Piden anular la reelección del presidente de la AFA hasta el 2025

En la nota dirigida al Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, los dirigentes de Nueva Chicago (club que milita en la segunda categoría de Argentina) plantearon ciertas irregularidades en la convocatoria a la asamblea que se llevó a cabo de modo virtual en plena cuarentena obligatoria. 

Entre otras cuestiones, se objeta que no se convocó a la Comisión Electoral, que es el órgano responsable de la organización y supervisión de los procesos electorales: “El Acta de Asamblea no contiene ninguna mención a la Comisión Electoral y no hay constancia ni referencia en relación al cumplimiento del Código Electoral de la AFA”, se expresa en un párrafo del texto.

Según los denunciantes, “no surge del acta de la Asamblea ninguna descripción de la modalidad bajo la cual se adoptó la decisión de pasar a votación por aclamación ni la cantidad de votos con la cual se configuró la mayoría absoluta”. También se cuestiona que no se realizó la verificación de “unanimidad” que debe hacerse cuando las elecciones adoptan el mecanismo de la proclamación, sin indicarse en forma precisa la cantidad de votos positivos, habiéndose utilizado el método "por aclamación" para la designación de las nuevas autoridades. 

Entre los puntos salientes de la impugnación efectuada se encuentra el relacionado con la duración del segundo mandato del presidente Claudio F. Tapia, que se extenderá según lo aprobado por la Asamblea desde octubre de 2021 hasta octubre de 2025.

Según los denunciantes, lo actuado en ese acto viola el Estatuto de AFA que establece “que los mandatos son de cuatro años y que comienzan una vez finalizada la asamblea en la que hubieran resultado electos".

Tras exponerse las irregularidades detectadas, los firmantes de la presentación le piden a la Inspección General de Justicia que se convoque a una nueva asamblea para la elección de autoridades de AFA.

Daniel Ferreiro, exvicepresidente de Nueva Chicago, fue uno de los hacedores de la campaña y mano derecha de Tapia en la etapa previa a ser ungido como presidente tras contar con el apoyo de un nutrido grupo de dirigentes de categorías menores conocido como "Ascenso Unido". No obstante, al poco tiempo de asumir Tapia, Ferreiro se apartó de la conducción por diferencias de criterio nunca explicadas que al parecer no pudieron zanjarse. 

Mediante lo actuado en la Asamblea General del 19 de mayo de 2020, Tapia logró anticiparse 12 meses para ser reelecto al mando del Comité Ejecutivo de la AFA, renovando su mandato en forma virtual -no presencial- a consecuencia de las restricciones para reunirse tras el aislamiento decretado por el gobierno argentino.

Según los denunciantes, no se cumplieron los requisitos de validación para el acto celebrado a distancia por medios electrónicos, y además, se señala que algunos asambleístas habían concurrido ese día al predio Julio H. Grondona de la localidad de Ezeiza, donde se les había notificado que se llevaría a cabo el acto asambleario.

Tampoco se informó a la autoridad de contralor sobre el cambio de sede para la asamblea, precisando los denunciantes que el domicilio legal de la casa mayor del fútbol argentino se halla constituido en la Capital Federal. 

Tapia fue reelecto para el periodo 2021-2025, a pesar que todavía estaba vigente su primer mandato, junto a un nuevo Comité Ejecutivo que cuenta entre sus vicepresidentes a Rodolfo D’Onofrio (River) y a Jorge Ameal (Boca), tal como se aprobó en mentada asamblea. 

Tapia debía asumir su segundo mandato en octubre de este año, pero ahora esta presentación pone en suspenso la validez del acto eleccionario.

Si bien no hay plazos determinados, la IGJ deberá decidir si avanza o desestima la denuncia. Primero se abre una instancia ante el departamento de asociaciones civiles para que se notifique a las partes y aporten la documentación respaldatoria que consideren pertinente al caso. 

Según la fuente, dicho departamento podría emitir un dictamen o  bien enviar la denuncia en elevación al director general, para que sea la instancia superior la que emita una resolución respecto de los cuestionamientos planteados.