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Redacción de Iusport
16 de febrero de 2017
TEXTO ÍNTEGRO DEL AUTO RECURRIDO

Los argumentos planteados a la Audiencia para que reabra la causa contra Villar

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Como informamos en IUSPORT el pasado 17 de enero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Majadahonda, decretó mediante auto el archivo de la causa por presunto retraso deliberado de las elecciones, tras la querella que formuló el precandidato Miguel Galán.


 
Pues bien, dicho auto fue recurrido por Galán ante la Audiencia Provincial, que podría resolver en medio del proceso electoral que se inicia este viernes.

 

Miguel Galán, apelante, expone en su recurso que "la realidad, subyacente y real, del retraso voluntario y caprichoso por parte del querellado se puede claramente ver y analizar con lo acaecido en los primeros nueve meses del año 2016. Dicho motivo no es otro sino el de asegurarse el querellado, Sr. Villar, poder presentarse a Presidente de la RFEF, en el caso que no fuera elegido Presidente de la UEFA (elecciones UEFA eran el día 14 y 15/09/16 en Atenas y fue elegido, finalmente, como Presidente el abogado esloveno D. Aleksander Ceferin)".  

 

"Con ello -prosigue el recurso-, queremos decir que durante los nueves primeros meses del año 2016, el querellado quería retrasar las elecciones a Presidente de la RFEF, dado que se postuló para ser Presidente de la UEFA, y en el caso que no fuera elegido Presidente de la UEFA, poder presentarse a las elecciones de la RFEF, y así decidió organizar y llevar a cabo un plan para no acatar la Orden Ministerial que estipulaba como debía ser realizado el nuevo reglamento electoral de la RFEF".

 

"Dicho plan, basado en motivos personales, consistía en presentar ante la comisión delegada de la RFEF, diferentes reglamentos que sabía y conocía que no estaban acordes con la Orden Ministerial, y que por lo tanto el CSD, no iba a aprobar y así poder ganar tiempo y poder presentarse a la Presidencia de la RFEF, en el caso que perdiera las elecciones UEFA".

 

"Estos eran los planes del querellado con un único objetivo personal (: poder presentarse a la Presidencia de la RFEF si perdía las elecciones de la Presidencia de la UEFA), se trucaron cuando se dio cuenta en julio del anterior año, que no tenía suficientes apoyos en el seno de la UEFA …"

 

Añade el recurso: "Es destacable como el querellado va retrasando el proceso electoral, a través de propuesta a la comisión delegada de Reglamentos contrarios a la Orden Ministerial ECD/2764/2015, así como la omisión deliberada de información, nuevamente enviando un mismo Reglamento no conforme a derecho (idéntico al primero, como se verá), así como de tantos otros en diferentes ocasiones en el año 2016. Así las cosas, de esta forma el querellado permanece en el cargo y maneja el proceso electoral arbitrariamente, sometido únicamente a su libre voluntad".

 

"Igualmente hay que valorar que para el momento en que se conoció esta querella, el Sr. Villar asumía las tareas de Presidente de UEFA, en su condición de Vicepresidente primero (y ello debido a la inhabilitación del Presidente electo, el Sr. Platini). De igual modo, el querellado también consigue controlar los expedientes de
inhabilitación interesados por el CSD, y esperar a la formación de un nuevo gobierno más proclive a sus intereses, tal y como ha terminado sucediendo por cuanto se ha avenido a lo que el CSD viene reiterando sobre la excepción que la Orden Ministerial contiene y del que ha hecho caso omiso el Sr. Villar hasta que, el Sr. Cardenal, ha cesado de ser Presidente del CSD, y hay un nuevo Pte. de dicha institución, el Sr. Lete, y pasando a solicitar la excepción que no quiso realizar durante el mandato del Sr. Cardenal ya que le coincidía con sus planes de poder tener tiempo de presentarse a Pte de la RFEF si no ganaba las elecciones UEFA".

