El juicio, dirigido por el magistrado Manuel Aleis y que arrancó el 3 de septiembre, es el primero que trata un posible delito de corrupción deportiva en el fútbol español
El juicio que investiga el presunto amaño del último partido de LaLiga de la temporada 2010-11 entre el Levante y el Real Zaragoza disputado en el Ciudad de Valencia ha quedado visto para sentencia este viernes.
Los acusados y exfutbolistas del Levante Rubén Suárez, Javi Venta y Manolo Reinahan acudido este viernes por la mañana a la Ciudad de la Justicia de Valencia para ejercer su derecho a la última palabra, trámite con el que se da por concluido después de mes y medio este procedimiento penal.
El juicio, dirigido por el magistrado Manuel Aleis y que arrancó el 3 de septiembre, es el primero que trata un posible delito de corrupción deportiva en el fútbol español entre dos equipos y ha tenido, sobre todo en sus primeras sesiones, una gran repercusión mediática y seguimiento diario de numerosos medios de comunicación.
Los 42 acusados del caso han sido los 36 futbolistas del Levante y Real Zaragoza convocados para el partido, el exentrenador del Real Zaragoza Javier Aguirre, los empleados del Real Zaragoza en 2011 Paco Checa y Javier Porquera, el exdirector deportivo Antonio Prieto, el expresidente y dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y el propio Real Zaragoza como entidad. La actuación que se está juzgando tuvo lugar durante la anterior etapa deportiva, en la que el club estaba dirigido por Agapito Iglesias.
La Fiscalía y las acusaciones particulares de LaLiga y el Deportivo de la Coruña han mantenido durante la causa que el Real Zaragoza utilizó 1,7 millones de euros para sobornar a los futbolistas del Levante, que en ese último partido de la temporada no se jugaba nada y en el que el club aragonés consiguió un triunfo que le permitió seguir en Primera División.
El Ministerio Fiscal sospecha que el Real Zaragoza retiró de sus cuentas 765.000 euros en efectivo, que justificó con un documento firmado por el capitán Gabi Fernández como si se tratara de primas por la permanencia, y 965.000 euros en distintas transferencias a sus jugadores y cuerpo técnico y que posteriormente realizó unas falsas nóminas para camuflar esos movimientos.
La acusación pública solicitó en su informe de conclusiones definitivas una pena de dos años de prisión para todos los acusados, así como una condena de seis años de inhabilitación en la práctica deportiva y una multa de 3,4 millones de euros para cada uno, mientras que a los tres dirigentes del club aragonés también se les imputa un delito de falsedad en documento mercantil.
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