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Rafael Alonso Martínez
8 de febrero de 2017

Coto federativo a las 'nacionalizaciones de interés'

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[Img #36521]La IAAF no es la primera federación internacional que reacciona frente a las llamadas «nacionalizaciones de interés» que, en opinión de muchos, desnaturalizan las confrontaciones deportivas de selecciones nacionales.

 

Ya en el 2004 la FIFA adoptó una medida de urgencia frente al fenómeno después de que Túnez ganase la Copa África con dos oriundos brasileños y que trascendiese la intención de Catar de imitar el movimiento nacionalizando en bloque a otros tres brasileños que jugaban en la Bundesliga.

 

La FIFA exigió entonces una residencia mínima de 2 años en el territorio de la nueva federación en caso de que no existiesen otros vínculos de nacimiento o parentesco con nacionales del territorio.

 

La FIFA ya disponía de otras cláusulas restrictivas de la nacionalidad, como la que impidió en su día al portero Navarro Montoya disputar el Mundial de 1998 con Argentina tras haber jugado en categorías inferiores con la selección colombiana.

 

Debe diferenciarse así entre el concepto de nacionalidad civil y el de nacionalidad deportiva. Mientras la civil se identifica con la adquisición de la nacionalidad de un Estado cumpliendo los requisitos impuestos por el Estado en cuestión, la deportiva se refiere a los requisitos de elegibilidad para ser válido integrante de una selección deportiva nacional.

 

Al igual que cada Estado es soberano para regular los requisitos de adquisición de su nacionalidad, cada federación internacional también lo es para establecer los requisitos de elegibilidad que estime convenientes para representar a la selección de un país cuya nacionalidad se adquiere.

 

En sus sentencias Walrave, Doná, Bosman o Deliège, el TJUE viene admitiendo la validez de normas federativas que limiten la formación de las selecciones nacionales exclusivamente por personas de la misma nacionalidad que la federación que representan, cuando tal limitación haya sido impuesta exclusivamente en beneficio del deporte.

 

Ello se debe a que los ingresos de los deportistas no suelen depender de su participación en selecciones nacionales, por lo que no se considera jurisprudencialmente que la participación en selecciones nacionales constituya una actividad económica y, por ello, se permiten límites en nombre del interés deportivo.

 

En suma, la validez de los requisitos que cada federación imponga estará sometida a un juicio de objetividad, razonabilidad y existencia de interés deportivo que podrá ser discutido ante el TAS o, en ocasiones, ante tribunales nacionales ordinarios. 

 

Rafael Alonso es socio del despacho Caruncho, Tomé & Judel y Máster en Derecho Deportivo

 

 

NOTA: Publicado en www.lavozdegalicia.es

 

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