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José Miguel Fraguela
27 de abril de 2017
TEXTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÓN

El TAD declara que los presidentes territoriales han faltado al deber de neutralidad al apoyar a Villar

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El TAD ha dictado este jueves un aresolución que ha caído en la RFEF como una bomba: ha declarado que 16 los presidentes de las Territoriales que firmaron una carta de apoyo a Villar han incurrido en una infracción del deber de neutralidad que el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 impone a todos los órganos federativos, al inducir el sentido del voto de los electores en favor de uno de los precandidatos a la Presidencia de la RFEF.

 

PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCIÓN

 

"1º.- Declarar que la firma por dieciséis Presidentes de Federaciones Territoriales de la RFEF, en su calidad de tales, del documento denominado "Carta de apoyo a D. Ángel María Villar" supone una infracción del deber de neutralidad que el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015 impone a todos los órganos federativos, al inducir el sentido del voto de los electores en favor de uno de los precandidatos a la Presidencia de la RFEF. Por ello, la Comisión Electoral de la RFEF deberá requerir a los afectados para que retiren su firna como Presidentes de esas Federaciones en ese documento, e instarles a que en su condición de Presidente de Federación Territorial se abstengan de realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores, así como a observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales.


2º.- El incumplimiento por la Comisión Electoral de la RFEF del deber de resolver la denuncia planteada por el recurrente resulta contrario al anterionnente citado artículo 12.4, que impone el deber de este órgano de velar por el cumplimiento del deber de los principios de objetividad e igualdad entre los actores electorales.


3º.- Desestimar el resto de pretensiones del recurrente por tratarse de medidas ajenas a las competencias de este Tribunal"

 

PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


"TERCERO.- Con carácter previo se debe examinar  la admisibilidad  a trámite  de este recurso, por haber sido invocada su extemporaneidad por la Comisión Electoral.

 

Por motivos que este Tribunal desconoce, la Comisión Electoral no resolvió la denuncia presentada por el Sr. Galán Castellanos, de manera que cuando ha presentado el recurso ante este Tribunal había transcurrido más de un mes desde su formulación. Es cierto que el artículo 58.3 del Reglamento Electoral de la RFEF señala que la Comisión Electoral deberá resolver las reclamaciones al día siguiente al de su interposición, debiendo considerarse desestimada si no fuera resuelta expresamente dentro de dicho plazo. Pero esta previsión frente al incumplimiento de la obligación de resolver por éste órgano no puede traducirse en una carga contra el reclamante que le obligue a interponer el recurso ante el TAD en el plazo de dos días hábiles exigido por el artículo 24.2 de la Orden ECD/2764/2015.


En primer lugar porque dicho plazo sólo comienza a computarse a partir del día siguiente a la fecha de notificación, y en este supuesto no ha habido notificación. Pero además, porque, como señala el artículo 24.2 de la Ley 39/2015,  de  1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la inte1posición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente". El transcurso del plazo establecido para su consideración como silencio negativo permite al interesado interponer el recurso que proceda pero el incumplimiento del deber de un órgano administrativo nunca se puede convertir en un impedimento para poder recumr contra  esa  denegación  por  silencio administrativo.


Más aún, el órgano administrativo tiene el deber de resolver incluso con posterioridad al transcurso del plazo del silencio, si bien, el interesado podrá considerar desestimada su denegación sin necesidad de otro trámite. Por eso el apartado 3.b) del art. 24 de la Ley 39/2015 señala que "en los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del pla zo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio". Y por ese mismo motivo, el apartado 4 del  mismo precepto habilita  al  interesado  a pedir el certificado acreditativo del silencio producido "en cualquier momento. computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para resolver". Dicho en otros términos, el incumplimiento de la obligación de resolver por un órgano administrativo, en los supuestos en que se produce el efecto de silencio administrativo, no convierte el término en que produce efectos dicho silencio en el "dies a qua" de un plazo preclusivo para el ejercicio de los recursos a los que tuviera derecho.


Por ello, el recurso resulta admisible.


CUARTO.- La denuncia se refiere a la carta finnada por los presidentes de 16 Federaciones Territoriales con el título de "Carta de apoyo a D. Ángel María  Villar" y como subtítulo "14 años de acoso y persecución". En ella se afirma que el proceso electoral en curso pondrá fin "a un proceso que algunas partes han convertido en especialmente tortuoso y muy dificil de concretar"; señala que Ángel Villar ha estado "sometido a una persecución implacable"; y critica las actuaciones del anterior Presidente del Consejo Superior de Deportes, D. Miguel Cardenal, del Presidente de la Liga Profesional D. Javier Tebas, y de los dos precandidatos, D. Jorge Pérez y D. Miguel Ángel Galán. Esta carta aparece publicada en la web de algunas Federaciones Territoriales.


A juicio del recurrente, la carta no sería denunciable si los firmantes lo hubieran hecho a título individual, y no como Presidente de la respectiva Federación Territorial, así como por el uso de medios federativos, como es la publicación en la web de alguna Federación Territorial. Se añade además que uno de los firmantes es el Presidente de la Federación Asturiana, D. Maximino Martínez, que forma parte de la Comisión Gestora de la RFEF, lo que vulnera el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015.


