El PDeCat colocó a Maite Fandos para comprar su silencio, según el juez

El juez cree que la exconsellera Neus Munté, de acuerdo con la exportavoz del Govern Elsa Artadi y el presidente de PDeCat, David Bonvehí, "influyó" en cargos de la Diputación para que ficharan a la exconcejal Maite Fandos por temor a que se "descontrolase" y contara cosas que les perjudicaran.

Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el auto en el que ordena la detención de la exconcejal del PDeCat en Barcelona Mayte Fandos y, desde septiembre de 2019, asesora técnica del área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputación de Barcelona.

Fandos ha sido detenida este martes, junto al secretario general del Deporte y exsecretario de CiU en el Parlament, Gerard Figueras, y otras dos personas, en el marco de una operación contra una presunta trama fraudulenta en la concesión de subvenciones a fundaciones afines a la extinta CDC.

De las conversaciones telefónicas intervenidas en el caso, el juez deduce que Fandos, tras abandonar el Ayuntamiento, "necesitaba urgentemente" un trabajo que le reportara un mínimo de 70.000 euros anuales, aunque hubo "dificultades" para colocarla.

Según el juez, la investigación ha puesto de relieve que la exconsellera de Presidencia y concejal de JxCat por Barcelona Neus Munté "habría influido" en cargos de la Diputación de Barcelona para que nombraran asesora a Maite Fandos, un papel que fue "consensuado" con Bonvehí y con Elsa Artadi.

"Tal fue la influencia de Neus Munté que llegó a decirle a Gerard Figueras que se había quedado sola defendiendo a Fandos", añade el magistrado en su auto, en el que se remite a conversaciones telefónicas intervenidas.

Para el magistrado, también Gerard Figueras ejerció su influencia sobre otros cargos públicos, entre ellos Masó, para conseguir el nombramiento de Fandos como asesora técnica en la Diputación de Barcelona.

En opinión del juez, "buena prueba de la imperiosa necesidad" de colocar a Fandos es el comentario del presidente del Consejo de Administración de Ferrocarriles de la Generalitat, Ricard Font, en relación a "lo importante que era tener controlada a Fandos, para que no se desbocase y no explicase lo que no toca".

"Es decir, al parecer la necesidad de encontrar un puesto en las instituciones públicas a Fandos no era solo por un interés laboral de ésta, sino que en caso de que no se materializase, podría descontrolarse y explicar cosas que podrían afectar negativamente a las personas que ostentan cargos públicos, como Neus Munté, Elsa Artadi, Meritxell Masó (secretaria general del Departamento de Presidencia) y David Bonvehí u otros desconocidos en ese momento, pero pertenecientes al ámbito político", sostiene el juez.

De las conversaciones intervenidas en la causa, el magistrado ve indicios de las "enormes dificultades" que estaban teniendo los investigados para colocar a exconcejales, hasta el punto de "proponer fórmulas", como en el caso de Maite Fandos, para que cobrara su sueldo a través de una fundación, "se entiende que subvencionada con dinero público", añade el juez.

El magistrado considera que, desde su cargo de asesora, Fandos "podría gestionar recursos públicos, por lo que es lógico pensar que en su nuevo puesto de trabajo pudiera guardar listas de contactos personales y profesionales relacionados con las subvenciones ilícitas".

Según el juez, las funciones que desempeñaba Fandos "estarán lejos de las inherentes de su cargo en la Diputación", pues estarían vinculadas a la candidatura olímpica de los Juegos Pirineos-Barcelona 2030, que los investigados querían financiar con aportaciones públicas vehiculadas a través de una fundación.