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Julio Sánchez
13 de octubre de 2016

El compliance en las federaciones y clubs deportivos

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[Img #29547]El deporte como actividad de interés general fomentada desde los poderes públicos requiere de la correlativa intervención de lo público y lo privado en su adecuada promoción y desarrollo y la pertinente coordinación entre las estructuras privadas de los distintos agentes que intervienen en esa promoción, clubs deportivos y federaciones, principalmente, y los organismos públicos afectados, ya sean estatales, autonómicos e internacionales, e inclusive locales.

       

Dentro de las estructuras privadas es necesario diferenciar entre las federaciones deportivas y los clubs, ya que mientras las primeras son entidades colaboradoras de la administración, los clubs son entidades privadas que, en el desarrollo de su actividad, se encuentran mediatizados por la influencia de los poderes públicos.

        

Centrando la cuestión en las federaciones deportivas hemos recibido en ocasiones comentarios sobre la imposibilidad real de implantar la función de compliance en las federaciones deportivas, quizá no tanto, porque legalmente no deban contar con un sistema de prevención de riesgos penales y de cumplimiento normativo y ético, como por la dificultad de gestionar estos programas en una entidad que combina la actividad privada con las funciones delegadas de la administración.

 

Cierto es que las federaciones deportivas se mueven en ambas esferas e incluso podemos decir, que esa combinación puede llegar a ser explosiva en cuanto a conseguir y mantener un entorno de control y cumplimiento.

        

Una federación podríamos definirla como una entidad deportiva privada, de utilidad pública e interés cívico y social, con personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y sin ánimo de lucro, la cual desarrolla su actividad al amparo legal de distintas normas, estatales, autonómicas e internacionales, y que, además de sus propias atribuciones de administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas, ejerce, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agente colaborador de la Administración pública, por lo que sus resoluciones son fiscalizables ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 

Dichas funciones públicas las ejerce bajo la coordinación y tutela, en su caso, del Consejo Superior de Deportes, (vía Tribunal Español de Arbitraje Deportivo o bien, el Tribunal Administrativo del Deporte), o del organismo autonómico correspondiente (Tribunal del Deporte), y como última instancia internacional al amparo de la capacidad dirimente del TAS.

        

Sin ánimo exhaustivo, podemos decir que, las facultades delegadas más significativas serían el ejercicio de la potestad disciplinaria de­portiva, ejercer el control de las subvenciones que se asignen a los Clubs, Asociaciones y Enti­dades deportivas, la prevención, control y repre­sión del dopaje, formación de técni­cos depor­tivos, los procesos electorales y mociones de censura o la participación en los planes de preparación de los deportistas de alto nivel, coordinación entre las federaciones españolas y autonómicas para la promoción de sus modalidades deportivas y por supuesto, la  supervisión de las distintas competiciones oficiales y la expedición de licencias, entre otras.

        

Para resolver la cuestión sobre el peculiar desarrollo de la función de compliance en una federación deportiva bastaría con resaltar un par de argumentos aplicables a toda entidad, en primer lugar, que la cuestión sobre la exención o atenuación de la pena a  imponer a una persona jurídica por el hecho de tener implantados programas idóneos y eficaces de prevención de delitos es una consecuencia de la aplicación de una cultura madura de cumplimiento dentro de la entidad y no debe, en modo alguno, depender de un programa de cumplimiento que solo busque la exención de la responsabilidad penal, y en segundo lugar, el desarrollo de la función de compliance no debe ir dirigido a la prevención, exclusivamente, de la comisión de delitos tasados como capaces de atribuir transferencia de responsabilidad a la persona jurídica.

 

En definitiva, una cosa es el alcance legal de la función de compliance en relación a la exención y a la atenuación, y otra bien distinta su esencia misma la cual gira alrededor de conseguir un mayor entorno de control en la entidad para fomentar una cultura de cumplimiento.

