El caso del Córdoba confirma la utilidad del control económico de LaLiga

Seguramente el Córdoba CF está viviendo uno de los momentos más infaustos de su historia. Recién descendido a Segunda División B, actualmente ocupa la séptima posición del grupo cuarto de la categoría de bronce del fútbol español. A la delicada situación deportiva hay que sumarle la angustiosa coyuntura económica que vive el club. Actualmente el Córdoba adeuda varias mensualidades a la plantilla y empleados del club. Débito que, de seguir acumulándose, podría derivar en una desbandada de la plantilla prevista en la normativa deportiva.

Esta temporada en el desierto del fútbol semiprofesional es el culmen de una mala gestión económica sufrida reiterativamente por el club en los últimos años. Sin embargo, hasta esta temporada los aficionados tenían algo a lo que agarrarse: LaLiga vigilaba de cerca los ingresos del club para evitar que se derrocharan y comprometieran unas cantidades que no se tenían. Esa es básicamente la función del control económico que instauró Javier Tebas en el año 2013. No gastar más de lo que se garantiza que se generará durante la temporada. Una fórmula que ha llevado al fútbol español a sanearse y reinsertarse en el buen gobierno.

Pero ni con un control económico el Córdoba ha sido capaz de disimular su desafinada gestión. Durante las últimas tres temporadas, el presupuesto del Córdoba en Segunda División ha sido muy inferior al de otros equipos de su mismo perfil por sus dificultades económicas. La entidad andaluza ha estado condicionada por sus escasos recursos económicos y marcada por las innumerables advertencias de LaLiga. No eran unas advertencias en balde, para cubrirse en salud o cuidar su imagen, sino para evitar otro caso como el Reus o como el que está viviendo el Córdoba en Segunda B, ahora que no tiene nadie que lo vigile.

Las dificultades económicas del conjunto califa parecían encontrar una solución en enero de 2018, cuando Jesús León, por medio de su empresa Aglomerados Córdoba compró el 98,7% de los títulos a Azaveca, empresa de Carlos González, hasta el momento máxima accionista, por 9,5 millones de euros. No obstante, se aplazó una parte del pago de dicha cantidad y el asunto ha llegado a los tribunales. Un mal síntoma por parte de la nueva propiedad, que no ofrecía buenos presagios al socio.

A los dos meses de la llegada de la nueva propiedad se conoció que varios clubes de Segunda habían denunciado al Córdoba ante LaLiga por, supuestamente, incumplir el límite salarial. Y es que nada más aterrizar en El Arcángel, la nueva propiedad renovó por una importante cantidad económica al buque insignia del equipo, Sergi Guardiola, a quien se había pedido por activa y por pasiva que se traspasara para cuadrar las cuentas de la temporada 2017/2018. También contrató a José Ramón Sandoval y a José Antonio Reyes, dos nombres mediáticos para un proyecto que requería austeridad. El Córdoba jugó sus cartas al límite y logró llegar a la orilla al final de la temporada.

Pero las cosas se agravarían la temporada siguiente. Las deudas con la Agencia Tributaria así como con los distintos acreedores llevaron al Córdoba la temporada pasada (2018/2019) a tener el tercer límite salarial más bajo de toda la Segunda División. Solamente disponía de 3,9 millones para fichar, mientras que el RCD Mallorca, un recién ascendido de Segunda B, tenía 6,9.

El Comité de Control Económico de LaLiga vigiló de cerca los movimientos del conjunto andaluz hasta que el pasado mes de abril, según informó el diario ABC, expedientó al Córdoba por "obstaculizar una auditoría". Una infracción recogida en los Estatutos de LaLiga y cuya sanción ronda entre los 10.000 y los 300.500 euros. 

La situación límite llegó el pasado 10 de mayo, cuando las plantillas del Córdoba, Córdoba B y Córdoba Femenino, a través de un comunicado de AFE, denunciaron que el club les adeudaba tres mensualidades impagadas. Unas cantidades que jugaban en contra de Jesús León, pues, ya descendido el equipo a Segunda B, necesitaba solventar estas deudas antes del 1 de julio para poder participar en la categoría de bronce. Con más suspense y permisión de la habitual, el Córdoba logró ser inscrito en el tiempo extra en Segunda B, categoría en la que hasta ahora ha podido disimular sus problemas económicos al no tener ningún órgano de control encima.

Pero la situación no ha hecho sino agravarse. En Segunda División el Córdoba tenía un órgano incómodo como es el Comité de Control Económico que le vigilaba de cerca las operaciones, pero que garantizó la viabilidad del proyecto hasta final de temporada. Este año la situación es diferente. La denuncia de impagos no ha llegado ni a mayo, se ha producido este mes de noviembre, cuando apenas llevamos tres meses de competición, lo cual es mucho más grave y compromete la viabilidad del Córdoba. Es el precio que paga la entidad blanquiverde por no tener ningún tipo de control económico en Segunda B.

El aficionado cordobesista pensaba que lo peor que le podía suceder al descender de Segunda a Segunda B era desaparecer del mapa del fútbol profesional español. Pero no lo es. Lo peor es que los mismos gestores que han descapitalizado al Córdoba en los últimos años en Segunda División y lo han endeudado siguen gestionando el club en la categoría de bronce. Y ahí no les vigila nadie. Ahí es cuando se dan cuenta del gran valor que tiene LaLiga de Javier Tebas.