 

"Y todo lo anterior lo consigue con claro afán de burlar la Ley, aunque en apariencia suponga un mero cumplimiento formal, no material. Así, la única intención de postergar continuamente la celebración de las elecciones en la Real Federación es poder optar a presentarse en el caso que pierda las elecciones a la presidencia de la UEFA, a las cuales se había presentado como candidato. Se constata la presentación del querellado a las elecciones de la UEFA, según se han hecho eco los medios de comunicación, según el comunicado, oficial, de la propia RFEF, el 19 de julio de 2.016. el cual expresa que el Sr. Villar ha decidido ser candidato a la Presidencia de la UEFA que se celebrarán en Atenas el próximo 14 de septiembre".

 

El recurrente cita estas palabras de Villar, que vendrían a confirmar su estrategia:


«Me presento a la UEFA […] pero si no gano, o me retiro, que no creo, me presentaré a la reelección en la Federación Española y trataré de consumar al menos 30 años como presidente»

 

Para Galán, "dichas declaraciones no hacen sino afirmar que su continuo comportamiento, en contra del criterio del CSD, es constitutivo del tipo de prevaricación".

 

El escollo de si un presidente federativo puede incurrir en prevaricación

 

El Auto impugnado, en su Parte Dispositiva, expone que:

 

«Se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles o administrativas, que en su caso, puedan corresponder al perjudicado. […]»

 

Para el apelante, "se ha aplicado de manera incorrecta el artículo 24.2 del Código Penal, con respecto al concepto de funcionario público, y asimismo, a la falta de motivación por parte del Juez a quo al haberse apartado completamente de la doctrina jurisprudencial, con respecto al concepto de funcionario público a efectos penales".
En efecto, el artículo referido expone que se considerará funcionario público:

 

«todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas»


"Pues bien, es pacífica la jurisprudencia que determina que el concepto de funcionario, a efectos penales, no coincide con el delimitado por el Derecho Penal (por todas, STS 1122/2007). En este sentido, se da un concepto propio y privativo del campo jurídico, y que no se trata, pues, de una norma en blanco que pueda remitir la definición a otras disposiciones, del Derecho Administrativo (STS 663/2005)".

 

"El juzgado a quo yerra a la hora de analizar la naturaleza jurídica de las Federaciones deportivas, y por extensión, de las funciones que ejercen los órganos y miembros que forman parte de éstas".

 

"El artículo 30 de Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte las define como entidades privadas que, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación,  funciones públicas de carácter administrativo:

 

“Artículo 30.

 

1.    Las Federaciones deportivas españolas son Entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en  el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, Clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas Profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte.

 

2.    Las Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la Administración pública.”

 


Y no cabe duda alguna de que todas las funciones que Federación Deportiva ejecuta en relación a su propio proceso electoral, son de naturaleza claramente pública. En efecto, si las Federaciones Deportivas son entidades que, conforme a Ley, ejercen funciones públicas, como no van a ser de naturaleza pública todas aquellas funciones que la norma le encomienda a fin de elegir sus órganos de gobierno y  representa ción . Si lo que “hace” ti ene natural eza pública, necesaria mente todo lo   que tiene que ver con la elección de sus órganos y miembros de representación es ejercicio de una función pública.

 

"Así lo han entendido diversos Juzgados y Tribunales a la hora de determinar la competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre los actos dictados en relación a los procesos electorales de las Federaciones Deportivas. Sólo hace falta examinar una base de datos jurídica para comprobar que son los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo los que conocen de cualquier pleito entablado en relación a un proceso electoral de una Federación Deportiva".

 

En particular, el recurrnte cita la Sentencia núm. 403/1999 de 10 mayo de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), y otra de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, de 26 de Febrero de 2009 (rec.6/2007), en la que se resolvía un recurso contencioso administrativo interpuesto precisamente por la Real Federación Española de Fútbol en el que cuestionaba la “dimensión pública” de los procesos electorales de las Federaciones Deportivas.

