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Laura Baza Mato / Jose Vicente Masip
24 de noviembre de 2016

Crónica del III Encuentro Jurídico organizado por LaLiga

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[Img #31857]Asistimos el martes 15 de septiembre a la tercera sesión de los Encuentros Jurídicos realizados por la Liga de Fútbol Profesional.

 

El  Profesor Alberto Palomar, Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III inauguró la jornada exponiendo los temas de actualidad jurídica deportiva.

 

El primer tema que comentó fue el relativo a la reciente Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid. Un dato interesante es que el 40% de los trabajadores del sector deportivo no poseen la titulación correspondiente y más del 35% de los trabajadores no tienen contrato laboral. El profesor señaló que el legislador debería plantear una modificación de la legislación para que todas las Comunidades Autonómicas tengan leyes semejantes.

 

El segundo tema a tratar fue el referente a las medidas cautelares del TJUCE en el caso del Valencia y las ayudas. El Club está obligado a pagar 23,3 millones de euros por las presuntas ayudas del Estado español, las cuáles, el TJUCE cree que han sido prestadas en condiciones más favorables que a otras entidades.

 

Un interesante caso que el ponente ha hecho referencia es el tema la amapola y la posición de la FIFA. Las selecciones absolutas, inglesa e irlandesa lucieron en el brazalete la tradicional amapola roja, un símbolo en recuerdo de los caídos británicos en la Primera Guerra Mundial. A dicha acción, FIFA abrió un expediente disciplinario en el cual alega el artículo 67,3 del Código Disciplinario de la FIFA. Dicho artículo expresa lo siguiente: “… 3. Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos ofensivos al honor o contenido político, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego.

 

El cuarto tema que el profesor Alberto Palomar comentó fue el caso de la situación del patrocinio en España. En este caso, la Universidad Jaume I de Castellón presentó un informe sobre el estado del patrocinio en España en el ámbito deportivo y en donde participaron 30 grandes empresas y 10 pymes. En el caso de las grandes empresas, sus patrocinios se dirigen principalmente a tres partidas: el 29% a eventos, el 21% a competiciones y el 20% a clubes. En el caso de las pymes, las cifras son las siguientes: en primer lugar destinan entre el 33%-27% a los clubes, un 20% aproximadamente a eventos y un 13% a competiciones. El informe destaca que las Federaciones Deportivas son las menos eficaces en este tema.

 

Los últimos temas a comentar fueron: por una parte, el relativo al de la Asamblea del deporte Balear, la cual nunca llegó a formarse y por otra, la creación de un fichero de titulaciones formativas del Consejo Superior de Deportes titulado CESED.

 

El segundo ponente, Antonio V. Sempere, Catedrático de Derecho del Trabajo, como viene haciendo en los Encuentros, fue el encargado de repasar la jurisprudencia que afecta al deporte.

 

El primer caso es el referente a la ciclista accidentada, SAP-CIV Pontevedra 429/2016 de 22 de septiembre, en el cual la ciclista cae al regresar de una ruta en un tramo de pendiente descendente. La accidentada alega un defectuoso funcionamiento del sistema de frenado de la bicicleta comprada hace tres meses, demanda al comercio, a la aseguradora y al fabricante, y así mismo exige responsabilidad civil contractual y extracontractual. La Audiencia Provincial de Pontevedra determina que el nexo causal no existe ya que había salido a practicar deporte previamente así como la realización de recorridos largos, por lo que al final determina que no es posible concluir que el accidente se debiese a unos frenos deficientes.

 

El segundo caso es la STSJ-SOC Madrid 789/2016 de 23 de septiembre, referente a una monitora de natación contratada por una empresa para ejercer como tal en un Polideportivo, posteriormente se da una terminación de contrato, no obstante, la relación profesionalmente aparentemente no cambia, salvo que la monitora emite facturas al Ayuntamiento por impartir dichas clases.

 

Un mes más tarde, es contratada por el club de la localidad como monitora a tiempo parcial y mediante contrato temporal de obra. Dos meses más tarde, el club envía mediante el sistema de “whatsapp” a la monitora un comunicado diciendo que le dará de baja en la Seguridad Social y que deja de prestar servicios para el Polideportivo. Al cabo de un mes, una segunda empresa empieza a gestionar las actividades del Polideportivo y la monitora trabaja 21 meses mediante un contrato de obra o servicio, por lo que ostenta la situación de indefinida, pero discontinua con intervalos superiores al plazo de caducidad de la acción de despido. Finalmente la indemnización por despido que le corresponde es entre 304 y 2.172 euros.

 

EL tercer caso a tratar es el referente sobre la impugnación del laudo arbitral  STSJ-CyP Madrid 57/2016 de 27 septiembre, en el cual, el representante de un jugador pedía 57.000 euros por honorarios por el contrato que media entre ambas partes y el cual fue suscrito a los 22 años del futbolista. En este caso, se anuló el laudo arbitral del TEAD y dicho laudo condena por resolución unilateral del contrato de representación deportiva.

