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Diego García Diego
9 de enero de 2017
TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

El TSJV declara exentas de IRPF solo 2 mensualidades en la indemnización del deportista

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Mediante sentencia de 3 de octubre pasado, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estima el recurso  del Levante y anula en parte la liquidación liquidación tributaria de 2000 y los acuerdos sancionadores del TEAR contra el club.

 

El club había impugnado el acuerdo del TEAR (Tribunal Económico- Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana), de 30-10-2012, que desestimó la reclamación núm. 46/8845/06 y sus acumuladas 46/8847/06, 46/8961/06 y 46/8960/06.

 

Las reclamaciones se hubieron interpuesto por "Levante Unión Deportiva" SAD contra las liquidaciones del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 2000 y 2001, por importes de 241016,09 euros y 193358,41 euros, así como contra los acuerdos sancionadores conectados que la multaron con 105729,69 euros y 115720,13 euros.

 

El TSJV considera que no cabe extrapolar la doctrina que defiende el Tribunal Supremo en relación con el personal de alta dirección a la relación especial de los deportistas profesionales, pues aún siendo ambas relaciones laborales de carácter especial responden a situaciones diferentes, siendo muy diferente la redacción de los preceptos. Así, en el RD 1382/85, en las relaciones del personal de alta dirección no existe una cantidad máxima o mínima de indemnización, por lo que habrá que estar a lo que se pacte por las partes, actuando, en defecto de lo anterior, la cantidad de 20 días de salario por año de servicio, lo que es lógico porque el alto directivo se relaciona en un plano de cuasi igualdad con el empleador y de ahí que se establezca como derecho supletorio la legislación civil o mercantil y sus principios.

 

Por el contrario, en la relación laboral de los deportistas, sí existe un límite mínimo de indemnización garantizado al trabajador, siendo este límite el que sirve a efectos del Impuesto de la Renta para reconocer la exención parcial, como estimó la Inspección, pero no un límite máximo, lo que impide aceptar la tesis de la recurrente que pretende extender la no sujeción y la exención a toda la indemnización pactada o a las retribuciones dejadas de percibir, a falta de pacto.

 

Extracto de la sentencia


Los actos impugnados se dictaron por la Inspección Tributaria, con los que se regularizaba la situación tributaria de "Levante Unión Deportiva" SAD por varios conceptos, regularización que es contradicha en el recurso por "Levante Unión Deportiva" SAD esgrimiendo diversos motivos, entre los que destacamos el siguiente:

 

La parte recurrente cuestionó aquel otro apartado de la regularización fiscal centrado en las indemnizaciones satisfechas a jugadores - bien pactadas, bien establecidas en acto de conciliación en el SMAC- y con motivo de la rescisión o resolución ( sic ) de sus contratos laborales. Así, "Levante Unión Deportiva" SADsostiene que tales cantidades estaban exentas porque no superaban los límites que el Estatuto de los Trabajadores establece para el despido improcedente [ art. 7 e) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre ] o, subsidiariamente, caso de considerarse no exentas, que debía aplicárseles la reducción del 30% por tratarse de unos rendimientos irregulares generados en un periodo superior a 2 años y no obtenidos de forma recurrente [art. 17.2]. Mientras que, por su lado, la Inspección Tributaria concluyó que las indemnizaciones estaban plenamente sujetas y no exentas del impuesto, también porque se hubieron pactado o fueron fijadas en una conciliación [art. 7 e].

 

El art. 7 de la Ley 40/1998 establece queestán exentas "las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato" [apartado e)].

 

En el caso que tratamos, el cese de la relación laboral de la entidad recurrente con sus deportistas se debió a un acto de voluntad de aquella entidad (se habla de "rescisión" y de "resolución"), y no a una extinción de mutuo acuerdo con los deportistas, ello sin perjuicio de que las indemnizaciones que les correspondían se pactaran bien inicialmente, bien tras la intervención del SMAC.

 

Hemos de traer aquí el art. 15.1 del RD 1006/1985, de 26 de junio , el cual establece que "en caso de despido improcedente, sin readmisión, el deportista profesional tendrá derecho a una indemnización que a falta de pacto se fijará judicialmente de al menos dos mensualidades de sus retribuciones periódicas, más la parte proporcional correspondiente de los complementos de calidad y cantidad de trabajo percibidas durante el último año, por año de servicio".