 

El caso resuelto en términos simples consistía en que la Real Federación Española de Fútbol impugnaba la Orden ministerial que regulaba los procesos electorales en las Federaciones deportivas. Los argumentos de la recurrente consistían sustancialmente en que siendo las Federaciones una variante de asociaciones, ello excluiría las injerencias públicas para determinar reglamentariamente los procedimientos de elección de sus órganos de gobierno y representación. En suma, que, para la Federación Española de Fútbol, el Ministerio afectaba a la potestad de autoorganización de las Federaciones Deportivas que son asociaciones privadas. La Audiencia Nacional en su contundente sentencia recuerda que según la Ley del Deporte ( Ley 10/1990) las Federaciones Deportivas españolas están configuradas como “entidad es priva das” con personalidad jurídica propia” y que ejerc en por  delegación “f uncion es públicas de carácter admin istrativo” (afiliados, organización de competiciones oficiales, disciplina, etc), con lo que actúan como agentes colaboradores de la Administración pública, circunstancia que explica y legitima la regulación estatal del procedimiento de elección así como la reglamentación de cuestiones conexas. En definitiva, que las Federaciones Deportivas son entidades con un núcleo funcional de interés público que justifica en ese concreto perímetro la aplicación del Derecho Administrativo y con ello, el control por la Jurisdicción Contencioso-administrativa".

 

"De ahí que los miembros de una Federación Deportiva, en la medida que éstas se encuentren ejerciendo una función pública, pueden y deben ser considerados funcionarios públicos a los efectos del artículo 404 del Código Penal, y por ende, en su caso, autores de un delito de prevaricación administrativa".
"Es sujeto activo del delito el funcionario público, entendido en el sentido amplio del artículo 24.2 del Código Penal", concluye el apelante.

 

"Derivado de lo anterior, el Sr. Villar debe ser considerado autor de un delito de prevaricación administrativa en su condición de Presidente de la RFEF".

 

"Así, por lo anterior, se debe considerar que los actos en relacion a las elecciones de la RFEF, del máximo miembro del ejecutivo de la RFEF, deben considerarse como actos de la función publica y por ello se de revocar el auto que se ataca y dictar otro en el que confirme que puede ser responsable, en su caso, de delitos de prevaricación en el seno de la actuación del querellado en materia electoral de la institución que preside".

 

Pruebas ordenadas y no practicadas en el Juzgado

 

Además del argumento anterior, dedicado a sustentar que Villar es funcionario público y por tanto puede incurir en prevaricación, el apelante también impugna el auto al considerar que "no se puede sobreseer esta Causa por cuanto aún no se ha recibido por completo todos los documentos y pruebas que se solicitaron por este Juzgado y tras su reciente análisis".


"Así, mediante Diligencia, de fecha de 28 Octubre de 2.016, el Juzgado de Instrucción, acordó:
«Requiérase a la Real Federación Española de Fútbol para que aporte las grabaciones de las votaciones de la Comisión Delegada para aprobar los distintos Reglamentos emitidos por la RFEF, así como la transcripción de las reuniones de la Comisión Delegada de 19 de enero de 2.016, 11 de agosto y 11 de octubre de 2.016 y todos los documentos posteriores a la fecha de 7 de julio de 2.016 y los referentes a la aprobación de los reglamentos de las reuniones de 11 de agosto y 11 de octubre de 2.016 y se le requiera también de las grabaciones, transcripciones, documentos, informes y expedientes relativos a la reunión con carácter de urgencia de la Comisión de 8 de Septiembre de 2.016.»

 

"Así las cosas, no se han enviado, salvo error u omisión, la grabación referida a la Asamblea de 22 de marzo de 2.016 (afirmada por el CSD que se realiza); y así quedaba clara la Diligencia dictada por el órgano Instructor, en tanto se refirió a todas las grabaciones de las Asambleas (incluida la de 22 de marzo) sin que hasta la fecha se haya presentado o explicado el porqué de su no aportación a estos Autos y ello hace que no se pueda tener todos los datos necesarios para poder valorar la pertinencia de sobreseimiento o en su caso de continuación por los cauces procesales que abren la fase intermedia".