QUINTO.- El artículo 12.4 de la citada Orden ECD/2764/2015 señala lo siguiente:


"Las comisiones gestoras serán el órgano encargado de administrar y gestionar la Federación durante el proceso electoral, no podrán realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el  sentido del voto de los electores,  y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso  electoral  e  igualdad entre los actores electorales. Estas previsiones  serán  aplicables  a  la actividad desarrollada por el personal de la Federación y por los restantes órganosfederativos  durante elproceso  electoral".


De lo dispuesto en dicho precepto se infiere que ni los miembros de las comisiones gestoras, ni los miembros o el personal de cualquier órgano federativo, ni, por supuesto, los miembros de las juntas o comisiones electorales, pueden realizar actos que directa o indirectamente puedan favorecer a  algunos  de los  candidatos. Pero no basta con una conducta meramente negativa sino que además se les impone un deber de adoptar medidas positivas de vigilancia y control, cada uno en el ámbito de sus competencias durante el proceso electoral, para evitar que se puedan vulnerar los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral, o que pueda menoscabarse el principio de igualdad entre los actores electorales.


SEXTO.- En el presente caso, es indudable que la carta de apoyo a un candidato o precandidato supone un acto que pretende orientar el sentido del voto de los electores. Una carta de esa naturaleza es perfectamente admisible, siempre que no sea suscrita por los sujetos que tienen el deber de mantener una posición de neutralidad durante el proceso electoral. Por eso, el hecho de que la carta haya sido finnada por los Presidentes de detenninadas Federaciones Territoriales, en su calidad de tales, plantea la cuestión de si resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015.


No suscita ninguna dudad que la concurrencia en uno de esos presidentes de su condición de miembro de la Comisión Gestora de la RFEF supone una infracción del citado precepto y de su deber de mantener una posición de neutralidad durante el proceso electoral. Pero lo mismo sucede con el resto de Presidentes de Federaciones Territoriales, en cuanto integrantes de la Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico, órgano complementario de la RFEF al que corresponde el asesoramiento y coordinación para la promoción general del fútbol en todo el territorio nacional, y que debe conocer e infonnar sobre la actividad federativa en todos sus aspectos, según dispone el artículo 36 de los Estatutos de la RFEF.


Para el cese  de esta situación, la Comisión Electoral de la RFEF deberá requerir a los afectados para que retiren su firma como Presidentes de esas Federaciones en ese documento, e instarles a que en su condición de Presidente de su Federación Territorial se abstengan de realizar actos que directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido del voto de los electores, así como a observar los principios de objetividad,  transparencia  del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales.


Finalmente, la actitud negligente de la Comisión Electoral de la RFEF, al no haber resuelto este asunto durante un plazo de más de un mes, también  resulta contraria a lo establecido en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015,  en  la medida en que al no resolver al reclamación planteada -en le sentido que hubiera considerado procedente- ha incumplido el deber de velar por el respeto a los principios de objetividad e igualdad entre los candidatos electorales.


SÉPTIMO.- El recurrente solicita también el cese en la Comisión  Gestora  de la RFEF de aquellas personas finnantes que fuesen miembros de ésta. Se trata de una medida que resulta ajena a las competencias de este Tribunal. El incumplimiento del deber de neutralidad por un miembro de una comisión gestora puede dar lugar, en su caso, a medidas disciplinarias, pero este Tribunal solo puede proceder a la incoación de un expediente de esa índole en materia electoral a instancia del Presidente del Consejo Superior de Deportes, confonne establece la disposición adicional cuarta de la Orden ECD/2764/2015".

 

LA CARTA DE LA POLÉMICA

 

El 23 de febrero nos hicimos eco en IUSPORT de la reunión celebrada en un hotel de Madrid entre Villar y los presidentes de las federaciones territoriales, dando cuenta de que estos habían firmado un documento de apoyo al actual presidente y candidato a la reelección.

 

Pues bien, dicha carta fue publicada un día después por la Federación de Asturias en su portal web, y su texto es el siguiente:

 

"14 años de acoso y persecución.

 

El próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones a la presidencia de la RFEF. Concluirá en ese preciso momento el proceso que situará al frente de la Real Federación Española de Fútbol al vencedor en las urnas. Las urnas son soberanas.



Un total de 140 electores decidirá quién conduce los destinos de la RFEF a partir de ese instante y se pondrá fin así a un proceso que algunas partes han convertido en especialmente tortuoso y muy difícil de concretar. No ha sido el caso de la Real Federación Española de Fútbol, siempre dispuesta a la elaboración del Reglamento adecuado, ni de sus dirigentes y, en especial, de Ángel Villar, sometidos a una persecución implacable. Como en todas ellas, sus autores tienen nombres y apellidos.


 
No hay precedentes en otros procesos electorales en federaciones deportivas de las trabas sufridas por la RFEF hasta conseguir que se aprobara el Reglamento Electoral. Todas las medidas emprendidas para tratar de conseguirlo fueron rechazadas por el Consejo Superior de Deportes que presidía  Miguel Cardenal, en algunos casos tras haber sido ya aprobadas y en otros, añadiendo nuevas exigencias.  Miguel Cardenal no solo impidió repetidas veces la posibilidad de dar el visto bueno al Reglamento, sino que hizo uso inadecuado de la información de la que disponía, lo que exige un trato prudente y exquisito, filtrándola interesadamente. En ningún caso cumplió con el decoro que exigía su cargo.

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA DE APOYO DE LOS PRESIDENTES D ELAS TERRITORIALES

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÓN DEL TAD

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