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Javier Rodríguez Ten
12 de abril de 2017

Deporte y Derecho de la competencia: un matrimonio muy difícil

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La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto del cánon ACB pone de manifiesto, una vez más, que el matrimonio entre el deporte y esta rama del Derecho (si se la puede llamar así) es realmente difícil. El deporte no es un sector económico más, tiene numerosas reglas que van contra la libre competencia y el libre mercado, tal y como lo entendemos. El límite es borroso.

Y lo es porque, aunque nadie discute que el deporte profesional (y gran parte del tejido deportivo que no goza de dicha calificación por parte del CSD) sea un sector económico, sus reglas se apartan sobremanera de las que rigen la actividad ordinaria de las empresas y los profesionales. Veamos y reflexionemos.

 

Federaciones y ligas son reguladores de un sector del mercado (el deporte) ordenando los requisitos de acceso y permanencia de los clubes en éste. Cuentan con habilitación legal y capacidad para establecer sus normas autoorganizativas. Son reguladores de naturaleza privada, aunque algunas de las funciones que inciden sobre la regulación tengan naturaleza pública. Algo que se aparta del modelo general de regulación sectorial existente en España.

 

Salvo en determinados sectores estratégicos o de especial relevancia, la incorporación al mercado lo es con libertad de forma. Se pueden vender productos u ofertar servicios siendo un profesional o trabajador autónomo, una SA, una SL, una SC, una cooperativa, etc. En el caso del deporte, incluso del deporte no profesional, la forma jurídica con que se interviene está restringida a las admitidas por las leyes del deporte estatales y autonómicas.

 

Una empresa puede contratar todos los trabajadores que desee. Se trata de una circunstancia de la producción que obedece a las reglas del mercado y a la adecuación de la necesidad del consumidor a su satisfacción. Para ello existen, incluso, contratos temporales por obra y servicio determinado, por circunstancias de la producción, etc. En el deporte no. En el deporte los clubes tienen establecido un número máximo de licencias por equipo, de manera que no se puede fichar y alinear sin más. Una interesante restricción.

 

En consonancia con lo anterior, las empresas pueden contratar cuando quieran. Existe libertad temporal, y no hay que ajustarse a determinadas ventanas de tiempo o períodos para contratar y posteriormente aguardar a que se abra uno nuevo. En el deporte sí. Las federaciones nacionales e internacionales establecen cuándo se puede contratar un jugador en condiciones de poder obtener licencia, y cuándo no. Sólo en esos períodos se pueden inscribir.

 

Finalizada la temporada, el regulador expulsa del mercado necesariamente a determinadas empresas que participan en la actividad, con independencia de sus resultados económicos. Los descensos de categoría implican importantes consecuencias desfavorables para los afectados, que deben replantear su actividad para el ejercicio siguiente sobre unos parámetros muy distintos, con problemas que pueden afectar a su propia viabilidad. Ello no ocurre en otros sectores.

 

Las necesidades del "fair play financiero" han obligado a la adopción de medidas de control económico dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades deportivas, sobre la base de no poder gastar más de lo que se tiene para no disponer de una ventaja desleal que además pone en riesgo la liquidez y solidez de la entidad. En el caso del fútbol, se han aprobado las "ratios" de endeudamiento (recordemos el caso de la no inscripción del Real Murcia) y el % máximo de presupuesto destinado al pago de salarios (recordemos a Pedro León), como mecanismos de control una vez se está en la competición profesional (con el visto bueno judicial). En el caso de la ACB, se instauró el cánon como mecanismo preventivo para garantizar la solidez de las incorporaciones a esta liga profesional, ahora cuestionado por la CNMC.

 

En el caso del fútbol, la CNMC elaboró unos criterios más restrictivos que las disposiciones legales comunitarias y que la propia legislación audiovisual española respecto de la duración de los contratos de televisión. Ha tenido vigilado el proceso de adjudicación de derechos audiovisuales tras el Decreto Ley 5/2015. Etcétera. este "marcaje" no se da en otros sectores.

 

Tampoco hay que olvidar el caso de las "ayudas de Estado", que pretenden igualar las obligaciones tributarias de las dos formas jurídicas admitidas en España (clubes vs SAD), en un Estado donde hay tres fiscalidades distintas, y respecto de equipos que compiten con los de otros países con otras posibles formas jurídicas y obligaciones fiscales diferentes, que incluso compiten contra entidades de paraísos fiscales (véase el Mónaco).

 

Todo ello nos lleva a una misma conclusión: el deporte tiene una vertiente económica, y desde la Sentencia del TJCE en el caso Meca-Medina, es evidente que la legislación comunitaria incide sobre ella, cabiendo incluso considerar a las Federaciones internacionales como asociaciones de empresas en una posición predominante o de monopolio. Ahora bien; respecto de las singularidades en materia de Derecho de la competencia, posiblemente haya que adoptar una decisión salomónica, en el sentido de admitir que el deporte sea un sector como otro cualquiera o (mucho mejor) reconocer sus singularidades. Y respecto de dónde trazar la línea, tenemos una importante patata caliente que ahora mismo la CNMC ha situado al otro lado de la ACB, pero que la jurisdicción contencioso-administrativa puede situar de nuevo en el interior de la autoorganización del deporte. Con o sin medidas cautelares.

 

Habrá que esperar.

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