 

"Por lo tanto, en tanto no se reciba dicha grabación, y no sean unidas a estos Autos no cabe dictar el sobreseimiento acordado, por entender que no es ajustado a Derecho, la declaración de sobreseimiento de la causa. Tampoco consta la transcripción de la Asamblea de 22 de marzo de 2.016. En consecuencia entiende esta Parte que debe revocarse el Auto de sobreseimiento que se ataca, dejándolo sin efecto y con las consecuencias legales inherentes a la misma, y que no es otro que la continuación de esta  instrucción,  de  lo  contrario  estaríamos  ante  la  falta  de  tutela  judicial  efectiva".

 

Error en la valoración dela prueba practicada

 

"Sentado el motivo anterior, debemos relacionarlo asimismo con que las declaraciones efectuadas en estos Autos al entender que, con respecto de las declaraciones que se han practicado en estas actuaciones, existen razones fundadas, junto con la consideración de funcionario público del investigado (vid. Motivo SEGUNDO), que existen verdaderos indicios de presunta comisión de delito de prevaricación administrativa al momento de aprobarse el Reglamento Electoral para el periodo de 2016-2020, y que no aconseja cerrar y sobreseer la Instrucción de esta causa y sí continuar su instrucción".


"Entiende esta Parte que no se han valorado de manera correcta – o no se han tenido en cuenta o ponderado de igual manera – todas las diligencias de investigación que constan en Autos, dicho en estrictos términos de defensa y con absoluto respeto a este Juzgado al que nos dirigimos. Lo anterior lo entendemos por cuanto, sin embargo, no ha valorado la Resolución que se ataca, una serie de cuestiones que se han ido dilucidando durante la investigación, que hacen que, en realidad, la decisión que se toma en el Auto que se recurre no es, en opinión de esta Parte, del todo ajustada a Derecho".


El apelante afirma que "el querellado y Presidente de la RFEF, el Sr. Villar, conoce que el contenido del Reglamento va en contra de derecho, y a pesar de ello lo lleva a la comisión delegada donde igualmente es el máximo dirigente".

 

"Por lo tanto, el Sr. Villar conoce a la perfección qué Reglamentos se están elaborando, cuáles ha presentado el mismo y está sometiendo a la Comisión Delegada, por lo que entiende esta Parte que el investigado es plenamente consciente de la actuación que está llevando a cabo, pues es él quien ordena qué y cómo han de ser los Reglamentos, esto es, sabe que está presentando un Reglamento que es contrario a la Orden Ministerial, burlando el Ordenamiento Jurídico, a sabiendas de lo injusto de su actuación y complementándose con su actuación su voluntad, y que no es otra que el retraso manifiestamente intencionado de las elecciones y que le beneficiba a sus planes e intención de ser Presidente de la UEFA, como siempre ha sido y ha afirmado en todos los medios".

 

Dice Galán que "no es ajustado a Derecho, dicho en estrictos términos de Defensa, que sea amparable la argumentación que sea la Asesoría Jurídica quien elabore per se los Reglamentos, ni que la única responsabilidad de los mismos recaiga sobre ellos, pues quien no está facultado orgánica, ni funcionalmente para trabajar de manera autónoma, tampoco lo está para arrogarse funciones y responsabilidades que atañen al Presidente de la RFEF".

 

Más adeñante dice: "Por lo anterior, no puede compartirse el razonamiento del Auto que se ataca cuando refiere que el Sr. Villar no es responsable, porque él no realiza el Reglamento (cuando hemos demostrado que sí lo hace, al ordenar la política a seguir, por autorización expresa y habitual de la Comisión Delegada, al tomar dicho Reglamento como propio al convocar la Comisión para aprobar el Reglamento que conoce y sabe que no cumple los requisitos legales y normativos)".