        

Desde nuestro punto de vista, aplicable a la función de compliance en general, parece claro que plantear planes de prevención de riesgos penales solo para los delitos tasados en el código penal como susceptibles de transferir responsabilidad a una persona jurídica sería contradictorio con el desarrollo de un compliance, preventivo, eficaz, idóneo y diseñado a medida para cada entidad, tampoco sería coherente pretender diseñar un programa de prevención de riesgos penales, en el caso concreto de una federación, y obviar todos aquellos riesgos inherentes que puede generar la actividad de las federaciones deportivas y que no encuentran su reflejo en el listado de delitos tasados.

 

A título de ejemplo y reflexión, cómo se podría, pretender convencer de la bondad de dichos programas para desarrollar adecuadamente la función de compliance y no establecer controles para evitar el acoso laboral o sexual en el trabajo, o el abuso sexual a menores, incluso en este último caso, cuando la propia Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, establece la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores, como es el caso, de las federaciones deportivas.

        

Por supuesto, que estas consideraciones son extensivas a todo tipo de entidades ya que la cultura de cumplimiento debe ser exigida a todos los niveles, pero en el particular de las federaciones deportivas, y según nuestro criterio, también debe hacerse extensivo, incluso, al control de las funciones delegadas, si no, cómo se entendería, por ejemplo, no establecer mecanismos de control e instrucciones internas de contratación, en relación a las contrataciones públicas, cuando, según casos, se considera a las federaciones deportivas poder adjudicador y por tanto, sometidas a la normativa en materia de contratos del sector público, que incluso prevé medidas tan drásticas como la prohibición de contratar a la entidad condenada por la comisión de ciertos delitos, o no establecer controles para evitar, en el ejercicio de esas funciones delegadas, la comisión del delito de prevaricación administrativa, e incluso, hipotéticamente el de infidelidad en la custodia de documentos.

      

Incluso, siguiendo el mismo criterio, tampoco sería obstáculo establecer la función de compliance en la propia administración pública generadora de tantos problemas relacionados con la corrupción, cosa distinta sería su alcance legal por su no inclusión, salvo limitadas excepciones, en el espectro de entidades susceptibles de asumir responsabilidad penal en los delitos tasados, pero nada impide la exigencia de un adecuado desarrollo de la función de compliance con su lógica adaptación, como ya sucede en otros países como USA o, aquí en España en el Ayuntamiento de Calviá con el nombramiento de un compliance officer para controlar la contratación de las empresas públicas en aras a fomentar la transparencia.

        

En nuestro caso y, conforme a los objetivos marcados por la Federación Catalana de Futbol pionera en España en la implantación del compliance a nivel deportivo, hemos resuelto la cuestión estableciendo un programa de prevención y desarrollo de la función de compliance lo suficientemente extenso para asegurar el cumplimiento del código penal, pero también de la normativa sectorial y de las normas autoimpuestas, sin reparar en si los delitos son atribuibles a la persona jurídica, vía artículo 31 bis o si pueden afectar a la entidad vía artículo 31 o artículo 11 ya que dentro de la madura cultura de cumplimiento que defendemos y compartimos con la FCF esto es indiferente y por ello, establecemos mecanismos, no solo para evitar, por supuesto, la comisión de delitos o incumplimientos éticos, sino también para proteger a la federación de posibles ataques, ya tengan por objeto perjudicarla directamente, o a modo instrumental para acceder a terceras personas relacionadas con la entidad vulnerando la seguridad en su perjuicio.

 

En todo caso, lo que resulta patente es la necesidad de cambio en la gestión deportiva encaminada a fomentar una mayor cultura de cumplimiento y control dotándose de mayor seguridad, minimizando   riesgos y mejorando su imagen, cultura a la que, desde luego, las entidades deportivas no pueden dar la espalda como la Liga de futbol profesional ya propuso hace una meses o, incluso la propia FIFA, que recientemente, por fin se ha decidido a apostar también en este sentido con el nombramiento de un compliance officer para asegurar que la entidad aplicará la función de compliance de modo eficaz para generar un entorno de control y cumplimiento ético y normativo en una entidad que debe dar ejemplo.

 

Julio Sánchez

Abogado, redactor del programa de Compliance de la Federación Catalana de Futbol  

 

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