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Agustín Amorós
15 de mayo de 2017

El principio del fin del art. 19 del estatuto del jugador en España

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El principio del fin del art. 19 del estatuto del jugador en España: la Resolución del CSD de 21 de abril de 2017

[Img #43053]I.- El Derecho deportivo y el jurista inquieto.

 

Uno de los aspectos más estimulantes del Derecho deportivo es que exige del jurista que se acerca a sus múltiples y poliédricas problemáticas una actitud crítica e inconformista.

 

En efecto, persisten en su seno vestigios e incluso surgenaun hoy en día nuevos retos que desafían frontalmente principios y derechos reconocidos por la Constitución, los Tratados internacionales y el ordenamiento jurídico, y que,sin embargo,hallan tan confortable como resistente cobijo en ciertas estructuras deportivas que, pese a su naturaleza privada, gozan de un extraordinario poder fáctico, casi inmune a todo filtro jurídico.

 

Así, especialmente en el deporte del fútbol, hay instituciones y disposiciones reglamentarias que se han venido asumiendo de facto y que parecen estar amparadas por el mantra de unalex sportiva mal entendida.

 

Uno de estos desafíos (junto con otros tantos como la prohibición absoluta del TPO y un sistema punitivo en que las sanciones no están claramente predeterminadas, en FIFA, la prohibición a los entrenadores cuyo contrato se extingue de entrenar a otro equipo en la misma temporada, las restricciones e imposiciones a la figura del intermediario, a quien se priva de licencia pero se somete desde la amenaza a Clubes y jugadores, en la RFEF) es la prohibición de transferencia internacional o primera inscripción de menores de edad extranjeros establecida en el art. 19 del Reglamento FIFA sobre Estatuto y Transferencia de Jugadores (RETJ), cuyo sistema fue traspuesto en el art. 120. 5 y 6 del Reglamento General de la RFEF, y que establece un sistema de excepciones no sólo restrictivo, sino que ha degenerado en la práctica en un régimen de sospecha y en un obstáculo casi insalvable para aquellos menores que quieran jugar al fútbol federado en un país en el que no han nacido y en el que no lleven viviendo, al menos, cinco años.

 

En el caso de FIFA estas discutibles situaciones están blindadas por un órgano de control, el TAS, bastante reacio a censurar sus Reglamentos, a los que se aproxima como algo que debe defenderse y dotar de máxima eficacia, sin cuestionarse seriamente posibles nulidades. Este benévolo enfoque tiene mucho que ver, sin duda, con el modo en que se designan los posibles árbitros, propuestos mediata o inmediatamente por las propias Federaciones internacionales.

 

Sin embargo, no podemos resignarnos a que en nuestro país ciertas violaciones de derechos sigan flotando como aceite en agua, exentas de contraste con el ordenamiento jurídico español. Es por ello que nos congratulamos de la Resolución del CSD que ahora comentamos, y que restaura en gran medida la confianza en la Ley y las instituciones.

 

Dicha resolución, pese a que quede mucho camino por recorrer, supone un gran paso.

 

II.- Antecedentes del caso resuelto por el CSD o de cómo FIFA “protege” a muchos menores.

 

Sirva para ilustrar la injusticia de la situación que denunciamos el caso del chico brasileño cuya madre planteó el recurso resuelto por la reciente resolución del CSD de 21 de abril de 2017.

 

El jugador vino a España con su madre en 2015, residiendo desde entonces en Torrent, una localidad próxima a Valencia. Obtuvieron permiso de residencia en España y el menor fue escolarizado, estando perfectamente integrado en la localidad, habiendo participado incluso en otras pruebas deportivas organizadas por la Fundación Deportiva Municipal de Torrent.

 

El 20 de mayo de 2015 la RFEF introdujo a través del TMS una solicitud del jugador para poder jugar con un equipo de Valencia, que fue rechazada por Decisión del Juez Único de la Subcomisión del Estatuto del Jugador (en adelante, la Subcomisión)de fecha 28 de julio de 2015.