 

El apelante se apoya también en el expresidente del CSD. "Asimismo, el Sr. Cardenal también se pronuncia en los mismos términos, afirmando que el Reglamento «el Presidente lo lleva y la Comisión lo vota. En este caso la presentación quien decide el orden del día se apoyara en los órganos administrativos pero que estos ejecutan lo que él [Villar] les pide» (Declaración del Sr. Cardenal, Presidente del CSD).


Indicios de que se han presentado, por el Sr. Villar, Reglamentos manifiestamente ilegales

 

El apelante se apoya ahora en uno de los fundamentos del auto recurrido. "Para mayor abundamiento, entiende esta Parte que sí existen indicios que se hayan dictado Reglamentos manifiestamente ilegales. En este sentido, debemos reiterar que en el fundamento Cuarto del Auto que se recurre en Apelación por el presente escrito, la instructora entiende que": «No se acredita que el Sr. Villar a sabiendas de la ilegalidad o con el fin de retrasar el proceso electoral proponga borradores de reglamentos ilegales»


Y llega incluso a invocar declaraciones del propio Villar en las que reconocería sus tesis.

 

"Como primera prueba de lo anterior podemos advertirla en la propia declaración del investigado en este procerdimiento. En efecto, en su declaración de 14 de octubre de 2.016, el Sr. Villar afirma que «el asesor jurídico le dice que en el Reglamento hay algunas cosas que pueden ser no aceptables por la nueva orden». Entonces, ¿cómo puede colegirse que un Reglamento no es ilegal si no cumple la nueva Orden? Y si no la cumple, ¿por qué persiste el Sr. Villar en su empeño y lo presenta a la Comisión, y convoca en Asamblea a esta? Pues con la mera apariencia de cumplir los trámites legales, cumple su objetivo: que el Reglamento no tenga la aprobación del Consejo  Superior de Depo rtes y r etrasar l as ele cciones, au nque para ello “ha ya cu mplido con la  normati va”.


A continuación, el recurrente enumera los distintos reglamentos presentadps por la RFEF.


Y se pregunta el apelante: "¿Cómo el Sr. Villar, sabiendo y facultado para corregir las deficiencias que el Reglamento contenía, presenta en la Asamblea de la Comisión Delegada de 22 de marzo de 2.016 el mismo Reglamento del 19 de enero de 2.016 sin haberse  realizado  cambio  alguno?  Este  hecho  es  una  prueba  irrefutable  que  el Presidente, el Sr. Villar ha presentado un Reglamento completamente contrario a la Orden Ministerial. Y lo conocía, por un lado, porque así se lo hizo saber el Director de la Asesoría Jurídica (el Sr. Larumbe) y además así se lo había comunicado el CSD el 16 de febrero de 2.016, tal y como consta en Autos".


"Asimismo, la no adecuación del Reglamento Electoral a la Orden Ministerial venía auspiciada por el propio Presidente de la RFEF, el Sr. Villar, por querer retrasar las elecciones y, además, escudándose en que debe cumplir las normas de la FIFA. Así, en su declaración ratifica que":


«preguntado por qué es tan difícil redactar un Reglamento manifiesta que están inscritos a la FIFA que tiene un reglamento electoral modelo para las distintas federaciones nacionales, que tienen que cumplir con ese reglamento por lo que puede haber un choca (sic) entre la normativa nacional y lo qe (sic) dice FIFA. Que durante todos estos años han adaptado la normativa española y el Reglamento FIFA. Que a FIFA uno se asocia VOLUNTARIAMENTE y hay que cumplir con la normativa FIFA. Que la Orden Ministerial choca con FIFA. Que choca en los elementos discutidos y en uno esencial que no habrá injerencias de actuaciones privadas ni públicas externas a las federaciones nacionales que componen la FIFA.

