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Redacción de Iusport
13 de septiembre de 2016
TEXTO ÍNTEGRO DEL VOTO PARTICULAR

Los vocales discrepantes del caso Villar acusan al TAD de olvidar su propia doctrina

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Ayer publicamos en IUSPORT el texto íntegro de la resolución adoptada por el TAD el 3 de agosto, hecha pública el pasado viernes (retraso no explicado).

 

Como ya saben nuestros lectores, ese acuerdo se adoptó por tres votos contra dos y en la sesión se abstuvo el presidente, Enrique Arnaldo.

 

Pues bien, los dos miembros discrepantes no se limitaron a votar en contra de la ponencia, sino que formularon un voto particular que hoy ofrecemos a texto completo a nuestros lectores.

 

Se trata de los vocales del TAD Fernando Corral Collantes y Lidia García Fernández.

 

Tras rebatir uno por uno los argumentos invocados en el acuerdo finalmente aprobado por el Tribunal, los firmantes del voto particular concluyen que sí debió incoarse expediente a Villar y a Juan Padrón, sin que ello prejuzgue el final del mismo, y acusan a sus compañeros de apartarse de la propia doctrina sentada en varios casos, entre ellos en el del expresidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela y de pasividad al no solicitar documentos adicionales necesarios al CSD. También formulan críticas técnicas y, de forma velada, acusan a los otros tres que votaron el acuerdo de ingeniería jurídica ("el TAD no puede inventarse infracciones" para no expedientar a Villar.


RESUMEN DEL VOTO PARTICULAR


A continuación exponemos lo más relevante del voto particular, sin perjuicio de que puedan descargarse el texto completo.

 

“En el presente asunto, la decisión ha sido la negativa a la apertura del ex-pediente, decisión con la que no están de acuerdo quienes suscriben este voto particular, por entender que la petición cumplía todos los requisitos formales y materiales que el Ordenamiento Jurídico exige para dar cumplimiento a la misma, en el ejerci¬cio de la función asignada por la Ley 10/1990 y el Real Decreto 53/2014, estando suficientemente motivada y razonada; y por entender, asimismo, que son estos requi¬sitos materiales y formales los que marcan los límites de actuación del Tribunal Ad-ministrativo del Deporte como órgano administrativo independiente".


"Es opinión de quienes suscriben, que el Tribunal Administrativo del Deporte debe ejercer la función que le atribuye la Ley y proceder a acordar la apertura de expediente, puesto que su primera obligación esta defensa del interés público que, cumplida la legalidad formal y material, es a lo que sirve".

 

"No se puede, por tanto, estar de acuerdo con lo que se señala en el fundamento jurídico quinto del acuerdo adoptado por la mayoría, cuando afirma: "Como no puede ser de otra manera este Tribunal debe empezar por analizar si el conjunto de los hechos descritos y documentados de manera más que suficiente encajan o pueden encajar con el tipo infractor definido por el CSD".

 

“El análisis de las actuaciones llevadas a cabo por el CSD tiene relevancia en orden a la decisión de apertura de expediente, por cuanto si de la documentación enviada se hubiera desprendido que el CSD no hubiera actuado conforme a derecho, no se hubiera seguido realizando por el Tribunal Administrativo del Deporte actuación alguna”.

 

"En definitiva, vistos los escritos que han sido remitidos al Tribunal Administrativo del Deporte, parece poder concluirse que las actuaciones del CSD fueron ajustadas a derecho, en los términos que aquí se han expuesto, y parecían encaminadas a la obtención de datos que permitiesen comprobar la realidad, o no, de ciertos hechos. Por ello, a partir de aquí, el siguiente paso obligado sería entrar a analizar si existen indicios suficientes de la posible comisión de la infracción disci¬plinaria referenciada por el Presidente del eso, examinado los hechos comunicados y la normativa supuestamente vulnerada".


"Tal y como consta en el fun¬damento jurídico segundo del acuerdo del Tribunal Administrativo del Deporte de 4 de marzo de 2016, por el que se abre una información reservada (cuyo título es Dili¬gencias previas num. 31), así como en los oficios de ejecución de dicho acuerdo, el Real Decreto  1398/1993 es aplicable a la cuestión, por lo que parece que hubiese sido más respetuoso con la norma que el Tribunal Administrativo del Deporte, al acordar y practicar las diligencias, se hubiese dirigido al CSD solicitando la práctica por éste de las solicitudes de documentación, dando así cumplimiento  a la preferencia determinada en el citado artículo 12.2 de dicho Real Decreto 1398/1993".

