Nueva pista de la Guardia Civil sobre el asesinato de la holandesa Ingrid Visser

La Guardia Civil ha realizado este martes un registro en la vivienda de Evedasto Lifante, en Barinas, Fortuna (Murcia), relacionada con la investigación por un presunto caso de corrupción en la prisión de Sangonera, en la que se descubrieron presuntas negociaciones para eludir el pago a Hacienda de los impuestos a los que fue condenado por la explotación de una cantera de su propiedad.

La cantera de mármol ubicada en Abanilla cuyo dueño, Evedasto Lifante, la valora en 800 millones de euros, se sospechó en su día que podía haber estado en el trasfondo del asesinato en 2013 de la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y de su pareja.

Esas supuestas actuaciones fueron descubiertas a raíz de las intervenciones telefónicas de varios de los implicados en el caso de corrupción por el que desde hace mas de un mes está ingresado en una cárcel de Madrid el jefe de servicio de la prisión murciana, J.M.S dentro de la operación policial "Brubaker".

Esas escuchas telefónicas permitieron conocer a los investigadores que Lifante, junto con otros de los investigados, podía estar relacionado con una presunta operación que tendría como objetivo cambiar los lindes de la cantera para evitar así que la misma fuese embargada por Hacienda para cobrar el impuesto de sociedades derivado de la explotación durante varios ejercicios.

En esas escuchas salió además a relucir el trato de favor que Evedasto recibía en la cárcel de Sangonera, donde cumplía condena por dos delitos contra la Hacienda Pública al no ingresar el Impuesto de Sociedades de 2005 y 2006 por la explotación de la cantera, lo que ascendía a casi dos millones de euros.

Dentro de las diligencias que se llevan a cabo que se tramitan por un juzgado de instrucción de Murcia, en las últimas horas se ha procedido a la detención de una mujer hermana de uno de los investigados.

En el sumario de la 'Operación Brubaker' se investigan presuntos delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal.

Las diligencias de este caso, a las que ha tenido acceso Efe, indican que los principales investigados en el mismo habrían hablado entre ellos sobre la conveniencia de conseguir la colaboración de un funcionario de la Agencia Tributaria, que figura entre los encausados, para conseguir su propósito de evitar que Lifante perdiera la cantera.