 

El 16 de enero de 2016 se solicitó nueva inscripción ante la FIFA a través de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) y la RFEF, en esta ocasión para un Club distinto, siendo nuevamente rechazadapor la Subcomisión en Resolución de 21 de abril de 2016. Solicitados los fundamentos de dicha decisión, éstos fueron comunicados el 18 de agosto de 2016, argumentandointer alia, como en la ocasión anterior, que:

 

“… en vista de las declaraciones y la documentación a su disposición, el Juez Único señaló que no era posible establecer claramente y sin duda el motivo de la mudanza de la madre del jugador a España… el Juez Único evocó que debe estar claramente demostrado que el traslado de los padres del jugador estuvo de ninguna manera (sic) relacionado con el fútbol, y por lo tanto él debe tener ninguna duda (sic) de que el club no haya tenido conocimiento de las habilidades del jugador antes de la mudanza de sus padres.”

 

Tras esta nueva denegación, después de más de año y medio sin poder jugar al fútbol federado, ante el menor y su madre se abría la disyuntiva de recurrir la decisión, bien ante el TAS, sabiendo que además de ser un procedimiento lento y costoso el resultado sería con toda probabilidad negativo, bien ante la vía administrativa española, partiendo de que la expedición de las licencias deportivas constituye una potestad administrativa delegada susceptible de fiscalización administrativa.

 

Vistos los antecedentes en casos similares, recurrir al TAS no era una opción, y en consecuencia se optó por recurrir, en primer lugar, ante el Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana y, posteriormente, ante el CSD.

 

III.- Argumentación del recurso.

 

El 20 de agosto de 2016 se interpuso recurso de alzada contra la comunicación remitida por la FFCV el 3 de agosto de 2016, que reenviaba a su vez la comunicación remitida por la RFEF acompañando los Fundamentos Íntegros de la Decisión del Juez Único de la Subcomisión.

 

En dicho recurso se incluía una solicitud de medida cautelar consistente en ordenar a la FFCV que autorizara la inscripción provisional del menor en el nuevo Club y su participación en competición oficial durante la temporada 2016/2017 en tanto no se resolviera definitivamente dicho recurso. Téngase en cuenta que ya la anterior temporada la pasó en blanco.

 

Se planteaba en el recurso directa y explícitamente la nulidad de pleno derecho, por resultar discriminatoria, de la exigencia de autorización previa por parte de FIFA para que un menor extranjero pueda obtener su primera inscripción (es decir, sin haber estado afiliado antes a ninguna otra Federación nacional, lo que podría justificar, en su caso, la intervención de FIFA para controlar la desafiliación y el cambio de federación nacional) en la FFCV y, por ende, de la normativa privada que así lo establece.

 

Se invocaba, entre otros preceptos, el art. 23.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que establece que, “en cualquier caso, constituyen actos de discriminación:b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.”

 

También se hacía cita de la Convención de los derechos del niño (CDN), ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, y que, por tanto, desde esa fecha forma parte a todos los efectos del Ordenamiento jurídico español en virtud de lo dispuesto en el art. 96.1 de la CE. Establece claramente dicha Convención el principio de no discriminación por razón de origen nacional y el respeto a las responsabilidades y derechos de los padres, esencialmente en los artículos 2.1, 5 y 18.

 

Por tanto, bajo la Convención no puede privarse a los padres del derecho y la responsabilidad de adoptar las decisiones sobre la crianza y educación de sus hijos, y sin que en el ejercicio de este derecho pueda establecerse discriminación por razón de origen nacional.

 

Otra cosa es que si se detectan abusos deba actuarse conforme a la Ley y deba, en su caso, intervenirse o sustituirse dicha custodia paterna (Artículo 19, 1 CDN: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”).

 

Pero en ausencia de tal situación de riesgo o desamparo, no puede privarse a los padres de dicha capacidad de decisión, y, en particular, de aquéllas cuestiones relativas al juego y al esparcimiento, reconocidas como derecho del niño en el artículo 31 CDN:

 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.”

