A la RFEF se le abre un nuevo frente con Proliga, el fútbol sala y el femenino

ProLiga, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) pidieron este martes una reunión urgente con el Consejo Superior de Deportes (CSD) ante los "flagrantes perjuicios" causados por la modificación estatutaria de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Estos organismos se refieren a los cambios aprobados ayer por la Asamblea General Ordinaria de la RFEF de varios de sus preceptos estatutarios relacionados con "la explotación de derechos comerciales generados por el fútbol y también al querer imponer miembros de la Asamblea de manera objetiva y arbitraria, ignorando en esta intención a las Asociaciones firmantes de esta petición".

ProLiga, la ACFF y La LNFS remitieron hoy un escrito a la presidenta del CSD, María José Rienda, ya que "consideran que los textos aprobados suponen una vulneración de la legalidad vigente", a la vez que "rechazan de pleno el modo de proceder de la RFEF, siendo absolutamente ajeno a estas tres asociaciones".

En su opinión, la RFEF "ignora a la LNFS, que está adscrita a la RFEF, también a ProLiga, con más de 250 clubes y SAD afiliados participando en competiciones de la primera, y a la ACFF, que engloba a más de la mitad de los clubes femeninos de Primera, Primera B y Segunda de la RFEF".

"La Asamblea General de la RFEF aprobó modificaciones que afectan a derechos consolidados de estas tres Asociaciones, arrogándose la titularidad de determinados derechos ajenos a su patrimonio, pertenecientes a los firmantes, pretendiendo proceder a su explotación comercial, así como competencias que le son ajenas en el ámbito laboral, concursal y mercantil", señalaron en su escrito.

En el mismo insistieron en que "el incremento de los miembros natos de la Asamblea General RFEF de manera totalmente subjetiva y arbitraria, copando el número máximo de nuevos miembros natos permitidos, impide el acceso a colectivos verdaderamente interesados como es el caso de los aquí firmantes".

Para los firmantes, "las competencias que se atribuye la RFEF a través de sus Estatutos, son manifiestamente contrarias a derecho (artículo 2.4 Real Decreto Ley 5/2015 de 30 de abril), menoscaban los derechos de las Asociaciones firmantes y perjudican al patrimonio de todos los clubes que participan en las competiciones, así como limitan en gran medida la capacidad de decisión empresarial, la libertad de mercado y el derecho a la negociación colectiva".

También chocan con el artículo 33.1 de la Constitución, "que reconoce el derecho a la propiedad privada, el establecimiento de sistemas de abono de salarios a los futbolistas y de las deudas negando o limitando el derecho a la negociación colectiva, o imponiendo la jurisdicción del TAS a todos los miembros que forman parte de la Federación sin contemplar la necesidad de su sometimiento a la voluntad de las partes o la exclusión de materias de orden público en España siendo éstas indisponibles".

Las tres Asociaciones confían en que el CSD colabore en la petición realizada, y advierten que están dispuestas a valorar otras medidas "que generen situaciones no deseables para el desarrollo del deporte español en defensa de los intereses" de sus "representados".