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EFE/Olga Martín
25 de febrero de 2017

FIFAgate: a la espera de un juicio necesario

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El 27 de mayo hará dos años de las primeras detenciones de directivos de la FIFA acusados de corrupción en Zúrich y el juicio del caso se espera para septiembre u octubre, poco antes de que se cumplan también dos años de la detención del segundo grupo de dirigentes en la misma ciudad.

 

Aquellos hechos, en una operación conjunta del FBI y la justicia suiza, marcaron el principio y el fin de una época en la FIFA, que desde entonces mezcla en su rutina las citaciones judiciales, las extradiciones y las admisiones de culpa de algunos implicados.

 

La afirmación de Loretta Lynch, exfiscal general de Estados Unidos, de que los acusados "corrompieron el fútbol en su interés" aún resuena cuando hay novedades de un caso que no se resolverá en su mandato. La primera afroamericana en ese cargo fue sustituida por Jeff Sessions tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

 

Entretanto, la FIFA, obligada a depurar responsabilidades para cerrar el peor capítulo de sus 113 años de historia y agraviada como para haber pedido una indemnización, espera un juicio necesario, que el juez de Nueva York Raymond J. Dearie ha descartado empezar esta primavera, como quería la fiscalía, por el extenso sumario.

 

Al margen de juzgados, la FIFA ha seguido barriendo la casa. La Comisión de Ética ha inhabilitado a los implicados y ha resuelto los expedientes abiertos a su anterior presidente, el suizo Joseph Blatter, y a quien pretendía sucederle, el francés Michel Platini.

 

Sancionados ambos por un pago del primero al segundo que contraviene el Código Ético acudieron al TAS, que mantuvo los seis años de inhabilitación a Blatter y redujo a cuatro la de Platini.

 

Aunque la propia FIFA presentó a finales de 2014 una demanda penal contra desconocidos en Suiza por sospechas de gestión desleal y lavado de dinero vinculadas a la elección de Rusia 2018 y Catar 2022, fue Estados Unidos el país que formalizó las acusaciones.

 

En mayo de 2015 su fiscalía presentó cargos contra 9 directivos y 5 empresarios y empezaron las detenciones. El dossier se amplió en diciembre de ese, con imputaciones a otros 16 cargos y exdirectivos.

 

Con la CONCACAF y la CONMEBOL en el centro, los hechos se destaparon porque Estados Unidos investigó la fortuna de Chuck Blazer, exsecretario general de la primera, quien para evitar la cárcel admitió su participación y la de otros en sobornos y cobros ilegales derivados de derechos audiovisuales de competiciones.

 

Entre la cuarentena de acusados hay expresidentes de la CONMEBOL, los paraguayos Nicolás Leoz y Juan Ángel Napout y el uruguayo Eugenio Figueredo, y otros dos de la CONCACAF, el estadounidense Jeffrey Weeb y el hondureño Alfredo Hawit,

 

Leoz, por su edad (88) ha permanecido en arresto domiciliario, aunque la fiscalía de su país ve viable su extradición a Estados Unidos, algo por lo que ya pasó Napout y también el trinitense Jack Warner, vicepresidente de la CONCACAF.

 

Sí han admitido su culpa el expresidente de Honduras Rafael Callejas, que presidió también la federación de su país, Rafael Esquivel, exvicepresidente de la Conmebol y expresidente de la Federación Venezolana, y los expresidentes de las federaciones de Perú y Nicaragua, Manuel Burga y Julio Rocha, entre otros.

 

No han aceptado los cargos José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña, que tiene a dos dirigentes más implicados, Ricardo Teixeira y Marco Polo del Nero, de nuevo en la presidencia.

 

Tampoco lo han hecho el guatemalteco Héctor Trujillo, juez del Tribunal Constitucional y exsecretario general de la federación de su país, cargo que ostentó también Costas Takkas en la Federación de las Islas Caimán, ni Eduardo Li, exlíder del fútbol costarricense.

 

El caso también toca a firmas como la argentino Torneos y Competencias que transmite eventos deportivos y que ha acordado pagar casi 113 millones de dólares tras admitir sobornos a cambio de los derechos del Mundial 2018, 2022, 2026 y 2030.

 

Está por ver qué ocurre con el argentino Eduardo Deluca, exsecretario general de la Conmebol, y sus compatriotas Hugo y Mariano Jinkis, dueños de la empresa Full Play que comercializaba derechos, ya que un juez de su país ha rechazado su extradición porque el delito no se cometió en Estados Unidos.

 

El juicio concluirá algún día con sentencias que darán que hablar tanto como cuando se conocieron los hechos. Unos hechos que no se borrarán de la historia de FIFA, pero que, como pretende Infantino, permitirán aprender del pasado para no repetir errores en el futuro.

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