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Jose L. Pérez Triviño / Eva Cañizares
31 de octubre de 2016

La asignatura pendiente del deporte español: la transparencia

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[Img #30463]Un reciente artículo publicado en el diario El Mundo denuncia el desvío de fondos –cerca de 220.000€- por parte de la Real Federación Española de Fútbol con ocasión de una subvención otorgada por el Consejo Superior de Deportes que tenía como finalidad la creación, en 2010, de una escuela de fútbol en Haití para paliar los efectos del terremoto de aquel año. Según se relata en la noticia, la escuela no llegó a construirse ni tampoco ha podido acreditarse que varios de los técnicos que, supuestamente, participaron en el proyecto fueran a Haití. Solo ha podido acreditarse el envío de un cargamento de botas y porterías cuyo importe es, obviamente, una pequeña parte de la subvención otorgada. Se sospecha que al menos 176.000€ se gastaron en actividades sin relación con los niños del terremoto haitiano.

 

No es nuestra intención entrar en los detalles de este eventual y supuesto nuevo caso de corrupción de la RFEF, principalmente porque habrá que esperar a que la parte acusada se pronuncie y ver si el caso llega a los órganos judiciales. Lo preocupante de esta noticia es que revela que el sistema de gestión de las federaciones, entes privados financiados parcialmente con fondos públicos, es claramente mejorable, como también lo es la labor que ejerce el CSD, este sí, organismo público, pues es injustificable la ineficiencia que demuestra en su labor de tutela y control de las federaciones. En ambos casos, la actuación de ambos organismos está alejada de los principios de buen gobierno y de transparencia que tanto se predican en la actualidad por las principales organizaciones deportivas.

 

Los hechos relatados por El Mundo ponen de manifiesto varias circunstancias que requieren una reflexión profunda ya que evidencian una forma de actuación poco acorde. En este sentido, son varias las cuestiones que se pueden plantear:

 

1. ¿Por qué sale esta noticia en estos momentos? ¿Es acaso un episodio más de la guerra que enfrenta a los presidentes de ambos organismos deportivos? De sobras es conocida esta manifiesta enemistad entre ambos dirigentes, que ha ido en aumento en paralelo al acercamiento entre el CSD y la LFP por la mala relación existente entre Villar y Tebas desde que éste denunciara a aquél por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en la RFEF.

 

2. Por otro lado, si los hechos se retrotraen a 2010: ¿cómo es posible que transcurran seis años sin que el CSD finalice la investigación y sin que tome medidas al respecto?

 

2. Si el motivo es que en seis años no han sido detectados los supuestos fraudes, ¿fallan acaso los mecanismos de control del CSD?

 

4. Y, por último, ¿se hubieran conocido estos hechos si la relación entre ambas instituciones no se hubieran deteriorado?

 

Ciertamente no es la primera noticia sobre corrupción en el seno de la RFEF, pues ya son varios los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que ponen de manifiesto las graves irregularidades de la misma en la justificación dada al destino de subvenciones oficiales recibidas durante varios años salpicados de investigaciones e imputaciones por la presumible falta de ética en la gestión efectuada por su Presidente. La reincidencia conduce a concluir  que que la RFEF no cumple con la Ley de Transparencia exigible a todos los entes que desarrollen alguna actividad de relevancia pública o reciban ayudas o subvenciones públicas. De hecho, en un intento de eludir que le fuera de aplicación la Ley de Transparencia -creada en 2013 para luchar contra la corrupción- la RFEF renunció en dicho año a dos tipos de subvenciones públicas: por un lado, la proveniente de los Presupuestos Generales del Estado que el Consejo Superior de Deportes (CSD) distribuye entre todas las federaciones nacionales y, por otro, la que procede de la recaudación de las quinielas. Y decimos que renunció para eludir la aplicación de la Ley de Transparencia ya que si percibiese alguna ayuda pública por importe superior a 100.000€, estaría obligada a rendir cuentas y a publicar en su página web toda la información económica, desde el sueldo del Presidente y el de sus directivos hasta el último dato de los contratos que suscriba dicha Federación.

 

Esta circunstancia ha generado un grave conflicto con el Consejo Superior de Deportes que considera que, aunque la RFEF renuncie o se niegue a recibir estas subvenciones, también realiza funciones públicas por delegación del propio CSD, hecho éste que conlleva que tanto su gestión de intereses públicos como sus presupuestos y estructuras orgánicas y funcionales hayan de ser fiscalizados por el CSD como máximo ente competente en materia de deporte, y sometidos al control económico y financiero de la Ley de Transparencia y de acceso a la ciudadanía, control necesario, a su vez, para la vigilancia pública de la gestión de las subvenciones y ayudas públicas recibidas. A pesar de ello, la RFEF refleja en su web que desde el año 2013 no ha recibido subvención ni ayuda pública alguna, no quedando publicado el destino de las subvenciones y ayudas que recibió la Federación en años anteriores.

 

Sin embargo, y como decíamos al principio, es el propio CSD el que contribuye a esa falta de transparencia económica de las federaciones con la deficiente tutela y control de las mismas, así como, además, es el primero que no mantiene una actitud clara y transparente en lo que al destino del dinero público en el fútbol se refiere pues al hacer pública la deuda de los clubes solo aporta la cantidad total de deuda, sin desglosar la de cada equipo. Actitud opaca que se hace extensible a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social que ofrecen siempre también una respuesta negativa amparándose en que dichos datos no son de acceso público debido a leyes de protección de datos. A ello hay que añadir las sospechas documentadas sobre el ocultamiento de dinero en el fútbol para eludir el pago de impuestos, así como complicados sistemas de cobro de los derechos de televisión e incluso innovadoras fórmulas de contratación y fichaje de jugadores y técnicos a través de Internet, que no necesitan intermediarios y con pagos supuestamente realizados a través de paraísos fiscales. Es decir, las cuentas del dinero público del fútbol no están claras por la falta de transparencia tanto por parte de la RFEF, como de los clubes, como de la propia Administración (CSD, AEAT y TGSS).

         

En definitiva, si por algo destaca el mundo del fútbol, no solo en España sino a nivel mundial, es por su oscurantismo, muchas veces justificada en una mal entendida “especificidad” del hecho deportivo. Algo que ha confirmado el informe elaborado por Transparencia Internacional para identificar los riesgos de corrupción en el fútbol mundial, en el que se analizan los métodos que practican las 209 Federaciones Nacionales y las 6 Confederaciones Regionales de Fútbol y cuya conclusión es que la gran mayoría de las Federaciones Nacionales de Fútbol no publican sus finanzas ni los informes sobre sus actividades, y carecen de estatutos y códigos de conducta.

 

Decía Víctor Hugo que “no hay nada más poderoso que una idea a la que ha llegado su momento” y ésta es en lo que concierne al mundo del fútbol, y del deporte en general, es la de transparencia y buen gobierno. Pero mientras que no sean los propios dirigentes los que se las crean y se las apliquen a sí mismos, será complicado salir de los esquemas de funcionamiento que facilitan el surgimiento de los casos de corrupción.

 

José Luis Pérez Triviño

Profesor Titular de Filosofía del Derecho (UPF). Director de “Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte”.

 

Eva Cañizares Rivas.

Abogada experta en Derecho y Gestión Deportiva. Directora del BNFit Fundición. Grupo Santagadea

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