Más de 1.000 causas penales abiertas por piratería audiovisual en el fútbol

Las Secciones 2ª y 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid han dictado recientemente sendos autos que resuelven, sin género de duda, que la conducta desarrollada por los titulares de los establecimientos públicos piratas denunciados por LaLiga, consistente en emitir ilegalmente sus partidos, resulta constitutiva de un delito frente a la propiedad intelectual del art. 270 del Código Penal, y no solamente del delito previsto en el art. 286.4 del Código Penal, que tipifica el uso de equipos y programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación.

Especialmente destacable es la interpretación efectuada por la Sección 17ª de la Audiencia Provincial, que concluye expresamente que las grabaciones audiovisuales, tales como las retransmisiones de un evento deportivo, son merecedoras de protección autónoma e independiente aunque ni la grabación ni la transmisión tuvieran por objeto una obra intelectual, tesis ésta que siempre ha sido defendida por parte de LaLiga.

Se trata por tanto de un importante paso más en la batalla legal que tanto LaLiga como Mediaproducción S.L.U. (licenciatario de los derechos televisivos para el Canal de Locales Públicos) mantienen contra la lacra de la piratería en los establecimientos públicos, y la defensa de aquellos locales que sí cumplen con la legalidad y sufren la competencia desleal de aquellos que no lo hacen.

En paralelo a estas resoluciones, más sentencias condenatorias siguen dictándose por todo el país contra establecimientos que emitían fútbol de forma ilícita, siendo que en la actualidad ya hay más de 1000 establecimientos públicos con procedimientos penales abiertos en su contra.

Recordemos que de forma mayoritaria las sentencias hasta ahora dictadas consideran a los titulares de los establecimientos públicos piratas autores de un delito frente a la propiedad intelectual, condenándolos a unas penas mínimas de 4 meses de prisión, al pago de importantes multas económicas, a indemnizar a LaLiga por los daños y perjuicios ocasionados, y al abono de las costas procesales, resultando las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid antes aludidas un respaldarazo definitivo a la postura judicial de LaLiga.

Estas sentencias son en parte fruto del trabajo de la Red Territorial de Verificadores de Licencias de Contenido de LaLiga, cuyo objetivo es proteger los derechos audiovisuales de su Clubes y defender a aquellos establecimientos que sí cumplen con la legalidad y que se ven afectados por la competencia desleal de aquellos que emiten ilícitamente.

Este equipo, formado por cerca de 100 profesionales, trabaja por toda la geografía española detectando establecimientos públicos que hacen negocio emitiendo contenido de LaLiga de manera fraudulenta. Ya se han realizado en lo que llevamos de la presente temporada futbolística más de 80.000 visitas, detectándose más de 19.000 emisiones fraudulentas, así como además se han identificado cerca de 60 casos de suboperadores e instaladores que se lucraban comercializando y/o facilitando el acceso a los contenidos de LaLiga a locales públicos.

Con la información recabada por este equipo de trabajo, LaLiga procedió a denunciar más de 4.300 establecimientos ante las autoridades policiales, lo que derivó en una macro operación a nivel nacional por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, coordinada por la Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, con un resultado de más de 800 decodificadores ilegales intervenidos y requisados.

Los delitos que se atribuyen presuntamente a los responsables de los establecimientos que pudieran haber resultado intervenidos se encuentran tipificados en los artículos 270.1 y 286.4 del código penal y llevan implícitas penas de hasta 4 años de prisión.