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Javier Rodríguez Ten
31 de julio de 2017

El alcance de la suspensión cautelar de los presidentes federativos

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[Img #49185]Ayer insistíamos en que la situación de prisión provisional de Ángel Villar era incierta porque podía durar hasta mañana o años, y lo cierto es que compré lotería para ver si la racha de acierto continuaba.

 

Del mismo modo, la suspensión cautelar del CSD puede alzarse en cualquier momento, aunque no parece probable (revocación, suspensión cautelar acordada vía recurso del suspendido, estimación del recurso presentado por el suspendido, archivo del expediente por el TAD...). Nos centraremos ahora en qué puede y no puede hacer Ángel María Villar en su nueva situación.

 

Independientemente de la prisión provisional (que le limita "de hecho"), la suspensión cautelar acordada por la Comisión Directiva del CSD (que le limita "de Derecho") es la que realmente va a condicionar lo que habría podido ser recuperar la libertad (provisionalmente y con fianza y medidas restrictivas) y hacerse cargo de nuevo de la RFEF.

 

AmplIando algunas de las apreciaciones efectuadas por mi buen amigo Juan Luis Espada, lo importante a partir del martes será (esperamos que pueda reunir la fianza) conocer qué puede (mejor dicho, qué no puede) hacer Ángel María Villar, que es Presidente electo de la RFEF pero que tiene sus funciones suspendidas cautelarmente por el plazo (modificable) de un año, habiendo asumido sus funciones (con gran polémica) Juan Luis Larrea.

 

Se trata de un análisis que resulta de aplicación a cualquier supuesto de suspensión cautelar de funciones de un presidente de Federación deportiva española, no exclusivo del caso que nos ocupa.

 

1. Actividades que no puede desempeñar un presidente suspendido

 

La figura de la suspensión cautelar no se encuentra desarrollada ni en la Ley 10/1990 ni en el Real Decreto 1591/1992. A lo sumo, se habla de la "suspensión" como sanción disciplinaria deportiva, pero tampoco se detalla su alcance y contenido. Tampoco lo aclara el Cödigo disciplinario de la propia RFEF para el supuesto que nos ocupa, si bien sí lo hace respecto de la suspensión "por tiempo determinado" y "por partidos", referida a jugadores, técnicos, etc.

 

Por tanto, el criterio debe ser el de la inversión. En el caso del presidente de la RFEF suspendido cautelarmente, no podrá realizar ninguna de las actuaciones previstas legal o estatutariamente al efecto. A tal fin, conforme al artículo 34 de los Estatutos RFEF no podría, en tanto esté suspendido:

 

- Ostentar la representación legal de la RFEF

 

- Convocar o presidir ningún órgano colegiado ni ejecutar sus acuerdos

 

- Asistir a las sesiones o reuniones de órganos o comisiones federativas (en el sentido de poder exigir o imponer su presencia)

 

- Designar directivos o miembros de órganos federativos, o revocarlos

 

- Asumir ninguna competencia que no esté prevista expresamente a otros órganos federativos

 

- Ejercer ninguna otra función reservada en la legislación vigente (en especial la Ley 10/1990 y el RD 1835/1991) ni en las normas estatutarias, reglamentarias y convencionales (convenio de coordinación con la LFP, por ejemplo) para el Presidente de la RFEF

 

- Percibir la remuneración establecida para el cargo

 

En buena lógica, tampoco podrá utilizar medios federativos reservados al presidente o emplear otros particulares en condición de tal o para incidir de ningún modo en las funciones suspendidas o la marcha de la Federación, ni tampoco acceder a documentos. No obstante, se trata de una cuestión que ofrece algunas dudas en cuanto a su alcance total, puesto que la presencia en las instalaciones de La Rozas no le estaría vedada, si bien a modo de visitante. Tampoco está prohibido que se comunique con persona alguna del organismo, dentro de dichos límites. Al respecto, hay que tener en cuenta que está desprovisto de sus funciones pero que (salvo error) no tiene una orden de alejamiento ni prohibición de acceso, que debe preparar su defensa (y previsiblemente en la RFEF exista material que precise para ello) pero que también podría incidirse sobre material probatorio, por lo que los actuales dirigentes de la Federación deberán ser extremadamente cuidadosos en la forma en la que se autorice el acceso del anterior presidente.

 

2. Autoría mediata

 

Nuestro Ordenamiento contempla el fraude de Ley o abuso de Derecho como una conducta ilícita que genera las consecuencias previstas para el hecho sancionable que se pretende simular no acontece. De igual modo, incluso el Derecho Penal prevé la autoría indirecta o mediata, en la que tanto el inductor como el autor o cooperador necesario responden con idéntica pena.

 

En el supuesto de que se pudiera demostrar que el presidente federativo suspendido estuviera adoptando o influyendo en la adopción de decisiones por parte de los miembros de la estructura orgánica de la Federación, incurriría en incumplimiento. De igual modo que lo harían el resto de implicados.

 

3. ¿Qué sucedería en caso de incumplimiento de este régimen?

 

En el supuesto de que el régimen de suspensión previsto, ¿qué consecuencias podrían existir? La respuesta nos la ofrece el artículo 14.b) del Real Decreto 1591/1992, que dispone que:

 

"Se considerarán como infracciones comunes muy graves a las reglas del juego o competición, o a las normas generales deportivas:

 

b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas [art. 76, ap. 1, b), L. D.]. El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos en que las sanciones resulten ejecutivas. El mismo régimen se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de medidas cautelares."

 

Es decir, que el presidente suspendido cautelarmente, el "nuevo" presidente y cualquier miembro de la estructura orgánica de la RFEF que haya participado o colaborado en el quebrantamiento de la suspensión cautelar acordada podría ser objeto de sanción disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 21 del mencionado Real Decreto 1591/1992 y cuya aplicación correspondería al TAD (con posible suspensión cautelar por parte del CSD):

 

a) Multas, no inferiores a 3.005,06 euros ni superiores a 30.050,61 euros.

b) Pérdida de puntos o puestos en la clasificación.

c) Pérdida o descenso de categoría o división.

d) Celebración de la prueba o competición deportiva a puerta cerrada [art. 79, ap. 1, d) y e), L. D.].

e) Prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones, por tiempo no superior a cinco años.

f) Pérdida definitiva de los derechos que como socio de la respectiva asociación deportiva le correspondan, con excepción de aquellos inherentes a la condición, en su caso, de accionista de una Sociedad Anónima Deportiva.

g) Clausura del recinto deportivo por un período que abarque de cuatro partidos o encuentros a una temporada.

h) Inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva, o suspensión o privación de licencia federativa o habilitación equivalente de las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal, con carácter temporal por un plazo de dos a cinco años, en adecuada proporción a la infracción cometida.

i) Inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos en la organización deportiva, o privación de licencia federativa o habilitación equivalente de las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal, igualmente a perpetuidad.

Las sanciones previstas en este último apartado únicamente podrán acordarse, de modo excepcional, por la reincidencia en infracciones de extraordinaria gravedad.

 

Al respecto, hay que recordar que conforme al artículo 74.2.c) de la Ley 10/1990 las Federaciones tienen potestad disciplinaria sobre "Todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica", y el TAD la ostenta sobre " las mismas personas y Entidades que las Federaciones deportivas españolas, sobre estas mismas y sus directivos" (art. 74.2.e).

 

Javier Rodríguez Ten

Universidad San Jorge

Abogado. Asesor externo en Crowe Horwath

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