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Silvia Verdugo Guzmán
25 de abril de 2017

Amaño y corrupción en encuentros deportivos: la necesaria intervención del Derecho penal

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[Img #41663]Un importante llamado de atención se ha producido en el último tiempo tras posibles amaños en competiciones deportivas vinculadas a supuestas apuestas ilegales, específicamente en relación al desarrollo del fútbol competitivo. 

Todo comenzó con la denuncia realizada por el jugador del CD Eldense, Cheikh Saad, luego de un sorprendente resultado de 12-0 en favor del Barcelona B, el día 1 de abril de 2017, en la Segunda División B del fútbol español. Ya se abrió un procedimiento disciplinario extraordinario al equipo alicantino, por parte del juez único de Competición, conforme lo faculta el correspondiente Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol.

En este caso, son diversos los involucrados, y van desde algunos jugadores, parte del equipo técnico e inversores del mismo club cuestionado. Así las cosas, la vía disciplinaria tiene bastantes posibilidades de prosperar y cuenta con una amplia gama de sanciones, que van desde inhabilitaciones, pérdida de puntos, descalificaciones, suspensión de licencias, entre otras. 


Pero más allá de esa lógica intervención disciplinaria, se considera que en supuestos como el comentado es necesario el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado (o el uso de las herramientas del Derecho penal –en el deporte–), pues, hace bastante tiempo se estaban escuchando problemas con eventuales amaños o arreglos de encuentros deportivos (y no sólo del fútbol, también se habló en su momento de estos temas en el tenis o la hípica, a modo de ejemplo).

En este sentido, suena realmente tentador el ofrecimiento de suculentas sumas de dinero por ajustar resultados deportivos o incluso si se realizan ciertas acciones (por ejemplo, una cantidad de lanzamientos penales, tiros de esquina, etc.), todo esto, invenciones provenientes especialmente del mercado asiático que permiten hablar incluso de la existencia de mafias internacionales dedicadas a las apuestas ilegales en ciertos deportes.

Así las cosas, el Derecho penal no puede quedar al margen de estas conductas delictivas, y por ello desde el año 2010 se incorporó al Código Penal la denominada «corrupción entre particulares», en el artículo 286 bis, núm. 4. Básicamente ese precepto penal se refiere a su aplicación a directivos, administrativos, deportistas –y otros sujetos–, «respecto de conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva».

Ahora bien, si éstas tienen una relevancia económica, se justificaría su aplicación cuando «alguno de los sujetos mencionados perciba cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad».

El gran problema es que condenas aplicando este artículo del Código Penal hasta el momento no existen (ni siquiera aplicando algún otro artículo del mismo Código, en torno a casos similares), siendo evidente que no es la primera vez que se presentan situaciones como aquella destapada recientemente mencionada al comienzo de este comentario, las cuales pueden llevar a condenas de prisión, inhabilitación o multas accesorias, dependiendo de la gravedad de la conducta. 


En conclusión, y sin dejar de mencionar que también el Juzgado de Instrucción número 1 de Elda ha imputado a los sujetos del CD Eldense por un delito de organización criminal, lo lógico es que exista un procedimiento «serio y acabado» que sirva para aplicar sanciones penales –si corresponde–, o al menos que sea un llamado de atención a quienes puedan estar involucrados en estas actividades ilícitas enfocadas a lograr beneficios económicos en forma ilegal y que no hacen más que ensuciar al deporte, así como lo hacen el dopaje, la violencia o las defraudaciones tributarias destapadas en el deporte profesional, y que nos llevan a pensar en la aplicación del Derecho penal deportivo, como la forma lógica de resolver estos conflictos.

 

Silvia I. Verdugo Guzmán
Doctora en Derecho (Universidad de Sevilla)
Profesora de Derecho Penal (CEU Andalucía)
Miembro del Comité de Disciplina Deportiva de la F. A. de Taekwondo

 

NOTA: Artículo publicado en www.aedd.org

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