El fútbol femenino o semiprofesional, pendiente de la resolución de los horarios de LaLiga

Este miércoles 7 de agosto se celebrará la vista judicial por el conflicto de los horarios en lunes y viernes que ha aflorado en las últimas semanas entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga.

La patronal considera que a ella le corresponde la potestad de fijar los horarios de los partidos del fútbol profesional, mientras que la RFEF entiende que en el último Convenio de Coordinación no se especifica esa obligación de jugar en tales días. No obstante, será el Juez de lo Mercantil quien determinará si el proceder de la Federación constituye una vulneración de las reglas de la libre competencia.

Lo que para la RFEF es simplemente una negativa de continuo orgullo de no querer jugar ni en lunes ni en viernes, para los 42 clubes del fútbol profesional, representados por LaLiga, supone una amenaza de más de 2.000 millones de euros, que es el valor de los contratos firmados con los distintos operadores nacionales e internacionales, según confirmaron desde la calle Torrelaguna.

Los ingresos de los clubes de LaLiga se han incrementado en el último trienio gracias al reparto centralizado de los ingresos procedentes de los derechos audiovisuales. Un nuevo proceder que se cristalizó el 30 de abril de 2015 con el Real Decreto-ley 5/2015. Esta normativa, a la que nunca se opuso la RFEF, permite a los operadores fijar los días y las horas de partido, de ahí que LaLiga considere que ahora el organismo que preside Luis Rubiales se está excediendo de sus competencias utilizando el Comité de Competición para prohibir los partidos en lunes y viernes.

Pero batallas de fogueo aparte, este miércoles está en juego que los clubes puedan seguir saneándose percibiendo las mismas cantidades económicas que han recibido en los últimos años. De ahí que el pasado 31 de julio todos los clubes de LaLiga, a excepción del Real Madrid, mostraran su preocupación por lo que consideran una invasión de la RFEF en las competencias de LaLiga.

Pero no solo los principales agentes del fútbol están preocupados por esta situación. También lo están (y tienen motivos para estarlo) los clubes que forman la Primera División femenina así como la Segunda División B, la Tercera o incluso el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Recordemos que los clubes de LaLiga que perciben los ingresos procedentes de los derechos de televisión tienen unas obligaciones "con objeto de mejorar la promoción y funcionamiento de la competición y contribuir al fomento del deporte en general", tal y como reza el artículo 6 del Real Decreto-ley.

Cada club está obligado a entregar un 0,5% de la cantidad que recibe de los derechos audiovisuales (unos 200.000 euros, como mínimo) al CSD para que lo destine al "pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador" del fútbol femenino.

De estas cantidades, también se destina una parte a "ayudas a las entidades que participen en la Segunda División B del Campeonato Nacional de Liga para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a los deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador".

El Real Decreto-ley también contempla "ayudas a las asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos, en función del número de licencias que ostente cada una en las categorías nacionales".

12 millones de euros en juego

Hace menos de un mes, el pasado 4 de julio, el CSD abrió el plazo para que las futbolistas y personal técnico de la Primera División femenina, así como los clubes de Segunda División B solicitaran las ayudas para la protección social y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las ayudas procedentes de los ingresos de LaLiga suman un total de 12.928.711,55 euros. De esta cantidad, el CSD destina a la protección social del fútbol femenino y semiprofesional la gran mayoría, 12.282.275,97 euros, mientras que para el fomento del asociacionismo y deporte aficionado se asigna una cantidad de 646.435,58 euros.

De esas cantidades también pueden beneficiarse sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos de cara a la promoción de proyectos de inserción laboral y gastos de estructura. La Federación es la encargada de canalizar todas las peticiones de ayuda.

También los deportistas de alto nivel

Pero de los ingresos procedentes de los derechos de televisión no solamente se beneficia el mundo del fútbol. Como contempla el Real Decreto-ley, cada club está obligado a entregar el 1% de lo que recibe al CSD para que financie "los costes de los sistemas públicos de protección social que correspondan a los trabajadores que tengan la condición de deportista de alto nivel y para quienes el deporte constituya su actividad principal y, en su caso, los convenios especiales que permitan su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos".

Estas ayudas son fundamentales esta temporada, puesto que hay que recordar que el Gobierno de España todavía no tiene Presupuestos aprobados para este 2019 y el próximo verano se van a disputar los Juegos Olímpicos en Tokio. Por ello, en este año preliminar, los deportistas de disciplinas minoritarias necesitan un respaldo económico, que LaLiga, a través de LaLigaSports, lleva varios años ofreciendo.

Todos estos agentes que acabamos de mencionar dependen de los partidos de LaLiga en lunes y viernes. No se trata solamente de un afán de enriquecimiento de los clubes. Si el Juez de lo Mercantil desestimara las pretensiones de la patronal y obligara a suprimir los partidos entre semana el valor de dichos derechos audiovisuales descendería considerablemente y todas estas ayudas se verían muy reducidas. Lo que conllevaría la pérdida de competitividad de la Segunda B y Tercera, pero también un freno en el crecimiento del fútbol femenino o en las ayudas a los deportistas de alto nivel.