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José Miguel Fraguela
2 de abril de 2017

Un informe externo advirtió en noviembre a la RFEF de su posible imputación por el caso Haití

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IUSPORT ha tenido acceso a un informe emitido a petición de la RFEF al estallar el caso Haití, informe que fue remitido por el experto externo consultado (un relevante catedrático de derecho penal) a la secretaria general de la RFEF el 22 de noviembre de 2016.

 

Como saben los lectores de IUSPORT, tanto Ángel María Villar como la RFEF han sido citados por el juez para este martes 4 de abril a las 10:00 de la mañana para prestar declaración en el caso Haití. Villar ya ha justificado su ausencia al tener que asistir a un comité ejecutivo de la UEFA en Helsinki.


Aunque se le llama así porque la subvención destinada Haití fue la primera que se descubrió como irregular, la causa penal que instruye el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda abarca varias subvenciones concedidas a la Federación Española de Fútbol en 2011 por un importe global de 1,2 millones de euros, para diversos fines, entre ellos la construcción de una escuela en Haití, de ahí el nombre dado al caso, pero no era la única de las finalidades que motivaron las ayudas.


También hemos informado de que la RFEF reintegró dichas subvenciones, con más 300.000 de intereses, tras el requerimiento que le hizo el CSD, lo cual no ha impedido que el juez haya abierto las diligencias penales.


El asunto parte de una denuncia de Miguel Ángel Galán, exaspirante a ls presidencia que terminó renunció finalmnente a postularse como candidato en estas elecciones, en la que acusó a Villar de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.

 

El informe externo solicitado por la RFEF

 

El informe del experto externo empieza advirtiendo que "sí existen indicios delictivos en las actuaciones hasta ahora analizadas: por una parte un posible delito de fraude de subvenciones del artículo 308.2 del Código penal -CP- y, por otra, uno o varios delitos de falsedad documental en documentos privados, con vocación dé incorporarse a un expediente público, que en unidad natural de acción y en concurso con el anterior, se subsumirían en el artículo 390.1-2º y 3º, en relación con el 392 del CP".

 

Recuerda el informe, sobre el fraude de subvenciones, que "el citado artículo 308.2 del CP castiga en la actualidad con penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del importe de lo defraudado, al que "en el desarrollo de una actividad sufragada en todo o en parte con fondos de las Administraciones públicas los aplique en una cantidad superior a 120.000 euros a fines distintos de aquellos para los que la subvención o ayuda fue concedida ..,''.

 

- El apartado 3 del mismo artículo dispone que "Además de las penas  señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres a seis años".

 

Y añade: "Los hechos relatados, aun pendientes de una concreción más exacta, vienen a revelar que más de la mitad de los fondos recibidos, si bien no fueron objeto de apropiación por personas físicas ni destinados a fines ajenos a la Fundación de la RFEF, sí se aplicaron a "fines distintos de aquellos para los que la subvención o ayuda fue concedida" y, si se considera que la subvención fue única aun cuando destinada a cuatro programas, ascendiendo la cuantía de la misma a 1.222.200 euros, el límite de los 120.000 euros se superaría con creces, y si se considerara que en realidad fueron cuatro subvenciones o ayudas, es posible que en algún caso no se alcanzara dicho monto, cuestión pendiente de verificar en posteriores averiguaciones que al final de este informe se recomiendan".

 

También advierte el informe que "En las fechas de aplicación de los fondos, año 2011, había entrado en vigor el 23 de diciembre de 2010 la reforma introducida en el CP por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que incluyó a las personas jurídicas como posibles responsables penales por determinados delitos (art. 31 bis.a CP), entre ellos el fraude de subvenciones (art. 310 bis CP), supuesto en el que se podrían aplicar a la Fundación de la RFEF como gestora de la subvención y/ o a la RFEF como concesionaria de la misma (al ser un supuesto de aplicación indebida parece que sólo a la ejecutora debería corresponder en principio dicha posible responsabilidad, pero a la RFEF cabría reprocharle fallos en su función de garante y vigilante) las penas de

 

- multa "de tanto al triplo de lo defraudado" y las potestativas previstas en el artículo 33.7 CP letras b), c), d), e) y g) a juicio de los jueces o tribunales, aplicando los criterios contenidos en el artículo 66. CP,  penas que son disolución de la persona jurídica (que en ningún caso sería aplicable conforme a los indicados criterios),

 

- suspensión de actividades por plazo no superior a cinco años, clausura de locales y establecimientos por igual plazo e intervención judicial; paradójicamente. no se incluye la pena prevista en el letra f) que es la inhabilitación para recibir subvenciones o ayudas públicas, riesgo que en consecuencia no  concurriría en este caso, y en general no es previsible que se aplicaran estas penas complementadas a la principal de multa. 

 

Esta responsabilidad penal de la persona jurídica se produciría si se llegara a la conclusión de que ha existido por su parte una participación en régimen de comisión por omisión (art 11CP) con la personas o personas físicas protagonistas del delito, por culpa in constituendo (defecto de organización) o in operando (defecto de funcionamiento) en alguna de sus modalidades (culpa in eligendo, in educando ve/ in vigilando), teniendo especial relevancia a esos efectos la existencia o inexistencia en la empresa de un Programa de prevención de riesgos penales (Programa de compliance)".

 

Finalmente, "respecto a las posibles personas físicas responsables del delito de fraude de subvenciones, si finalmente no se probara la participación como autor material, cooperador necesario o cómplice (arts. 28 a 31 CP), por acción o en régimen de comisión por omisión (art. 11CP), sólo persistiría la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero si como es probable se constatara qué persona o personas en el seno de la organización jerarquizada ha tenido el domino sobre los hechos indiciariamente delictivos, concurrirían ambas responsabilidades penales, siempre que se acreditara en cada sospechoso la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal (imputación objetiva y subjetiva), que respecto a los segundos tiene sólo puede reprocharse, tal y como luego se insiste, a título de dolo (conocimiento y voluntad de los hechos y de su significado delictivo) al ser atípica la versión imprudente".

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