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Stefan Privee Boudeguer
2 de enero de 2017

El delito de corrupción deportiva en el tenis

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[Img #34232]El pasado 31 de noviembre la Guardia Civil destapaba una supuesta red de amaño de partidos de tenis en la que estarían involucradas 34 personas, siete de ellas jugadores. Los amaños y las apuestas ilegales se han convertido en un problema global que lleva tiempo preocupando a los principales organismos rectores del tenis y del deporte en general. 

 

En un caso sin precedentes en España, ya son muchos los que vuelcan su atención en las autoridades judiciales de nuestro país a la espera de determinar cual serán las consecuencias para los implicados. Por el momento, voy a centrarme solo en las sanciones y/o penas a las que podrían verse sometidos los jugadores.

 

En primer lugar, estarían las sanciones disciplinarias. Estás se aplicarían como consecuencia de la integración de los jugadores en una estructura deportiva particular. En el supuesto de jugadores que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal, la potestad disciplinaria recae en la Federación Nacional correspondiente, en este caso, la Real Federación Española de Tenis, cuya legitimidad para ejercer dicha potestad viene secundada además por la Ley del Deporte 10/1990 [1]. 

 

No obstante, y a falta de determinar los detalles de los hechos acontecidos, gran parte de los torneos donde se producían las irregularidades eran torneos internacionales, los cuales, son competencia de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en ingles). Dicho organismo internacional, como es lógico, esta facultado para ejercer la potestad disciplinaria sobre los participantes de sus torneos, lo que implica que, en el caso que nos ocupa, sería la ITF la encargada de castigar las infracciones cometidas por los siete jugadores detenidos, concretamente, la de ofensas por corrupción.

 

Para este tipo de infracciones es un oficial anti-corrupción, independiente de la ITF y nombrado por esta última, quien se encarga de determinar si efectivamente se han producido las irregularidades de las que se acusa a los tenistas y, si fuera necesario, de imponer las sanciones correspondientes. Para los casos más graves, como el de alterar predeterminadamente el resultado de un partido a cambio de una compensación económica, las sanciones oscilarían entre una multa económica de hasta 250.000 dólares y un periodo de inhabilitación, que podría incluso llegar a ser permanente.

 

En segundo lugar, nos encontraríamos con posibles consecuencias en el ámbito penal. En España, el delito conocido como fraude o corrupción deportiva esta tipificado en el artículo 286.4 bis de nuestro Código Penal. Dicho artículo experimentó un cambio importante con la última reforma del Código que se hizo en 2015, ya que antes de dicha reforma, solo se contemplaban los delitos de corrupción acontecidos en competiciones oficiales de carácter profesional, es decir, la primera y segunda división de la liga de futbol y la primera división de la liga ACB [2].

 

Con la entrada en vigor del nuevo texto legal, el ámbito objetivo de este novedoso tipo delictivo se ha extendido a todas aquellas competiciones que tengan una especial relevancia económica y/o deportiva. En este mismo artículo se definen las competiciones de especial relevancia económica como todas aquellas donde la mayoría de los participantes reciben una retribución, y las de especial relevancia deportiva como aquellas que figuran en el calendario anual de la federación deportiva como competición oficial de la máxima categoría. Si bien es cierto que la relevancia económica de estos torneos es cuanto menos discutible, sobre todo si tenemos en cuenta que apenas un 40% de los participantes recibe una contraprestación económica y que dicha contraprestación es casi irrisoria en relación a los gastos que deben de afrontar los jugadores por participar en ellos [3], su relevancia deportiva es bastante más fácil de probar, ya que además de figurar en el calendario oficial de la ITF y la RFET, estos torneos puntúan para el ranking ATP [4].

 

Llegado el momento de determinar la responsabilidad penal de estos siete jugadores, además de la relevancia económica y deportiva ya mencionadas, es importante tener en cuenta también que una gran parte de los partidos investigados tuvieron lugar con anterioridad a la reforma del artículo 286.4 bis del Código Penal [5]. Por lo tanto, habrá que esperar a conocer todos los detalles del caso para poder intuir cual será la resolución.

 

Ya publiqué hace unos meses en uno de mis primeros artículos cuales eran, según mi punto de vista, las razones que podían llevar a los tenistas a cometer este tipo de actos.  En la mayoría de los casos son el desconocimiento, la falta de recursos económicos provocada por una enorme descompensación entre los gastos (hoteles, vuelos, comidas, entre otros) y los ingresos procedentes de los torneos, y la vulnerabilidad frente a la presión que ejercen las mafias, lo que induce a los jugadores a amañar sus partidos.

 

Evidentemente, todo esto no exime de responsabilidad a los tenistas, pero si plantea una serie de cuestiones como la necesidad de tomar medidas para proteger a los deportistas de la provocación de las organizaciones delictivas, o la de garantizar, mediante cursos, conferencias y exámenes, que los jugadores sean totalmente conscientes de las consecuencias de dejarse ganar a cambio de dinero.

 

Si finalmente se probase la culpabilidad de los jugadores implicados, estos podrían enfrentarse a penas de prisión de entre 6 meses y 4 años. No obstante, sea cual sea la decisión que tomen las autoridades judiciales, a buen seguro servirá para sentar un precedente en nuestro país y marcar las líneas de actuación para futuros casos vinculados al amaño de partidos y a las apuestas ilegales.

 

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NOTAS

 

[1] Artículo 74.2 c) “El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá   

   a las federaciones deportivas españolas sobre: ……….deportistas..que, estando

   federados, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito

   estatal”

 

[2] Según la Ley del Deporte 10/1990 para que una competición deportiva de

   carácter oficial sea declarada profesional debe de organizarse en ligas y sus

   integrantes deben de constituirse como Sociedades Anónimas Deportivas

 

[3] Estos torneos son de la categoría “Futures”, organizados por la ITF y pertenecen a

   la escala más baja de los torneos considerados profesionales. Actualmente existen

   los Futures 15.000$ y los 25.000$, dependiendo del premio en metálico que

   repartan.

 

[4] “Clasificación mundial de tenistas profesionales de la Asociación de Tenistas

   Profesionales”. Wikipedia

 

[5] Articulo 9.3 de la Constitución Española y 2.3 del Código Civil sobre la

   irretroactividad de las normas.

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