"No habiendo actuado así, lo correcto hubiera sido, entonces, trasladar la documentación e información recibida al CSD, para que hubiera podido ejercer sus funciones investigadoras e inspectoras, lo que tampoco se ha realizado".


"El establecimiento de unos requisitos de naturaleza financiera, que han de cumplir los clubes para participar en las competiciones oficiales, ha sido consecuen¬cia de la toma de conciencia de la existencia en la realidad del futbol de intereses de naturaleza diversa. Así, junto al interés más inherente a dicha realidad , cual es la competición misma, el mantenimiento de su integridad y el principio de igualdad que ha de presidirla, intereses de naturaleza económica, comercial, laboral, social etc.. han determinado la existencia de normas que vinculan la posición que pueden ocupar los clubes, al cumplimiento de ciertos requisitos".

 

"Con estos fundamentos, el Reglamento General establece un conjunto de mandatos de obligado cumplimiento que van en la línea de limitar, o incluso, penalizar a aquellos clubes que mantienen deudas en determinadas condiciones".

 

"Es obligación de los clubes pagar, puntualmente y, en su totalidad:


-    "Las cuotas que por cualesquiera conceptos correspondan a la RFEF, Federaciones autonómicas, Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles y, en su caso de la LNFP.
-    Las prestaciones, honorarios, importe económico de los recibos arbitrales, indemni¬zaciones y demás obligaciones económicas previstas estatutaria o reglamentariamen¬te, establecidas por los órganos competentes o declaradas exigibles por los de orden jurisdiccional.
-    Las deudas contraídas y vencidas a que se refiere el artículo 192 del Reglamento General".

 


"Es decir, en caso de incumplimiento del artículo 192 por cualquier club se prevé que las actuaciones a realizar por la RFEF puedan ser: posibles responsabilida¬des disciplinarias; las consecuencias que deriven de los Estatutos y Reglamentos (como no podría ser de otra forma) y; específicamente, la posible adopción de las medidas del artículo 49".

 


"Es obligación especifica de los clubes adscritos a Segunda División B (caso del Marino Tenerife en la temporada 2012-2013 y del Recreativo de Huelva en la temporada 2015-2016), suscribir un aval, en los casos que especifica el artículo 105 del RG, sin cuya entrega no serán admitidos en la competición. Dice el artículo:"Los clubes que tomen parte en Segunda División Nacional B y se encuentren en algunas de estas situaciones, deberán suscribir los siguientes avales, sin cuya entrega no serán admitidos en la competición". Especificándose, a continuación, las situaciones deu¬doras que determinan la aplicación del artículo y la cuantía de los avales".

 

"Según el artículo 191 los equipos adquieren, mantienen o pierden su catego¬ría en función de la clasificación final de las competiciones de la temporada. Sin em¬bargo, este no es el único requisito que ha de cumplirse para la efectiva participación en la categoría a la que quede adscrito, pues el párrafo segundo de dicho artículo 191.1 dice que constituye un requisito inexcusable el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento General. A esa inexcusabilidad añade aún, el precepto, que el art.192 se configura como una norma de organización de la competi¬ción".

 

"A la vista de todo lo expuesto cabe plantearse si se ha producido una diferen¬cia de trato entre clubes, todos ellos miembros de la RFEF, a los que es aplicable el Reglamento General, cuya regulación, como se ha expuesto en el apartado quinto de este voto particular, va en sentido contrario a actuaciones de esta naturaleza, pues está orientado hacia la igualdad de trato de todos los equipos".

 

"De nuevo, lo hasta aquí expuesto es suficiente para la apertura de un expe¬diente disciplinario. Dicho expediente hubiera podido, con las debidas garantías, confirmar si efectivamente los hechos se produjeron como apuntan, o si estaban de¬bidamente justificados, así como sí lo ocurrido en el presente caso, presenta diferen¬cias con la situaciones de otros equipos en los que el impago de deudas fue determinante en su posición en la competición".