 

Lo anterior cobra particular relevancia a la vista de lo establecido en el art. 32.2 de la Ley del Deporte, al señalar que “en todo caso, para que las federaciones de ámbito autonómico puedan integrarse en las federaciones deportivas españolas o, en su caso, mantener esa integración, deberán eliminar cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación de extranjeros que se encuentren legalmente en España y de sus familias en las actividades deportivas no profesionales que organicen”.

 

Se hacía cita también de una anterior Resolución de 17 de marzo de 2016 del Presidente del CSD, que estimaba el recurso del padre de un menor extranjero y ordenaba a la RFEF que procediera, de manera inmediata, a expedir licencia deportiva a favor del menor de edad, señalando:

 

 “(…) la aplicación de las citadas normas [de la FIFA] deberán respetar, en todo caso, el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. En relación con ello, cabe señalar que no cabría plantear un eventual conflicto entre la normativa de la FIFA y el ordenamiento jurídico español. Y ello porque no estamos ante una organización internacional de derecho público de la que España forme parte, sino que nos encontramos ante una organización de carácter privado sometida al derecho suizo. En este caso no cabe plantear un conflicto porque las normas de FIFA puedan o no coincidir con las del ordenamiento jurídico español, sino porque la citada entidad en nada puede vincular a un ordenamiento jurídico de un Estado soberano. Ello determina que las normas de la FIFA deberán ser cumplidas únicamente por sus asociados, si bien devendrían inaplicables en el supuesto de que contradijeran el ordenamiento jurídico estatal (…)

 

Visto cuanto antecede, no resultarían ajustados a nuestro ordenamiento jurídico los requisitos exigidos por FIFA en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA siendo suficiente para obtener la licencia solicitada a la RFEF (…) el estar legalmente en España”.

 

En fecha 25 de octubre de 2016 se notificó la Resolución dictada el día 10 del mismo mes por el TDCV, y por la que se acordaba inadmitir el recurso interpuesto, indicando que el órgano competente sería el CSD –en aplicación del art. 32.4 LD- o, en su caso, el TAS.

 

Que la resolución dictada por el TDCV se fundara precisamente en la existencia de la propia autorización controvertida para desentenderse competencialmente del asunto y desamparar al solicitante de una primera licencia ante una Federación valenciana, resultaba jurídicamente incomprensible.

 

Dicho de otro modo, si la FIFA, en lugar de exigir dicha autorización especial y distinta a todo extranjero menor de edad, la exigiera únicamente a los futbolistas africanos o a los asiáticos, o a los católicos o musulmanes, ¿el TDCV seguiría entendiendo que no es competente para juzgar la existencia de tal discriminación, cuya necesaria valoración daría como resultado ineludible la nulidad de la normativa que así lo exige, su carencia de efectos en España y, por ende, la inexistencia de obstáculo para entender que la competencia para expedir dicha licencia nunca debió dejar de pertenecer a una Federación valenciana en virtud de limitaciones privadas de carácter tan claramente discriminatorio?

 

¿Cómo puede prevalecer lo que emane de FIFA, con absoluta abstracción de cuál sea su contenido, sobre el ordenamiento jurídico español, alterando y determinando el régimen de competencias entre las Administraciones? Es obvio que no es esa la ratio del vigente art. 32.4 de la Ley del Deporte.

 

No obstante lo anterior, y sin poder compartir en absoluto por las razones expuestas la forma en que el TDCV se puso de perfil ante una situación de discriminación tan grave y, por otro lado, abundante en la actualidad, determinando su incompetencia con fundamento en la existencia de requisitos establecidos por entidades privadas de carácter claramente discriminatorio, no quedó más remedio que acudir al CSD.

 

IV.- La Decisión del CSD.

 

Como indica la propia Resolución, sólo se recibió contestación de la federación estatal que, mediante informe de 8 de marzo de 2017, expuso, en primer término, que debido a la edad del jugador sólo podía participar en competiciones organizadas por la federación autonómica, por lo que no es función del CSD conocer de este tipo de recursos. No obstante, a efectos meramente informativos, señalaba que el Juez Único de la Subcomisión ya se había pronunciado al respecto rechazando en su Decisión de 21 de abril de 2016 el CTI para el futbolista. Asimismo, destacaba la RFEF que esta Decisión era recurrible ante el TAS sin que hasta ese momento tuviera conocimiento de que hubiera sido efectivamente objeto de impugnación.

