ningún caso hacía referencia alguna a la falta de competencia de la Autonomía para regular la materia, sino que se referían esencialmente a la aplicación de la ley a los ámbitos de competencia estatal cuando podían incidir en las actividades desarrolladas por el Estado en la misma comunidad autónoma, como por ejemplo en el Ejercito o escuelas de titularidad estatal, o la competición de ámbito estatal, etc.) y que después de la correspondiente aclaración de los términos precisos de la ley en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se llegó a un acuerdo sobre como “DEBÍAN INTERPRETARSE” dichos artículos. Por tanto, estábamos única y exclusivamente ante un recurso planteado sobre una posible interpretación distinta del texto de la ley y NUNCA ante un cuestionamiento de los mismos artículos. Ninguno de los artículos fue impugnado, y se acordó una interpretación conforme a la Constitución y de respeto de las competencias del Estado, que bajo ningún concepto excluía la competencia autonómica para dictar la ley.

 

En ese escenario, el Parlamento de Cataluña aprobó una modificación de dicha ley que, en este caso, sí fue impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y precisamente por clara discrepancia con las competencias estatales.

 

Dos fueron los argumentos principales de la discrepancia.

 

Por un lado, la incompetencia del Gobierno de Cataluña para establecer convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesiones del deporte en otros Estados miembros de la Unión Europea que se recogía en el artículo 4 de la nueva Ley 7/2015 que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional por falta de competencia de la Generalitat para llegar a dichos acuerdos y ello porque sí se aprecia una clara vulneración de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales por considerar que aquellos convenios y acuerdos son susceptibles de originar obligaciones del Estado frente a poderes públicos extranjeros.

 

Por otro, y es el que más nos interesa en estos momentos, es el relativo a una presunta vulneración del marco constitucional amparándose en una necesaria uniformidad de las normas a nivel estatal y de la necesaria unidad de mercado a partir del criterio de reconocimiento en otro territorio autonómico de los registros de origen del profesional. En todos estos apartados el Tribunal Constitucional no sólo ha declarado plenamente constitucionales los preceptos de la Ley 7/2015, sino que ratifica el origen del precepto, que no era otro que el sistema previsto en la Ley 3/2008.

 

De la sentencia del Tribunal Constitucional deben extraerse diversas conclusiones.

 

La primera y esencial es que el Tribunal Constitucional enmarca la competencia para el desarrollo de estas leyes, esencialmente, en la materia deporte y, subsidiariamente, en la materia profesiones tituladas:

 

La Ley catalana 7/2015, de reforma de la Ley 3/2008, debe entenderse amparada en las competencias en materia de deporte, asumidas por la Generalitat de Cataluña…., sin perjuicio de que también puedan entrar en juego las competencias autonómicas en materia de profesiones tituladas”.

 

Este posicionamiento del Tribunal Constitucional nos permite aventurar que todas las Comunidades Autónomas con competencias en materia de deporte (que son todas) estarán también facultadas para legislar sobre el ejercicio de las profesiones del deporte en un contexto similar o parejo al que lo han hecho las otras Comunidades Autónomas.

 

La segunda e igual de importante es que el Tribunal Constitucional rechaza los argumentos del Gobierno en cuanto a la unidad de mercado y a la necesaria homogeneización de los modelos de ejercicio en todas las Comunidades Autónomas, porque, por un lado, precisamente, los preceptos nucleares de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (entre otros, los artículos 18 y 19) fueron declarados inconstitucionales por el mismo Tribunal en esos mismos argumentos que defendía el Estado. Precisamente mediante la Sentencia TC 79/2017 en su FJ 13, reiterado ahora en la sentencia que analizamos dice:

 

En todo caso, el reconocimiento por parte del Estado de eficacia extraterritorial a las normas y actos autonómicos, en los términos precisados por la doctrina constitucional, tiene –un límite claro: la imposibilidad de reconocer tales efectos cuando no existe una equivalencia en las normas aplicables”.

 

De este modo, «cuando de lo que se trata es de excepcionar el principio de territorialidad otorgando eficacia extraterritorial a actos ejecutivos autonómicos que aplican un derecho propio que no es equivalente al derecho adoptado en el territorio en el que se debe reconocer tal eficacia, o directamente se trata de otorgar eficacia extraterritorial a disposiciones normativas autonómicas que establecen un estándar distinto al estándar que fija la normativa autonómica del lugar de destino, la ruptura del principio de territorialidad constitucionalmente consagrado y estatutariamente reconocido supone obligar a una Comunidad Autónoma a tener que aceptar dentro de su territorio una pluralidad de políticas ajenas», lo que «choca con la capacidad para elaborar sus propias políticas públicas en las materias de su competencia (STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7, entre otras) y entraña la constricción de su autonomía, al permitirse la aplicación en el territorio de la Comunidad Autónoma de disposiciones adoptadas por un órgano representativo en el que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma en la que finalmente se aplica no se encuentran representados» (STC 79/2017, FJ 13)

 

Y, en segundo lugar, y aquí es donde radica otro elemento muy importante de reflexión y es que para que existiera una vulneración autonómica del modelo constitucional debería existir una ley de bases que regulara los aspectos objeto de debate. Y añadimos nosotros, esta ley de bases no puede existir en base a una supuesta competencia del Estado en materia de deporte o en materia de regulación de profesiones tituladas, sino en todo caso al amparo del artículo 149.1.13 CE. Para el Tribunal Constitucional “no puede objetarse que el Estado considere que hay aspectos de las condiciones de ejercicio de [determinadas] profesiones que exigen una regulación homogénea en todo el territorio español” pero ese marco normativo básico que dicte el Estado “no puede, por la minuciosidad y detalle de la regulación estatal, dejar sin espacio a las competencias autonómicas (...) las Comunidades Autónomas deben disponer de un margen de actuación que les permita establecer elementos complementarios” (STC 79/2017, FJ 12).

 

El Tribunal Constitucional, en la sentencia publicada ayer, avala la ley catalana de profesiones del deporte y manifiesta que si existiese una normativa estatal y pudiese concluirse que es básica en sentido material y formal, deberá examinarse si concurriría una contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, y, de apreciarse esa contradicción, si resultaría salvable o no por vía interpretativa:

 

“Presupuesto inexcusable para la eventual estimación de esta concreta impugnación que el recurso de inconstitucionalidad dirige contra la exigencia, prevista en la Ley 7/2015, de inscripción registral obligatoria para ejercer determinadas profesiones deportivas en Cataluña, habría de ser, en consecuencia, la existencia de la norma básica estatal que se dice infringida por la Ley autonómica. Si existe esa norma estatal y puede concluirse que es básica en sentido material y formal, habiendo sido, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado, podrá examinarse por este Tribunal si concurre o no una efectiva contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica y, de apreciarse esa contradicción, si resulta o no salvable por vía interpretativa (por todas, SSSTC 18/2011, de 3 de marzo, FJ 17; 4/2013, de 17 de enero, FJ 3, y 204/2013, de 5 de diciembre, FJ 4)”

 

Esperamos que por fin esta sentencia del Tribunal Constitucional zanje de una manera definitiva la polémica sobre la atribución competencial en materia del ejercicio de las profesiones del deporte y nos congratulamos que las tesis mantenidas, desde el inicio tanto por la Generalitat de Cataluña comopor el que considero como el máximo experto en esta materia -JuantxoLandabera-, hayan sido las validadas por el Tribunal Constitucional.

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

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