 

[…] Preguntado si quiere que los reglamentos electorales se ajusten a la normativa de la FIFA manifieista (sic) que si»


"Al Sr. Villar no le tiembla entonces la mano en afirmar que, en realidad, no cumple con la Orden Ministerial porque no quiere. Porque hay que cumplir lo que la FIFA determina. Suerte de ello que significa que el Sr. Villar antepone los designios de una Federación, frente a lo que una norma jurídica del Estado español impone. El Sr. Villar lo reconoce, no cumple con la Orden porque hay que cumplir con FIFA, ¿por qué a unos sí, y a otros no? A este punto habrá que preguntarse hasta qué punto si, no puede haber injerencias en la RFEF por instituciones, puede la FIFA inferir en la normativa española y en su Ordenamiento Jurídico. ¿Es acaso la FIFA una institución, como la Unión Europea, una organización internacional supranacional que obliga a cumplir su normas, y adaptar la normativa española a aquélla (FIFA)? Desde luego que no".

 

Y añade: "El hecho de pretender cumplir con FIFA demuestra la no intención de cumplir con la Orden Ministerial, y eso, precisamente, significa dictar una Resolución manifiestamente injusta, elemento del tipo de Prevaricación Administrativa del artículo 404 del Código Penal".

 

La famosa excepción

 

El apelante recuerda que "existía habilitación en la Orden, como hicieran otras federaciones, para poder adecuar el Reglamento a la normativa vigente de nuestro Ordenamiento, por la Disposición Adicional Primera, conocida por el Sr. Villar y nunca articulada hasta que el Sr. Cardenal cesara como Presidente del CSD, y se nombrara al Sr. Lete al frente del organismo".


"Sin embargo, y en la actualidad el Presidente del CSD ha dejado de ser el Sr. Cardenal para ser Don José Ramón Lete. Pues bien, ahora sí, el Sr. Villar ha solicitado la excepción (ya conocida) contenida en la Disposición Final Primera para cambiar los criterios con respecto a la representación de los deportistas en la Asamblea y sus circunscripciones (Villar pretende que sea autonómica y no Estatal como aplica el art. de la Orden).
La concordia institucional, ahora sí:

 

"Así, el argumento base de la RFEF para, ahora, un año después de iniciarse el proceso de aprobación de Reglamento Electoral, presente su solicitud de excepción se basa en que «en aras a la concordia institucional y bajo el firme propósito de avanzar en la aprobación de un reglamento electoral que permita la celebración de elección a sus órganos de gobierno y representación, ha decidido solicitar el cambio de criterio».

 

"¿Por qué ahora y no todos los meses anteriores en los que se le comunica a la RFEF que debe cambiarlo y, sin embargo, el Sr. Villar desoye y sigue realizando Reglamentos manifiestamente ilegales?"

 

"Pues porque, como apuntábamos en el motivo Previo, retiró su candidatura a la UEFA, por lo que ahora sí que le interesa celebrar las elecciones, las mismas que le han postergado en el cargo durante 28 años al frente de la RFEF".


"Lo anterior demuestra, en definitiva, el ejercicio de la voluntad del Sr. Villar sobre la RFEF, bajo su Presidencia, en la forma de dictar un Reglamento ilegal que sabía que no se iba a aprobar, convocar la Asamblea de la Comisión Delegada sabiendo que el Reglamento, a pesar de que se aprobara, no sería aceptado por el CSD. Supone a todas luces un apartamiento de la legalidad y la fidelidad al cargo, a las normas, y lo que supone un buen ejercicio de la función pública, y que no es otra que la no asunción de la voluntad personal contra los intereses generales y públicos, como aquí, de manera. contundente, ha quedado clarificado".

 

 

"Por lo anterior, no puede aceptarse, a juicio de esta Parte, que se sobresea una causa que, entre sus razones, contiene valoraciones de los elementos típicos y subjetivos, que sólo un proceso total y debido podrá revelar o desacreditar, y no en esta misma fase de proceso, esto es, sólo en el Juicio Oral, podrá declararse la inexistencia de dolo, de la sapiencia de la injusticia que se realiza en la propuesta de Reglamentos, y con la finalidad descrita de poder presentarse a las elecciones de la UEFA, y con claro afán dilatorio".

 

TEXTO ÍNTEGRO DEL AUTO  DE ARCHIVO RECURRIDO

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