 

"En conclusión, el Tribunal Administrativo del Deporte, en el presente caso, a la vista de la petición que se formuló, sólo puede valorar si los hechos que se le han puesto de manifiesto, pueden ser constitutivos de la infracción muy grave que está tipificada. No de una grave, que no está tipificada. El Tribunal Administrativo del Deporte no puede inventarse las infracciones".

 

"En cuanto a la afirmación de que sólo puede aplicarse el tipo de infracción muy grave cuando los incumplimientos revistan especial gravedad o tengan especial trascendencia, hay que volver sobre lo ya dicho anteriormente, de que ello sólo cabe ser valorado cuando la norma, previamente, haya contemplado las dos tipificaciones, la muy grave y la grave, en relación a determinadas conductas, pero no en el caso de la norma haya tipificado la conducta sólo como muy grave. Eso seria, simplemente, inventarse una tipificación que no existe. Y el Tribunal Administrativo del Deporte, lógicamente, no puede inventarse una tipificación que no existe".

 

"Además, tampoco se entiende muy bien la trascendencia que tiene la gravedad o no, puesto que para ambos tipos de infracciones, muy graves o graves, es necesaria la apertura de expediente".

 

"Sin perjuicio de discrepar en la afirmación tal y como está formulada, la misma ahonda en la tesis que mantiene este voto particular, esto es que existen indicios para la apertura de un expediente disciplinario. Y ello porque, si como se ha razonado en el apartado sexto, parece que ha habido casos de descensos por no cumplir los méri¬tos deportivos, y por otro parece, según la mayoría que ha adoptado el acuerdo, que existen muchos casos en que las normas financieras se han incumplido, parece que hay indicios de que pudiera existir un trato discriminatorio, lo que reviste la gravedad suficiente como para que todo quedase aclarado con la apertura de un expediente".

 

"El Presidente de cualquier Federación es, por disposición legal, un órgano necesario de gobierno y representación. En la RFEF, como se ha señalado más arri¬ba, el Presidente es quien, por disposición estatutaria, ostenta la representación legal, siendo su órgano ejecutivo. Es, por tanto, el primer responsable de que la Federación funcione correctamente. Esta naturaleza de su cargo determina que, no sólo las acciones, sino también el desconocimiento o la ausencia de diligencia le hagan el primer centro de imputación de responsabilidades. Y después de él, por las funciones que asumen, los demás directivos".

 

"Además, parece de todo punto lógico que el siguiente paso en la imputación sea el directivo que afronta la gestión económica, dado que la supuesta vulneración de la igualdad entre clubes se ha podido producir utilizando  fondos económicos de la Federación".

 

"En definitiva, la Ley hace que estos cargos asuman la primera responsabili¬dad. Si se vulneran las normas que autónomamente se han dado los miembros de la Federación, la Ley ha determinado que sean los Presidentes y los directivos quienes respondan por ello. Y esa tipificación de la infracción no la puede cambiar el Tribunal Administrativo del Deporte, como tampoco hemos visto anteriormente no se puede inventar las infracciones".

 


"En definitiva, existiendo unos hechos documentados que aportan indicios de la comisión de una infracción, siendo la infracción tipificada para Presidentes y directi¬vos; siendo el Presidente el representante de la Federación y el órgano ejecutivo y siendo el Vicepresidente económico el directivo que tiene asignada la parcela eco¬nómica de la federación, es posible atender la petición del eso de que sean éstos los imputados por la infracción, con independencia de que tras el oportuno procedimien¬to, se lleguen a probar, o no, los indicios, o resultasen otros directivos también res¬ponsables".


EL TAD SE APARTA DE SU DOCTRINA

 

Finalmente, los miembros que formulan el voto particular "acusan" al Tribunal de apartarse de su propia doctrina, relatando los precedentes que pueden leerse en el PDF descargable.

 

Y concluyen: "Con el criterio que manifiesta la resolución se aparta radicalmente de la doc¬trina seguida por este órgano sin que lo justifique de modo alguno".

 

TEXTO ÍNTEGRO DEL VOTO PARTICULAR

 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÓN DEL TAD (SIN EL VOTO PARTICULAR)

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