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Manuel Atserias
3 de marzo de 2016

Profesiones del deporte: de todo, menos seguridad jurídica

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Por Manel Atserias Luque

[Img #18973]Las disputas competenciales entre el Estado y la Generalidad de Cataluña en materia deportiva dejan a los entrenadores catalanes de baloncesto en una situación de incertidumbre. 
 
Tras la aprobación de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte (en adelante, Ley 7/2015), el caso #NoPayNoCoach quedó prácticamente resuelto. 
 
Digo “prácticamente” resuelto porque casi un año después de que se aprobara dicha reforma legislativa en el Parlamento catalán, el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado día 19 de febrero de 2016, aprobó el Acuerdo por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 7/2015.
 
 
Un breve resumen sobre el caso #NoPayNoCoach
 
 
Este caso nació de una protesta legítima encabezada por más de 8.000 entrenadores catalanes de baloncesto a finales del año 2014. En aquel entonces, la Generalidad de Cataluña alertó a dicho colectivo de la posibilidad de ser sancionados por la vía administrativa a partir del 1 de enero de 2015 si no cumplían con las exigencias de la Ley 3/2008, de 23 de abril, del ejercicio de las profesiones del deporte (en adelante, Ley 3/2008).    
 
Como quedaba muy poco tiempo para que se acercara la fecha, el Gobierno de Cataluña, por medio del Decreto Ley 5/2014, de 9 de diciembre, de segunda modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2011, del 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa, amplió la moratoria en cuanto a la aplicación del régimen sancionador en el ámbito del deporte hasta el 1 de enero de 2017. De este modo, el ejecutivo catalán utilizó la técnica del “patada hacia delante” para calmar la tensión que se palpaba en el ambiente. 
 
 
De este modo, la situación quedaba así: los entrenadores tenían hasta el 1 de enero de 2017 para (i) regularizar sus titulaciones federativas ―cuyo coste oscilaba entre 650 y 950 euros, según las estimaciones de la Federación Catalana de Baloncesto― e (ii) inscribirse en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña sin que la Administración les pudiera sancionar. A pesar de esta moratoria, el autor de este artículo afirmó que los entrenadores estaban desprotegidos ante la vía penal ya que podían ser denunciados por la comisión de un delito de intrusismo profesional de acuerdo con el artículo 403 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
 
Tal como advertí en un artículo publicado en IUSPORT, la Ley 3/2008, antes de la reforma, planteaba dos problemas sustanciales: uno de carácter global, que era el de la profesionalización del deporte amateur y formativo en Cataluña; y otro de carácter específico, que era el del proceso de regularización que debían llevar a cabo los entrenadores catalanes de baloncesto con titulaciones federativas para adecuarse a la Ley 3/2008. 
 
Eso mismo manifesté en el “Informe Jurídico sobre el ejercicio de las profesiones del deporte en Cataluña” que presenté a los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán que tenía que elaborar el Informe sobre el Proyecto de ley de modificación de la Ley 3/2008. En este caso, además, añadí un tercer problema, el más grave de todos: la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 3/2008.
 
De hecho, cabe destacar que el Dictamen 48/2009, de 29 de enero, del Consejo de Estado ya concluyó que existían fundamentos jurídicos suficientes para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 3/2008.
 
 
Sin embargo, el mismo día en que el supremo órgano consultivo del Gobierno afirmaba lo antedicho, la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado (en adelante, Subcomisión) consideró resueltas las discrepancias manifestadas en relación con algunas disposiciones de dicha ley y concluida la controversia planteada (Resolución de 30 de enero de 2009).
 
 
Respuesta del legislador catalán
 
 
La Ley 7/2015 solamente resolvió uno de los tres problemas mencionados. De acuerdo con el artículo 8 de dicha ley, el cual introduce la disposición adicional sexta a la Ley 3/2008, los entrenadores quedan exentos de regularizar sus titulaciones federativas. Sin embargo, el legislador catalán persiste en la idea de incluir el deporte amateur y formativo en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2008. 
 
Esta decisión de política legislativa ha afectado a los intereses de los entrenadores catalanes de baloncesto. Prueba de ello es lo que ha sucedido recientemente con el anuncio del Consejo de Ministros de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2015. 
 
 
Decisión del Consejo de Ministros y reacción de la Generalidad
El pasado día 19 de febrero de 2016, en la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que “[E]l Consejo de Estado ha avalado que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de este recurso, que se hará, además, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución que, como saben, produce la suspensión de la Ley”. 
 
 
Según las declaraciones de la vicepresidenta, los fundamentos jurídicos que justifican la inconstitucionalidad de la Ley 7/2015 son dos, a saber: 
 
 
a) Vulneración del principio de eficacia nacional establecido en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. La Ley 7/2015 no excluye la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte en Cataluña “a los profesionales que ejerzan legalmente la respectiva actividad profesional del deporte en otra parte del territorio nacional y que quieran ejercer la actividad en la Comunidad Autónoma de Cataluña”. 
 
 
b) Exceso competencial de la Generalidad de Cataluña. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 7/2015 (por el que se añade un apartado, el 6, al artículo 8 de la Ley 3/2008), se prevé que la Secretaría General del Deporte tiene que establecer los convenios y los acuerdos de equiparación de profesiones y de competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de otros estados miembros de la Unión Europea. De este modo, la vicepresidenta recuerda que “[T]al y como ha señalado el Consejo de Estado, esto es un exceso competencial, dado que la Comunidad Autónoma de Cataluña carece de competencias para celebrar por si misma convenios y acuerdos internacionales, ya sea con Estados miembros de la Unión Europea o con otros sujetos internacionales”. 
 
 
Esa mismo día, tras el anuncio del Consejo de Ministros, la Secretaría General del Deporte de la Generalidad de Cataluña emitió un comunicado en la que convocaba a las principales federaciones afectadas (entre ellas, la de baloncesto) a una reunión el 22 de febrero para preparar una “respuesta conjunta”. Gerard Figueras, secretario general del deporte, consideró la decisión del Consejo de Ministros como una “nueva agresión”.
Sin valorar las opiniones vertidas por el secretario general, lo que realmente me preocupa es la nota informativa que publicaron tras la reunión del día 22 de febrero, la cual expone lo siguiente: 
 
 
“El secretario general del deporte también ha anunciado que el Gobierno realizará un análisis jurídico de las afectaciones del recurso presentado por el Estado con el fin de dar soluciones a la ochentena de solicitudes pendientes de ser inscritas en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña a partir del momento en que se modificó la Ley, así como para abordar las peticiones que lleguen a partir de ahora.”
 
Entonces, me pregunto: ¿Qué sucederá exactamente con las solicitudes de inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña (me refiero tanto a las pendientes como a las que puedan llegar a partir de ahora)?
 
 
En fin, de todo, menos seguridad jurídica. 
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