 

Un caso curioso que el ponente comentó es el relativo a una mujer extranjera que, habiendo tenido varios hijos en España y llevar viviendo 25 años en España, se le deniega la nacionalidad española por no conocer el nombre de ningún deportista español. La SAN-CONT 522/2016 de 28 septiembre, referente a la denegación de la nacionalidad española, tiene como autos que en los presentes procedimientos se exige que los solicitantes tengan conocimientos de asuntos de la cultura, historia, política, deporte y género español, tales como nombres de las Comunidades Autónomas, el nombre de las infantas, el nombre del Jefe de Estado, el partido político al que pertenece el Presidente de España, o nombres de deportistas españoles. Además, tal como reza el artículo 22,4 Código Civil “El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. El auto termina explicando que “una cosa es tener derecho a la residencia legal y otra, muy distinta acceder a la nacionalidad española”.

 

Otro caso que el Catedrático de Derecho del Trabajo, Antonio V. Sempere comentó fue el referente a la sanción a un golfista tramposo, y que hace referencia la SAN-CONT 398/206 de 27 octubre. En este caso un menor golfista fue sancionado con la retirada del hándicap durante nueve meses por cometer una infracción muy grave expuesta en el artículo 93, 1 de los Estatutos de la Real Federación Española de Golf que reza lo siguiente: “…falseamiento por un jugador de los resultados obtenidos en las pruebas por cualquier medio, incluida la alteración o manipulación de la tarjeta…”. En este caso, el golfista alteró la competición verificando “por marcadores” en dos hoyos, cuando las reglas de la competición dicen una cosa diferente. Tal como afirma la sentencia, se puede observar a simple vista las alteraciones denunciadas, que modifican el resultado obtenido por el jugador y que solamente beneficia a él.

 

El tercer ponente, Pablo Cazorla González-Serrano del despacho de abogados Cazorla Abogados, explicó el régimen jurídico de los árbitros y jueces de partido. Como sabemos, la figura de este colectivo plantea ciertas dudas. De momento, no existe regulación para el colectivo arbitral, sin embargo la relación presenta las características del orden social, incurriendo las notas de voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia.

 

Algunas notas características de la figura del árbitro o juez de partido son las siguientes: por una parte, los árbitros no son deportistas profesionales, por otra parte, los Tribunales excluyen al colectivo arbitral del ámbito de aplicación del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral de los deportistas profesionales. La exclusión viene dada porque no concurre el requisito de la dependencia al considerar que no se encuadran dentro del ámbito de organización y dirección de la Federación.

 

La relación que media entre los árbitros y las federaciones deportivas, tal como afirma la STSJ de Galicia, de 4 de febrero de 1999, es “difícil de calificar la naturaleza jurídica de la relación que une al árbitro con la Real Federación Española de Fútbol.” Lo importante es determinar si concurre la nota de la dependencia en la prestación de servicios del árbitro para la federación deportiva en cuestión. Para contestar a esta cuestión, comentar varios puntos importantes: para empezar, las federaciones deportivas son asociaciones de carácter privado a la que se le atribuyen funciones públicas de carácter administrativo; para continuar, los árbitros se integran en las federaciones deportivas; por otra parte, las federaciones tienen atribuidas las potestades disciplinarias sobre las infracciones de reglas del juego y cuyo control corresponde a los árbitros, y, por último, en el seno de las federaciones deportivas se incluyen los Comités Técnicos de Árbitros en donde están expuestas las sanciones e infracciones en las que pueden incurrir.

 

Como conclusión el ponente hizo referencia a la inseguridad jurídica de la figura arbitral por inexistencia de una normativa específica que regule esta figura y este hecho provoca inseguridad en relación con los derechos y deberes de las partes, aludiendo también a una posible reforma del RD 1006 para incorporar la presente cuestión.

 

En la última ponencia intervino la Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos, María Enciso Alonso-Muñuner, donde expuso el marco general de las responsabilidades de los administradores y directivos.

 

Su ponencia versó sobre la diferencia del régimen de responsabilidad que afecta a los administradores sociales, directores generales y apoderados, en el ámbito del club deportivo.

 

Hizo hincapié sobre el régimen de responsabilidad de los administradores que no pertenecen a las Sociedades Anónimas Deportivas, en el cual, se establece un sistema de responsabilidad directa y conjunto de los integrantes de las juntas directivas. Este tipo de régimen no tiene un capital mínimo, y no tiene la figura del capital.

 

En la sentencia que configura el régimen de responsabilidad de los integrantes de esa junta directiva establece un régimen de responsabilidad por deudas, ex lege, objetiva y mancomunado.

 

En el ámbito de las Sociedades Anónimas Deportivas existe un régimen de responsabilidad de los administradores dual, y en cual diferencia dos tipos de responsabilidades, por una parte, la gestión que desarrollan los administradores y por otra parte, el régimen de responsabilidad por deudas sociales.

 

Una de las particularidades de las SAD es que, la forma de adopción del órgano de administración será siempre por ley.

 

Para terminar, hizo referencia a la sentencia relativa al caso del Fútbol Club Barcelona (con la imputación a Joan Laporta) del Juzgado de Primera Instancia nº39 de Barcelona, instado por la junta directiva del FC Barcelona frente a los integrantes de la junta anterior la cual estaba presidida por Joan Laporta y en la cual fue la primera vez que se lleva a juicio a un expresidente por los resultados económicos negativos de un club de fútbol.

 

 

Por Laura Baza Mato y José Vicente Masip Scharfenecker, equipo del Departamento de Derecho Deportivo del Despacho de Abogados Crowe Horwath Legal y Tributario

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