La plantilla del Córdoba podría quedar liberada el próximo mes por los impagos

El Córdoba CF está viviendo un comienzo de temporada en Segunda División B realmente tumultuoso en todos los aspectos. En el plano deportivo, el equipo ha ido perdiendo fuelle tras un buen inicio del curso. Tanto es así, que de los últimos ocho partidos solamente ha ganado dos, lo que le ha llevado a salir de las posiciones de play-off del grupo cuarto. Además, ha sufrido el primer cambio de entrenador.

Pero las dificultades en el terreno de juego son contratiempos meramente baladís si las comparamos con el plano institucional. Este jueves la Guardia Civil detuvo al presidente y máximo accionista del club, Jesús León. El andaluz está acusado de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción y blanqueo de capitales. La detención del ingeniero montoreño tiene su origen en una denuncia que interpuso un exdirectivo del club por supuestas operaciones fraudulentas. Es el último capítulo de prácticamente dos años de inestabilidad gubernativa, desde que en diciembre de 2017 León comprara a Carlos González el 98,8% de las acciones del club.

El mandato de Jesús León se ha caracterizado hasta el momento por las dificultades del club por adquirir liquidez, lo que le ha pasado factura en las dos últimas temporadas en el límite salarial de LaLiga. Ahora, en Segunda B el club no está sometido a ninguna restricción presupuestaria por lo que la situación se ha agravado. El descenso a la categoría de bronce supuso el adiós de los jugadores más importantes del Córdoba.

Uno de ellos, Javi Lara, que recordó nada más producirse la detención, cual era el pensar de parte del vestuario la temporada pasada: "A los que en su día hablamos, nos tacharon de locos o simplemente poníamos excusas. Una pena que otros que estaban viendo suceder las cosas callaban y callaban, para mí también son cómplices y demostraron poco valor y 0 personalidad. A mí por suerte me educaron de otra manera", escribió en redes sociales el ahora jugador de la UD Ibiza.

Este miércoles el capitán del Córdoba, Javi Flores, apareció en sala de prensa para denunciar que el club debe dos nóminas a la plantilla, las de septiembre y octubre. Pero no solo las debe al primer equipo, también al filial y al Córdoba Femenino. El jugador, acompañado del resto de la plantilla, pidió "a quien corresponda" que "ponga orden en el Córdoba" y que logre "una pronta solución". Lo grave de la situación no es quela entidad blanquiverde carezca de liquidez para abonar las fichas de los jugadores, que lo es, sino que esta insolvencia aparece cuando apenas no se ha pasado el primer trimestre de la temporada.

Noviembre, mes clave

El conjunto cordobés está en un mes clave, el de noviembre. Si al concluir este mes el club no logra abonar esta mensualidad a los jugadores la plantilla podría presentar una denuncia ante la Comisión Mixta AFE-Segunda B para rescindir unilateralmente y sin penalización sus contratos.

Así lo recoge el procedimiento abreviado de Segunda B que se aprobó y entró en vigor hace tres años. El reglamento de dicho procedimiento contempla que "un futbolista podrá solicitar la tramitación del Procedimiento Abreviado cuando su Club/SAD le adeude: a) cantidades como consecuencia del impago de sus retribuciones por un importe igual o superior a tres mensualidades, independientemente de que sean consecutivas o no, parciales o totales".

Caso similar al Reus

La temporada pasada uno de los rivales del Córdoba en Segunda División conoció de primera mano lo que era la liberación de sus jugadores debido a tres mensualidades impagadas. Fue el Reus Deportiu, que, debido a sus reiterados impagos, fue expulsado de LaLiga los próximos tres años.

No obstante, el Reus no se acogió al Procedimiento Abreviado de Segunda B, sino al de LaLiga, puesto que estaba en Segunda División, cuyos efectos son los mismos. El Procedimiento Abreviado acordado por la patronal y la AFE aparece recogido en el convenio colectivo para el fútbol profesional y determina que a las tres mensualidades impagadas los jugadores podrán instar a la resolución unilateral de su contrato.

El 28 de diciembre del año pasado siete jugadores del Reus se acogieron al proceso abreviado y abandonaron la disciplina catalana. Días después, el Juez de Disciplina Social de LaLiga suspendió al conjunto reusense hasta la resolución definitiva de todos los derechos que poseía como club afiliado a LaLiga. 

Finalmente, el 28 de enero el Juez de Disciplina de LaLiga expulsó al Reus de la competición profesional para los próximos tres años. La decisión fue recurrida por la nueva propiedad ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), quien dio la razón al órgano de primera instancia.