 

Sin embargo, el CSD pronto desarticula esta argumentación evasiva, razonando que, dado que al tratarse de la primera inscripción de un jugador extranjero se requería para la concesión de la licencia por parte de la FFCV la autorización previa de la federación internacional, resultaba de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre. En su virtud, cuando es necesario contar con el visado o autorización previa de la federación internacional correspondiente, como es el casode los futbolistas extranjeros, le corresponde a la federación de ámbito estatal la expedición de la licencia.

 

Por tanto, continúa el CSD, “la normativa autonómica atribuye la competencia al Tribunal del Deporte de la Comunidad Valenciana para conocer de los recursos interpuestos contra los actos de las federaciones deportivas de esa Comunidad Autónoma en relación con las licencias, como es el caso de este recurso. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en el párrafo segundo del artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, la federación estatal realiza una actuación determinante en relación con la expedición de licencias para las que es necesario contar con un visado o autorización previa de la federación internacional correspondiente. La posible inactividad o la actuación indebida por parte la federación estatal sí es objeto de recurso ante el CSD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre

 

Solventada, pues, esta cuestión competencial, se adentra el CSD en el análisis de la normativa federativa aplicable, señalando que “este artículo 19 está calificado por el propio RETJ como “disposición obligatoria en el ámbito nacional que debe incorporarse sin modificación al reglamento de la asociación” (artículo 1.3 RETJ). Y así lo introdujo la RFEF en el artículo 120 de su Reglamento General. Por su parte, la documentación prevista en el Anexo 2 del RETJ está recogida en la Circular n° 74 de la temporada 2014/2015 “Solicitudes de inscripción de futbolistas extranjeros menores de edad: documentación exigida por FIFA”, que fue modificada por la n° 21 de la temporada 2015/2016.”

 

Sin embargo, del examen de las normas del ordenamiento jurídico español aplicables concluye que éste “no sólo permite sino que también promueve la participación de los extranjeros en actividades deportivas, siempre que se encuentren en situación legal en España”, resultando “de obligado cumplimiento para las federaciones deportivas españolas…, a pesar de su posible integración en una federación internacional”.

 

Y por ello, “en este caso, en el ejercicio de sus funciones la RFEF está sujeta no sólo a la legislación deportiva antes mencionada sino también al conjunto de disposiciones que prohíben la discriminación por razón de la nacionalidad”, habiendo “quedado acreditada la residencia legal tanto del jugador como de su madre, sin que ésta pueda aportar documentación relativa a su permiso o contrato de trabajo, dado que no se encuentra autorizada para realizar actividades laborales o profesionales en España”.

 

En definitiva, “los requisitos de documentación contemplados en la Circular n° 21 de la Temporada 2015/2016 que deben aportar los interesados para la tramitación de su licencia deportiva exceden, como se ha indicado, de la mera acreditación de la residencia legal en España. Por tanto, la exigencia de otros requisitos, como puede ser la autorización o el contrato de trabajo contravienen el régimen previsto en el artículo 32.2 de la Ley del Deporte y que cumplen de forma automática y sin necesidad de reconocimiento por parte de la federación española ni de la federación internacional, los siguientes colectivos:

 

  1. Los que cuenten con la nacionalidad española, cualquiera que sea su forma de adquisición (bien de origen, por nacimiento o adopción, o bien derivativa por nacionalización), el lugar de nacimiento y ello con independencia del momento en el que hubieran trasladado su residencia a España.

 

  1. Las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones que la legislación de extranjería permite para la estancia o residencia en España”.

 

Por todo ello resuelve estimar el recurso interpuesto por la madre en representación de su hijo menor de edad, ordenando a la RFEF que proceda, de manera inmediata, a autorizar la expedición por la FFCV de la licencia deportiva a favor del menor.

 

V.- Consecuencias de la Decisión del CSD.