Como se dijo en las SSTS de 28-3-2012 y 22-11-2012 , las cuestiones a dilucidar, a la hora de interpretar el citado art. 15.1, radican en determinar si la indemnización mínima de dos meses por año de servicio es aplicable en todo caso, esto es, tanto cuando se haya pactado entre club y deportista la indemnización, como cuando, a falta de ese pacto, la indemnización se fije judicialmente; o, por el contrario, el mínimo sólo puede operar en el caso de fijación judicial de la indemnizaciónde forma que podrían empleados y deportistas pactar una indemnización inferior o, incluso, la inexistencia de la misma. Y unsegundo tema controvertido versa sobre si el legislador fijó límite máximo.

 

Pues bien, de tales sentencias se concluye con meridiana claridad, por un lado, que la normativa transcrita contempla un límite mínimo de la indemnización exento de tributación y, por otro lado, la negación de la fijación de un límite máximo obligatorio también exento de tributación.

 

Transcribimos de las sentencias citadas lo que ahora interesa: "Una interpretación literal del precepto lleva a entender que la imposición del mínimo de dos mensualidades de retribución se efectúa de manera indiscriminada respecto a ambos casos de fijación de la indemnización, el contractual y el judicial, al no distinguir entre uno y otro, ya que sólo establece que, a falta de pacto, será el juez quien deba fijar la indemnización, no que sea en este último caso cuando se aplique el mínimo de dos mensualidades, ya que gramaticalmente lo que se expresa entre comas tiene un mero valor explicativo de lo que precede. En cambio, del tenor de la norma no se desprende que se haya querido fijar un límite máximo obligatorio.

 

Además, dado el carácter tuitivo que el Derecho del Trabajo dispensa al trabajador, hay que entender que no resulta lícito un pacto indemnizatorio por debajo del mismo. El propio RD 1006/85, en su Preámbulo, define como objetivo inspirador del mismo el 'trasladar el mayor número posible de criterios procedentes de la normativa laboral común al ámbito de esta relación especial, sin olvidar las peculiaridades que se derivan de la práctica deportiva', y de ahí que el art. 21 invoque al Derecho Laboral común como el derecho supletorio en la regulación de la relación laboral de los deportistas.

 

Finalmente, no cabe extrapolar la doctrina que defiende el Tribunal Supremo en relación con el personal de alta dirección a la relación especial de los deportistas profesionales, pues aún siendo ambas relaciones laborales de carácter especial responden a situaciones diferentes, siendo muy diferente la redacción de los preceptos. Así, en el RD 1382/85, en las relaciones del personal de alta dirección no existe una cantidad máxima o mínima de indemnización, por lo que habrá que estar a lo que se pacte por las partes, actuando, en defecto de lo anterior, la cantidad de 20 días de salario por año de servicio, lo que es lógico porque el alto directivo se relaciona en un plano de cuasi igualdad con el empleador y de ahí que se establezca como derecho supletorio la legislación civil o mercantil y sus principios.

 

Por el contrario, en la relación laboral de los deportistas, sí existe un límite mínimo de indemnización garantizado al trabajador, siendo este límite el que sirve a efectos del Impuesto de la Renta para reconocer la exención parcial, como estimó la Inspección, pero no un límite máximo, lo que impide aceptar la tesis de la recurrente que pretende extender la no sujeción y la exención a toda la indemnización pactada o a las retribuciones dejadas de percibir, a falta de pacto.

 

Hay que tener en cuenta que la propia norma, en este aspecto, hace alusión a las circunstancias concurrentes, no ciñéndose a la remuneración dejada de percibir, por lo que nada impide fijar una indemnización superior.

 

En definitiva, ha de convenirse que la indemnización mínima por despido improcedente prevista en el art. 15 del RD 1006/1985 debe considerarse en todo caso exenta de tributación en el IRPF, conforme a lo dispuesto tanto en el art. 9, Uno, letra d), de la Ley 18/1991 , para el ejercicio 1998, como en el art. 7.e) de la Ley 40/1998 , para el ejercicio 1999, resultando así exonerada dicha cuantía de la obligación de retención a cuenta de ese impuesto.

 

En el sentido expuesto nos hemos pronunciado en las sentencias de 4-11-2010 ( cas. núm. 2080/2007 ); 28-1-2011 y 6-10-2011 ( cas. núm. 3213/2007 y 194/2008 )".

 

Por lo que hemos de acoger parcialmente el motivo de impugnación en el sentido de considerar exentas del IRPF y no sujetas a retención aquella parte de las indemnizaciones por rescisión o resolución de contrato equivalente a dos mensualidades de retribución.

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA

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