La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por tres de los siete procesados por la venta de anabolizantes y esteroides adquiridos en un local de Benidorm (Alicante) y dirigidos a mejorar el rendimiento físico de los deportistas.
Deportistas que, en ocasiones, los ingerían en dosis hasta 60 veces superiores a las terapéuticamente autorizadas.
El auto de este tribunal, al que ha tenido acceso Efe, confirma así el dictado por un juzgado de instrucción de Cieza (Murcia) en noviembre de 2018, que acordó abrir contra todos ellos la fase intermedia del procedimiento abreviado, lo que determinará que se vean obligados a sentarse en el banquillo.
Los imputados son seis varones y la mujer de uno de ellos, quien, según las investigaciones, habría sustituido a su esposo cuando este no podía atender las ventas de estas sustancias con motivo de su ingreso en el hospital o por otras causas.
El auto del juzgado de instrucción que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia Provincial de Murcia indica que las investigaciones llevadas a cabo habían aportado indicios de que, presuntamente, se dedicaban a la venta de productos o sustancias farmacológicas no autorizadas y destinadas a aumentar los rendimientos físicos de los deportistas o la masa muscular.
Y señala que algunos de los fármacos, relacionados con las hormonas sexuales y la testosterona, solo podían emplearse por prescripción facultativa y para indicaciones legalmente autorizadas, bien distintas del destino que se les daba.
Su consumo, debido a las dosis ingeridas y por su propia composición, ponía en peligro la vida o la salud de los deportistas, para añadir el juzgado que las sustancias habrían dado un resultado positivo en cualquier control antidopaje.
En cuanto al origen de estos fármacos, la resolución judicial afirma que los mismos procedían de un establecimiento de venta de proteínas ubicado en la población alicantina de Benidorm.
Al desestimar el recurso presentado por tres de los investigados, entre ellos, el matrimonio, el tribunal señala que las pruebas recogidas a través de los registros llevados a cabo durante la instrucción y las intervenciones telefónicas aportan indicios suficientes para que el asunto llegue a juicio, en el que se podrán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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