 

Ciertamente, como hemos recordado, la Resolución de 17 de marzo de 2016 del CSD ya aclaró que “no resultarían ajustados a nuestro ordenamiento jurídico los requisitos exigidos por FIFA en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, siendo suficiente para obtener la licencia solicitada a la RFEF (…) el estar legalmente en España”, que es la base y fundamento de la actual Resolución.

 

Sin embargo, aparte de haber tenido la anterior nula repercusión en la conducta de la RFEF en la materia, la ahora comentada ofrece una serie de aspectos que la hacen particularmente interesante. Así:

 

1º.- En el caso anterior, la decisión denegatoria había sido adoptada directamente por la RFEF, en virtud del ejercicio de la denominada “exención limitada” (Circular 35 – Temporada 2009/2010), por no aportar la documentación exigida en la Circular nº 74 de la Temporada 2014/2015.

 

En el caso en presencia, en cambio, la RFEF se limita a comunicar la Decisión de la Subcomisión de FIFA.

 

2º.- Por tanto, pese a que, en principio, dicha Decisión de la Subcomisión sería únicamente recurrible ante el TAS, el CSD aplica correctamente el apartado 4 del art. 32 de la Ley del Deporte (en la redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre) y, en consecuencia, pese a que la RFEF pida autorización a FIFA, el CSD mantiene su competencia en virtud de los dispuesto en el art. 3.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, conforme al cual “los actos realizados por las Federaciones deportivas españolas en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotan la vía administrativa”.

 

Se trata, en efecto, de una competencia indelegable por la RFEF, y menos en una entidad privada.

 

.- Si bien en la Resolución de 2016 ya se establecía queera suficiente para obtener la licencia solicitada a la RFEF residir legalmente en España, ahora el CSD da una clara instrucción a la RFEF sobre cómo proceder, señalando que los requisitos contemplados en la Circular n° 21 de la Temporada 2015/2016 deben entenderse cumplidos de forma automática, sin necesidad de reconocimiento por parte de la federación española ni de la federación internacional, por quienes tengan residencia legal en España.

 

Por tanto, la RFEF viene obligada a expedir en todos los casos las licencias con la simple acreditación de la residencia legal, quedando formalmente arrumbados los requisitos del art. 19 RETJ en España y claramente cuestionada la validez del art. 120, 5 y 6 del Reglamento General de la RFEF.

 

4º.- Se abre así un claro camino para que cualquier Club, en caso de que la RFEF no cumpla con dicha indicación y se limite a transmitir a la autonómica la denegación de autorización por parte de la Subcomisión de FIFA, pueda recurrir en alzada al CSD.

 

Por otra parte, dichos Clubes no deben temer represalias por parte de FIFA, pues ninguna sanción podrá imponerse en España, aunque sea por orden de FIFA a la RFEF, por desconocer una reglamentación privada ilegal y discriminatoria.

 

5º.- Otra cosa serán los Clubes profesionales de cierto nivel, que celebran o pueden tener interés en celebrar transferencias internacionales, o que participan o pueden llegar a participar en competiciones internacionales, ámbitos a los que la sombra de FIFA puede alcanzar vía sanción, pues de seguro despreciará las resoluciones y las leyes nacionales (al menos las españolas; ahí está el caso del Barça y su sanción por el asunto los menores en cuanto a la infracción del art. 5 RETJ) y pretenderá perseguir los supuestos de jugadores que, pese a haber obtenido licencia legalmente en España, no hayan contado previamente con la autorización de la Subcomisión.

 

No obstante, al menos en los demás casos, esos menores extranjeros con residencia legal en España habrán podido disfrutar del fútbol sin sentirse discriminados y, pasados cinco años, también tendrían abiertas las puertas de los Clubes profesionales.

 

Es sin duda, pues, una buena noticia para el fútbol y el Derecho, aunque en el caso del menor que ahora recibirá su licencia de la FFCV por orden del CSD hayan pasado dos años sin que FIFA le dejara disfrutar del fútbol con su equipo.

 

Esta protección de FIFA, tal y como está diseñada, les está robando el balón a muchos niños. Es hora de reaccionar.

 

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