Las cifras del delantero son de escándalo. No solo por las siete dianas que acumula esta temporada con el Espanyol, que también, sino por el precio de su fichaje. Costó 22,5 millones de euros y se convirtió en la incorporación más cara de la historia de la entidad blanquiazul.
El colectivo “De Torino a Mestalla” ha insistido en un comunicado y ante la previsible resolución del Consell de dar por finalizada este viernes la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la construcción del nuevo Mestalla, en la responsabilidad de los dirigentes del Valencia CF por una gestión que ha causado “un daño irreparable” al club.
También ha indicado que la inacción del club puede conducir a la pérdida de la recalificación conseguida en el año 2.015 de casi 56.000 metros cuadrados de suelo residencial y más de 41.000 destinados a centro comercial en el solar del actual Mestalla, y que con la caducidad de la ATE pasarán a ser suelo deportivo.
Por tanto, señala el comunicado, se pueden perder 30.000 metros cuadrados de edificabilidad terciaria hotelera, lo que supone un daño “derivado del recurrente desprecio a la legalidad vigente” por parte del club.
Si se produce la caducidad, en la próxima junta general de accionistas, cuya fecha todavía no ha sido anunciada, se debería tener en cuenta que la auditora va a verse obligada por ley a reflejar como salvedad relevante todo lo anterior, lo que podría llevar al club a una situación económica “difícilmente reversible”.
Estas dificultades, considera el colectivo, solo se paliarían con una ampliación de capital o la venta de activos, es decir, el traspaso de futbolistas.
A su vez, recuerda que Peter Lim, máximo accionista del club, es consciente desde noviembre de 2014 de que respecto al nuevo estadio, cuyas obras se iniciaron en 2007 y están paradas desde 2009, existía la obligación legal de acabarlas antes del 30 de mayo de 2021 y de que su inacción “es fruto de la nula intención” de concluirlas, lo que supone “un desprecio” al club y a la ciudad.
“Al mismo tiempo pone a las autoridades en una difícil situación” y les obliga a actuar de conformidad con el principio de legalidad, tal como ya han manifestado con rotundidad los servicios jurídicos del ayuntamiento de València y de la Generalitat.
Mientras Lim ha movido casi mil millones de euros en compraventa de futbolistas, "en el estadio no ha invertido ni uno", refiere el documento, por todo lo cual la asociación exigirá responsabilidades.
Todo ello a la espera de que se firme un acuerdo entre el fondo de inversión CVC y LaLiga que supondrá una inyección económica para el club.
“Si Meriton pretendiera comprometer de voz o escrito dinero de CVC para dilatar o aplazar la caducidad de la ATE, en aras a ese interés general tan socorrido en las últimas resoluciones, la Generalitat debiera obligar a la entrega de un aval o a una cesión de crédito por el importe total de finalización del nuevo estadio, con detallada constancia de plazos, forma de ejecución, consecuencias del incumplimiento”, añade el texto.
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